Sin Fiscal Anticorrupción.

Georgina Morett.

Cuando el PAN demandó en 2014 la creación de una Fiscalía Anticorrupción, nadie creía que se la iban a dar, y en definitiva, a pesar de todo, no se la han dado.

A punto de terminar el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, resulta más que obvio que muchas leyes que se consideraban trascendentes se quedaron en la congeladora, y en esta situación está la elección del Fiscal Anticorrupción.

En definitiva el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se les enredó y ha quedado paralizado, de hecho, como quedó el reglamento, sea quien fuere el Fiscal Anticorrupción estaría con las manos totalmente atadas, ya que ni siquiera puede elegir a su jefe de prensa, mucho menos a los titulares de las unidades administrativas a su cargo.

Los legisladores están conscientes de los problemas que tiene el SNA y la posibilidad de que lleguen a acuerdos se ve todavía muy lejana; sin embargo, tampoco puede se pueden dormir en sus laureles, ya que, por ley, el 18 de julio debe estar instalado el sistema.

Es cierto que estos plazos normalmente dejan de ser fatales para el Congreso cada vez que lo deciden, pero la legislación anticorrupción es muy importante para lavarse la cara ante la ciudadanía, por lo que tendrán que aprobarlo a la brevedad, digamos, si quieren cumplir el plazo, la primera semana de julio, para lo cual deberán citar a periodo extraordinario.

Para lograr los cambios que requiere el reglamento y dar viabilidad a la Fiscalía Anticorrupción tendrán que reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General y llegar a acuerdos tan básicos como el periodo en que tendrán que estar en funciones el Fiscal General, el de Delitos Electorales y el Anticorrupción.

Hay otro punto que no permite avance y es si el actual Procurador puede concursar como aspirante a la Fiscalía General, lo cual es considerado por los panistas como un pase automático encubierto.

PIENSEN EN LOS CIUDADANOS.

Si algún día los legisladores se preocuparan por lo que ocurre a la gente común y corriente, quizá llegarían a saber que los consumidores están totalmente desprotegidos, aunque sea su dinero la base de jugosos negocios, como las afores, o hayan pagado cuantiosas cantidades por vehículos automotores que, tras dos años de uso, no pasan la verificación, como los Fiat.

Si bien es cierto que no basta con hacer leyes para que la realidad cambie, también lo es que las leyes contribuyen a disuadir las malas conductas de los proveedores, hasta que la mala actuación de las instituciones deja de causar temor, como la Procuraduría Federal del Consumidor, que sólo ha servido como trampolín político en este sexenio marcado por la corrupción.

Los ciudadanos cada vez están más desprotegidos y son peor atendidos. Por ejemplo, si usted quiere sacar sus escrituras por jornada notarial, tiene que ir como relleno al evento público con un político de renombre en el ámbito capitalino, porque de lo contrario pasarán largos meses antes de que reciba su documento. Claro, tendrá que ir varias veces a las oficinas de Izazaga para hacer fila y sacar cita.

Es el caso que nadie defiende a los consumidores. Volviendo al ejemplo de Fiat, la empresa puede aceptar que el vehículo salió con un defecto de fábrica, pero si uno quiere la compostura tiene que pagarla, a menos que esté dispuesto a quedarse sin auto y esperar hasta que la empresa llame para repararlo, lo cual, dicen, puede tardar hasta tres meses y en un diagnóstico, por alguna falla tarda dos días y medio y después el tiempo de reparación, o sea el consumidor no importa.