Alberto Silva Ramos, ex vocero de
Javier Duarte y uno de sus brazos en la red de funcionarios que autorizaron la
entrega de contratos a la red de empresas fantasma de Veracruz, desvió —nada
más en diciembre de 2014— 245 millones de pesos del estado para la supuesta
difusión de la actividad gubernamental.
Ese año, Silva y Antonio Tarek Abdalá Saad,
actualmente diputados federales, facilitaron el mecanismo para defraudar la
hacienda pública de Veracruz, pues se le pagó a empresas fachada y la difusión
nunca ocurrió.
Además, para desviar los recursos del erario Silva
Ramos utilizó el presupuesto de 11 dependencias de la administración estatal
que facturaron en ese mes, y en algunos casos con apenas unas horas de
diferencia, 245 millones de pesos por la “difusión de las actividades del
gobierno del estado”.
Lo anterior
supondría una violación a la normatividad correspondiente. De acuerdo con los
artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz, la única dependencia facultada para realizar la difusión informativa
del gobierno es la Coordinación General de Comunicación Social, que ese año
dirigió Silva.
Tarek Abdalá, entonces tesorero del
gobierno de Javier Duarte, aprobó los pagos entre el 15 y 31 de diciembre.
Unos días después, al iniciar el
2015, ambos exfuncionarios renunciaron a sus cargos para competir en la
elección de diputados federales por el PRI. Actualmente integran la bancada
veracruzana en la Cámara baja.
En las
últimas horas, la también ex vocera de
Javier Duarte, Gina Domínguez, acusó en su columna “Razones de Estado” que
Alberto Silva es uno los políticos cercanos al exgobernador “que lucha
salvajemente para evadir sus responsabilidades políticas y las penurias legales
que le persiguen”.
Silva,
complicidades en desvíos.
Alberto
Silva tuvo un apresurado ascenso en la función pública. En la segunda mitad del
gobierno de Fidel Herrera (2004-2010) ocupó los cargos de Subsecretario de
Infraestructura Regional y Director General del Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal.
Del 2010 al
2013 fue electo presidente municipal de Tuxpan pero sin terminar ese período
fue designado secretario de Desarrollo Social por su amigo el exgobernador
Javier Duarte.
Desde el 20
de febrero de 2014 se desempeñó como coordinador general de Comunicación Social
y vocero de Duarte hasta el 5 de enero de 2015.
Ese año, el gobierno de Veracruz contrató 2,795
millones de pesos en publicidad oficial, de los cuales al menos 245 millones
fueron facturados por dependencias distintas a la Coordinación General de
Comunicación Social para empresas fantasma.
En total 8 empresas declaradas como
inexistentes por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se beneficiaron
ese diciembre: Carrirey, Ravsan, Anzara, Mogarver, Mercacarrey, Marvercarr,
Publicidad Akkira y Gman Business.
De acuerdo con la revisión a las
facturas —cuyas copias tiene mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad—, 68
millones de pesos fueron para Mercacarrey y 37 millones a Marvercarr y
Publicidad Akkira para cada una.
También 35 millones para Mogarver, 33
millones a Anzara, 19 millones a Carrirey y 8 millones a Ravsan y Gman Business
para cada una.
Los pagos fueron realizados con
diferencia de horas por transferencias autorizadas desde la oficina de Tarek
Abdalá, actual
diputado federal a quien la sección instructora de la Cámara decidió congelar
la solicitud de desafuero pese a las acusaciones de complicidad en el desvío de
recursos de Javier Duarte. Los diputados del PRI no presentaron siquiera en la
sesión del jueves pasado el dictamen de desafuero para que se votara.
Dos de las 8 empresas utilizadas en
éstos desvíos ya habían sido beneficiadas por Silva un año antes al entregarles
contratos de la Sedesol, dependencia de la que era titular, de acuerdo con la investigación que
Animal Político publicó en mayo de 2016, misma que contó con el apoyo
financiero de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Se trata de Mercacarrey y Mogarver
que recibieron 243 millones de pesos en 2013 pero que nunca entregaron
materiales para construcción de pisos y techos de vivienda en zonas marginadas
para lo que fueron contratadas.
SAT
documentó desvío.
Los desvíos de 2014 fueron
documentados por el Servicio de Administración Tributaria en noviembre de 2016.
Un documento
de la oficina de Administración Central de Fiscalización Estratégica —en poder
de mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad— revela que visitadores de esa
dependencia verificaron todas aquellas operaciones de ese año entre la
Coordinación General de Comunicación Social y las empresas.
En junio de 2015 Silva ganó la
diputación federal por el PRI; en abril de 2016 solicitó licencia al Congreso
para regresar a la vocería con Javier Duarte, cargo en el que permaneció hasta
octubre cuando el exgobernador se dio a la fuga.
A su regreso a Comunicación Social
del gobierno de Veracruz intentó pagar, vía la tesorería, 75 millones de pesos
que habían quedado pendientes de cobro de los desvíos de 2014, aunque por las
investigaciones periodísticas divulgadas se detuvo el trámite.
Ahora Silva
es investigado también por la Fiscalía General de Veracruz por el presunto pago
a empresas que no existen. El gobernador Miguel Ángel Yunes anticipó que lo
someterá al procedimiento de desafuero, aunque todavía no hay solicitud formal.
En diciembre de 2016, al comparecer
ante diputados locales, Yunes detalló que en la administración de Duarte, entre
2011 y 2016, se facturaron a medios, algunos fantasma, un total de 8,548
millones de pesos.
“Vamos a investigar a dos ex
coordinadores de Comunicación Social, específicamente a la señora Georgina
Domínguez y Alberto Silva Ramos, porque durante la etapa en que fueron
coordinadores de Comunicación Social se hicieron pagos a empresas que no
existen”, anticipó
el gobernador.
Apenas el
martes 25 de abril, una investigación de Animal Político documentó que la ex
vocera de Javier Duarte, Gina Domínguez, utilizó su cargo para beneficiar con
contratos y convenios a la empresa Servicios Especializados de Comunicación e
Imagen S.A. de C.V., que luego pasó a
ser de su propiedad, y mediante la cual controla editorialmente tres
radiodifusoras.
La empresa SECI recibió 6.9 millones
de pesos y uno de sus accionistas, Miguel Ángel Gutiérrez Garduza, 10.3
millones de pesos, entre 2012 y 2016.
Luego de la
publicación, la Fiscalía General de Veracruz confirmó que Domínguez y Silva son
investigados por la comisión de presuntos actos de corrupción y por el presunto
desvío de casi 3 mil millones de pesos cometidos en agravio de la hacienda
durante su gestión en la Coordinación General de Comunicación Social y en la
Secretaría Técnica de la Oficina del Gobernador.
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