El alcalde priista de
Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, destinó el año pasado más de 3.4
millones pesos para promocionar su imagen personal en medios de comunicación
local, incluso algunos inexistentes.
Ello pase a que la
capital de la entidad es considerada como “el peor lugar para vivir” y se
encuentra en los primeros lugares de violencia a escala nacional porque bandas
criminales operan impunemente.
El gasto utilizado para publicidad en medios supera la cantidad que la regidora
perredista Nancy Soraya Cruz García denunció públicamente que fue utilizada
para la reparación de seis patrullas “inexistentes” y que las autoridades
reportaron un gasto de 2.7 millones de pesos en la cuenta pública de 2016.
A través de una solicitud de información, Apro obligó al ayuntamiento de Chilpancingo
a informar sobre los recursos públicos utilizados para publicidad oficial
durante el año pasado y lo que va del presente.
No obstante, la respuesta del sujeto obligado fue parcial
pues solo exhibió algunos contratos con medios de comunicación impresos y omite
los convenios con empresas radiofónicas y de televisión, donde diariamente
difunden boletines de las actividades del alcalde priista de Chilpancingo.
Al respecto, la unidad
de transparencia del ayuntamiento de Chilpancingo informó que el año pasado
gastaron 284 mil 460 pesos mensuales en 14 periódicos.
Algunos medios beneficiados por Leyva Mena simplemente no existen como el caso de
“Editoriales Tiempos del Sur”, propiedad de Andrés Campuzano Bailón, que recibe
3 mil 480 pesos al mes, es decir 41 mil 760 pesos al año.
El informe oficial en poder de Apro indica que la cantidad mensual destinada a los 14 periódicos para
promocionar la imagen del alcalde capitalino sumó 3 millones 413 mil 520 pesos
en 2016.
Los principales medios
beneficiados por el alcalde priista son El diario de Guerrero, un medio local
que se caracteriza por difamar y violar derechos humanos de víctimas, quien
recibió un contrato mensual por 81 mil 200 pesos, es decir, 974 mil 400 pesos
al año.
Le sigue, El Sur, con
un convenio mensual de 43 mil 500 pesos, un promedio de medio millón anual.
El Sol de Chilpancingo,
propiedad de Pedro Julio Valdez, exdirector de comunicación social durante la
administración de Ángel Aguirre Rivero, recibió 417 mil pesos el año pasado por
un contrato de 34 mil 800 pesos.
El semanario
Interacción, de Rogelio Agustín Esteban, fue beneficiado con un convenio por 17
mil 400 pesos, cifra que representa la cantidad de 180 mil anual.
Otro diario denominado
El Vocero de Guerrero, de Ulises Olivares Rodríguez, recibió 69 mil pesos el
año pasado y el semanario No que no, de José Luis González Cuevas, 111 mil
pesos durante el mismo periodo.
El diario Ecos de
Guerrero, de Héctor Arriaga Tapia, ganó 208 mil pesos anuales y El despertar
del Sur, de Misael Tamayo, recibió 139 mil pesos en 2016.
Estas cifras exhiben la
disparidad y falta de criterios para otorgar publicidad oficial en medios de
comunicación de las autoridades municipales de Chilpancingo, municipio considerado como la capital
política de Guerrero, donde diariamente hay protestas ciudadanas por la deficiencia
de los servicios públicos y la sociedad vive aterrorizada y secuestrada por la
ola de violencia.
La opacidad y
resistencia del gobierno de Héctor Astudillo Flores en el tema de transparencia
del gasto en publicidad oficial, es replicado por los 81 ayuntamientos que
conforman la entidad.
Los alcaldes postulados por el PRI, PRD, MC, PAN y PT se han
caracterizado por destinar recursos públicos para promocionar su imagen en
medios de comunicación, sin informar los
gastos y criterios a la sociedad y contribuyentes, en las mismas condiciones
que lo hace el gobierno estatal, violando de manera sistemática la normatividad
aprobada por diputados federales y locales de sus mismos partidos.
El próximo jueves 4 se vence el plazo para que los sujetos
obligados en el país -más de ocho mil del gobierno federal, estatal y
municipal-, incorporen a sus portales de internet y a la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT), la información catalogada como publica de oficio por la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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