Salvador
Camarena.
Hace dos
semanas, Benito Neme, director general de Caminos y Puentes Federales, acudió a
una reunión a las oficinas del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
(Banobras). Neme se reunió más de dos horas –según me han confirmado dos
fuentes– con Alfredo Vara Alonso, director general de ese banco.
Es probable,
mas no seguro, que Neme haya comentado con Vara Alonso sobre una solicitud de
entrevista que Capufe recibió el 21 de marzo, sí, un mes atrás, por parte de
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En esa fecha, Raúl Olmos y Daniel
Lizárraga, periodistas de MCCI, hicieron llegar a Capufe siete preguntas, entre
ellas una que atañe directamente a Banobras. Permítanme exponer algo de
contexto.
La noche del
martes pasado, en primicia para El Financiero TV con Olivia Zerón, MCCI publicó un reportaje conocido como
#Capufeleaks donde se revela una red de tráfico de información anidada en la
cúpula de Capufe.
Según 80 correos electrónicos
investigados por el reportero Raúl Olmos, el número dos de ese organismo que
administra carreteras, Mauricio Sánchez Woodworth, adelanta a su cuñada Estela
Vega datos concretos sobre costos y especificaciones de obras que Capufe está
por licitar. A su
vez, la pariente del brazo derecho de
Benito Neme distribuye esa valiosa información a constructoras. Mediante ese
esquema, al menos seis empresas lograron contratos por 770 millones de pesos.
Al revisar periodísticamente las
licitaciones, fue evidente que las propuestas ganadoras resultan alrededor de
100 por ciento más caras que las perdedoras, pero no tan caras como para ser
descalificadas pues nunca rebasaron el tope establecido por… Capufe y Banobras.
En la trama está involucrado el líder del sindicato de Limpieza, Marco Antonio
Reyes, que juega un rol de cobrador de las comisiones.
Uno de los
correos electrónicos obtenidos por MCCI contenía un documento crucial. Es un oficio, el SOTS/152000/418/2015,
emitido por la Dirección Fiduciaria de la Subdirección de Operación Técnica y
Seguimiento de Banobras, al que le siguen 29 páginas con detalles y montos
exactos de todas las obras que Caminos y Puentes Federales proyectaba para
2016. El oficio va dirigido a Mauricio Sánchez Woodworth, director de
Infraestructura, y a pesar de que se especifica que se trata información reservada
por doce años a partir de su fecha de emisión, 21 de diciembre de 2015, circuló
en el paquete de correos de esta trama.
Hasta ahí el
contexto. Un día después de la publicación del reportaje, Capufe emitió un
escueto comunicado anunciando que había interpuesto sendas denuncias de hechos
ante la Secretaría de la Función Pública y ante la Procuraduría General de la
República. Sin embargo, Capufe defendió
los contratos mencionados, argumentando que ninguno de los perdedores en las
licitaciones se había inconformado y que la auditoría ya había revisado, sin
cuestionar, varios de esos contratos.
De las siete
preguntas que los reporteros enviaron a Capufe el 21 de marzo, destaco dos:
“¿Por qué salió de CAPUFE información
reservada a la que sólo usted tenía acceso, como un documento confidencial
sobre el programa de licitaciones del año 2016, y que circuló entre
constructores que aspiran a obtener contratos?”.
Y esta otra: “¿Estuvo enterado el
director de CAPUFE, Benito Neme, de este tráfico de información reservada?”.
En un país con impunidad en rangos de
97%, no resulta esperanzador el hecho de que una dependencia del gobierno de
Enrique Peña Nieto anuncie que presentó denuncias en SFP y PGR.
Lo obligado es que Benito Neme rompa
el silencio y explique públicamente cuánto sabía de lo denunciado en
#Capufeleaks, y qué explicación, si alguna, le dio a Banobras.
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