A finales de marzo pasado, la
Fiscalía General del estado logró la detención de tres exfuncionarios y
colaboradores cercanos al exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, y de ahí se
derivaron más de 70 amparos de exfuncionarios de todos los niveles, mientras
exsecretarios se convirtieron en testigos protegidos porque se acogieron al
beneficio de “criterio de oportunidad”, para colaborar con las investigaciones.
Ante la falta de actuación de la
Procuraduría General de la República (PGR), en la demanda penal que pesa sobre
César Duarte desde el 2014 por enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido
de atribuciones, el gobernador Javier Corral Jurado ordenó una serie de
investigaciones y auditorías para procesar y castigar a quienes desfalcaron la
entidad.
El mes
pasado, justo después del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velcudea,
la Fiscalía aprehendió a tres
funcionarios de César Duarte: Javier Garfio Pacheco (exsecretario de
Comunicaciones y Obras Públicas, exalcalde de Chihuahua, paisano y compadre de
Duarte); Ricardo Yáñez Herrera (exdirector de la COESVI y exsecretario de
Educación, Cultura y Deporte) y Gerardo Villegas Madriles (exdirector de
Administración de la Secretaría de Hacienda y familiar de Duarte).
Además ayer aprehendieron en la Ciudad de México
al diputado federal suplente y exdirector de Adquisiciones y Servicios de la
Secretaría de Hacienda estatal, Antonio Enrique Tarín García (primo de César
Duarte), por el mismo delito. Anoche le dictaron prisión preventiva como medida
cautelar.
Con las
detenciones, se desató una serie de
promociones de amparos ante los juzgados federales, que hasta ahora suman 76,
entre estos los de 14 exsecretarios y el mismo César Duarte.
Hasta ese
día, de acuerdo con el gobernador Javier Corral Jurado, tenían abiertos 50 expedientes para solicitar más órdenes de
aprehensión por un desfalco de más de 6 mil millones de pesos.
Sin embargo,
el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, informó que luego de la gran cantidad de amparos
(promovidos desde el 4 al 24 de abril), iniciaron más investigaciones contra
funcionarios que no tenían contemplados en las primeras carpetas de
investigación
Las primeras
tres detenciones, generaron la renuncia
de unos 15 empleados con cargos directivos en la Secretaría de Hacienda, según
personal de la misma dependencia y ocho funcionarios se acogieron al criterio
de oportunidad, es decir, accedieron a brindar información para obtener
beneficios en el proceso penal.
Entre esos
funcionarios, según fuentes de la fiscalía, se encuentran el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, quien
promovió un amparo y luego se desistió, pero además enfrenta la demanda ante la
PGR, junto con Duarte, promovida por el abogado Jaime García Chávez. También
están Mario Trevizo Salazar, último secretario general de Duarte y exdirector
de la Consejería Jurídica, y Raúl Chávez, secretario de la Contraloría estatal.
También aparecen como testigos protegidos, Fidel
Pérez Romero, exsecretario del Trabajo y Previsión Social; Eduardo Esperón
González, exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas; José Miguel Salcido
Romero, expresidente del Tribunal Superior de Justicia y exsecretario de
Educación, Cultura y Deporte y Manuel Russek, exsecretario de Economía.
Junto con
ellos, otros 30 exfuncionarios de otros
niveles, también se acogieron al beneficio de criterio de oportunidad, luego de
que Javier Corral llamó a quien tenga información, a colaborar con las
autoridades.
Entre los
exfuncionarios amparados, destacan en
mayor número quienes laboraban en la Junta Central de Agua y Saneamiento, que
presidieron familiares y paisanos de Duarte y desde donde desviaron una gran
cantidad de recursos: Raúl Javalera Leal (también amparado y paisano del
exgobernador)), Carlos Hermosillo Arteaga (diputado federal fallecido el mes
pasado en accidente carretero) y Carlos Alonso Guzmán (amparado).
En el caso de Hermosillo, se amparó
su viuda, Mayra Julieta Urbina Arzola, y el mismo día que ella promovió otro
amparo el piloto personal de Duarte, Julio Berlanga Fuentes, con quien se accidentó el año
antepasado, en el municipio de Balleza, cuando llegaba a su rancho cuando
anochecía y cuyo seguro se ha negado a pagar la empresa, por una serie de
irregularidades.
Del área de comunicación social,
están amparados dos ex coordinadores Sergio Belmonte y Juan Ramón Flores.
Amparos
hasta en la familia.
Los hermanos César Duarte, Alejandro
y Mario Héctor Duarte Jáquez, también están amparados, así como varios
parientes: su primo Federico Duarte Medina, quien estuvo a cargo de la
exportación de ganado en Santa Teresa, a través de la polémica asociación de
César Duarte, Unión Ganadera División del Norte y es uno de los principales
ahorradores del banco Unión Progreso.
Los
secretarios amparados son: Leonel de la
Rosa Carrera, extitular de Desarrollo Rural y su director de Ganadería; el
parralense y muy cercano a Duarte, Eloy Soto Payán (también hermana de la
exdelegada de Prospera, quien salió del cargo con varios señalamientos de
corrupción); los dos exsecretarios generales, Raymundo Romero Maldonado y Mario
Trevizo Salazar (exconsejero jurídico).
Asimismo, el exsecretario de Desarrollo Social, José
Luis García Rodríguez (acusado por violencia institucional contra la directora
del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Emma Saldaña Lobera); la excontralora
Liz Aguilera García (expresidenta de la comisión de fiscalización en el Poder
Legislativo y actual secretaria general del PRI estatal); Javier Garfio
(exalcalde y exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, actualmente
preso); Ricardo Yáñez (exsecretario de Educación, Cultura y Deporte y
exdirector de la COESVI, también preso); David Dajlala, secretario de Economía,
y Fidel Pérez Romero, titular del Trabajo.
Del área de Educación, se ampararon
también, el exsecretario Marcelo González Tachiquín; el secretario general de
la sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alejandro
Villarreal Aldaz, entre otros de áreas administrativas de la SECyD.
Los
empresarios amparados son: María Luisa
Tagle Jiménez, principal accionista de Grupo Industrial y Constructora; Benito
Adolfo Tagle Rodríguez, representante de Grupo Industrial y Constructora; Jaime
Galván Guerrero; Parrish Cárdenas Mata, apoderado legal de Prometeo Proyectos
Ejecutivos, empresa de Galván; Ana Edith Lozoya, representante de Grupo Fritag,
y Eugenio Baeza (quien además es exalcalde suplente de Chihuahua).
“(El gobernador) Javier (Corral) está
solo y es por quienes integran su equipo. Ya va medio año (de gobierno) y cada
vez está más distante hasta de su partido, porque el PAN, durante el duartismo,
fue un partido cómplice del duartismo, éste no se explica sin las direcciones
de Maru Campos (actual alcaldesa de Chihuahua); César Jáuregui Moreno
(secretario del ayuntamiento) y Mario Vázquez (director de Servicios
Municipales y expresidente estatal del PAN); sin la complicidad de la UACh. Si
Javier quería apoyo de la ciudadanía, ya lo hubiera hecho, la política ya no es
lo que era en el pasado”, concluyó
García
Chávez criticó que el gobierno estatal
pretenda impartir una justicia selectiva, con los beneficios otorgados a Jaime
Herrera principalmente, uno de los principales operadores de la corrupción
duartista.
Jaime García
observa un gobierno frágil, el equipo de
Corral es débil. “Corral se la pasa en reyerta permanente hasta con quien no
tiene porqué pelear. Me preocupa esa debilidad y gran improvisación.
Cateos a
propiedades de Duarte.
El pasado 1
de abril, agentes de la Fiscalía General del Estado catearon en los municipios
de Hidalgo del Parral y Balleza, tres propiedades del exgobernador César Duarte
Jáquez, para recabar indicios y medios de prueba para acreditar la comisión de
varios delitos que se le imputan.
Luego de
obtener órdenes de cateo, la Policía
Estatal Única registró las propiedades y localizó obras de arte sustraídas del
palacio de gobierno, asi como muebles también propiedad del gobierno estatal,
entre otros.
Catearon la
casa ubicada en la calle Primera cruce con 20 de Noviembre, colonia Altavista,
en Parral, una oficina las calles Tecolotes y San Patricio s/n colonia
Esmeralda, en Parral y el rancho El Saucito, municipio de Balleza.
En una de las propiedades encontraron
una lista que corresponde a la nómina secreta, que incluye personas que
recibían hasta tres millones de pesos como pago, tanto del PRI como de otros
partidos, incluido el PAN y varios sectores sociales, que en su momento
integrarán a las carpetas de investigación.
El mes
pasado, fueron presentados ante jueces de Control, el exdirector de
Administración de Hacienda, Gerardo Villegas y Ricardo Yáñez, acusados de
peculado por el presunto desvío de 246 millones de pesos de la Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte.
En ese
juicio presentaron testimonios de testigos protegidos, uno de ellos se presume
que es Jaime Herrera.
El testigo protegido T-701-2017 fue
presentado por el MP como exfuncionario “del más alto nivel” del gabinete de
César Duarte entre 2010 y 2016, y denunció a toda la red delictiva encabezada
por Duarte.
Dijo que la
red de corrupción se conformaba por tres niveles. El segundo estaba conformado por directores y directores generales muy
cercanos e incluso familiares de Duarte, era el núcleo duro para la
defraudación junto con Gerardo Villegas Madriles, Antonio Tarín García y Carlos
Hermosillo Arteaga.
Todos eran protegidos por el titular
de la Auditoría Superior del Estado, Jesús Esparza Flores.
El primer nivel estaba conformado por
los titulares de las secretarías encargados de la elaboración de las políticas
públicas y el segundo por quienes ocupaban puestos de director o director
general en diferentes organismos y dependencias, cargos para los que en la
mayoría de los casos, el exgobernador designó personalmente, tanto a familiares
como a otras personas de su confianza.
En ese segundo nivel de corrupción,
estaban empresarios-socios externos del exgobernador y ahí se concentraba el
núcleo duro de los desvíos.
Las empresas
que crearon para desviar dinero fueron:
Servicios y Asesorías Samex SC, con un contrato de 55 millones de pesos y con
una cantidad igual, Servicios y Asesorías Sinax SA de CV; con 46 millones de
pesos crearon Servicios y Asesorías SISASS SA de CV y con 90 millones de pesos
a Despacho de Profesionistas Futura SA de CV.
También fue
procesado el mes pasado, el exalcalde de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, por
peculado, derivado de la venta de varios predios de Labor de Terrazas que se hizo
de manera ilegal.
Y Duarte
acusa “violencia psicológica”
El exgobernador César Duarte,
interpuso la queja Y 93/2017, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos el
30 de marzo pasado, por considerar que el gobierno estatal ha dañado su imagen
y le causó “violencia psicológica”.
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