Calificada
como una licitación “histórica” por estar en juego 51 frecuencias de radio en
AM y 147 en FM, la reciente subasta del
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) quedó muy lejos de las
expectativas esperadas (recaudar más de mil millones de pesos) y abrió las
compuertas a un escándalo generado por un aparente “nuevo jugador”, la empresa
Tecnoradio que habría ganado 37 frecuencias en AM y FM.
El lunes 22
de mayo, plazo límite para el pago de las contraprestaciones, el IFT informó
que la empresa Tecnoradio no pagó los 288 millones de pesos de contraprestación
por las 37 frecuencias. Tampoco pagaron otras compañías menores como Torres
Corporativo Radio, Centrado Corporativo Radio y Detochomorocho Producciones. El
caso más significativo es el de Tecnoradio porque representa más del 20% del
monto total de la licitación.
Tecnoradio constituye una muestra de
las trampas y simulaciones que existen en el mundo de las concesiones de radio
y televisión, y cómplices como las autoridades como la SCT.
Tras un
escándalo que se ventiló entre los viejos concesionarios de radio, la licitación a favor de Tecnoradio abrió
serias dudas sobre la participación de personajes vinculados al vocero de la
Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, y dejó varias pistas sobre el
grupo Radiorama, uno de los más grandes corporativos radiofónicos, como uno de
los posibles beneficiarios de esta nueva subasta de estaciones AM y FM.
La licitación del IFT permitió a los
“nuevos jugadores entrantes” tener un descuento de hasta el 15% en el valor del
espectro. Tecnoradio
se valió de esta cláusula para apostarle
por las señales más valiosas en términos de mercado.
Tecnoradio
resultó que no era ningún jugador nuevo ni estaba desvinculado a la red de
poder. Como principal accionista y director se registró Alí Eduardo Bañuelos,
quien está casado con Viviana Toscano, sobrina de Javier Pérez de Anda, propietario
de Radiorama.
Estos
vínculos los dio a conocer Javier Tejado Dondé, director jurídico de Televisa y
con información privilegiada sobre la red familiar en el mundo de los
concesionarios de la radio. En su cuenta de Twitter, Tejado Dondé afirmó que era “de esperarse” el incumplimiento de
Tecnoradio. “Optaron por perder 41 millones de pesos en garantía que los 288
millones de pesos que hubieran pagado por frecuencias por esconder grupo de
interés económico”.
“Falta ver qué hace la autoridad por
violar la Ley de Competencia y las Bases de Licitación”, afirmó Tejado Dondé.
Los otros
especialistas en el sector han señalado que Tecnoradio prácticamente trampeó las bases de licitación y se aprovechó
de las lagunas y de la actuación de las autoridades para colarse en una
licitación tan importante.
La primera entidad en lavarse las
manos fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encabezada por Gerardo
Ruiz Esparza.
Irene Levy,
directora de Observatel y abogada especialista en el sector, recordó que la SCT es responsable de
aportarle al IFT “información que únicamente puede proporcionar el Ejecutivo
federal sobre cuestiones de seguridad o a efecto de verificar la idoneidad de
los inversionistas y/o su capacidad económica o cualquier otro aspecto de
índole legal”.
Sin embargo,
la SCT, como es su costumbre, emitió un
comunicado para deslindarse de cualquier responsabilidad en el “conflicto de
interés” de Tecnoradio porque la dependencia “no tiene facultad legal de avalar
o prohibir la participación de empresas en licitación alguna”.
Así lo tuiteó el propio Gerardo Ruiz
Esparza, titular de la SCT, funcionario que ha estado involucrado en más de un
conflicto de interés por escándalos como OHL o Grupo Higa.
Irene Levy le recordó a Ruiz Esparza que algo debía
saber de los ejecutivos de Tecnoradio, ya que Alí Eduardo Bañuelos aparece
también como director general de Polaroid en la empresa Diamonds Electronics,
una de las grandes beneficiarias de la multimillonaria compra de televisiones
digitales, con sobreprecios escandalosos, que operó…ni más ni menos que la SCT
de Ruiz Esparza.
Todo huele
mal en torno a Tecnoradio. Los datos
originales de la creación de la empresa involucraban a dos exfuncionarios
federales, Carlos Lara Sumano y Alfonso Amilpa, cercanos al actual vocero de
Los Pinos, Eduardo Sánchez, quien antes ya había trabajado con concesionarios
de radio como asesor jurídico.
Presuntamente,
antes de la licitación, Lara Sumano y Amilpa renunciaron a sus derechos como
accionistas de Tecnoradio, junto con Héctor Zires Catano, Cenopio Amilpas
Godínez y Víctor Carrera Mejías. Todo el
cambio de propietarios y accionistas es tan opaco y oscuro como la misma
propiedad de Tecnoradio.
El hecho fundamental es que la SCT
simplemente se lavó las manos de cualquier responsabilidad y el IFT afirmó,
como si fuera un mero trámite más, que de las 56 frecuencias sin pago (37 que se le habían
asignado a Tecnoradio), 25 se podrán asignar con una postura válida y 31
“podrán incluirse en la próxima licitación de frecuencias de radio (Licitación
No. IFT-8) cuyo proceso de opinión pública se prevé dé inicio en diciembre de
este año”.
¿No habrá ninguna sanción por violar
la ley de competencia y las bases de licitación? ¿Este episodio de Tecnoradio
no estará encubriendo a los verdaderos beneficiarios de la gran subasta de
radio? ¿Está detrás Eduardo Sánchez en el negocio de las nuevas frecuencias de
radio como salvoconducto transexenal?
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