Organizaciones que junto con el
gobierno federal y el INAI formaban parte de la Alianza para el Gobierno
Abierto, decidieron salirse del proceso de colaboración por “falta de
condiciones de co-creación y diálogo”.
En un
comunicado, señalaron que en México “no
existen las condiciones para una participación libre y segura de la sociedad
civil que permitan avanzar en la agenda de la Alianza para el Gobierno
Abierto”.
Señalaron que el “espionaje dirigido
a defensores de derechos humanos y el incremento súbito de las amenazas a la
libertad de expresión aumentan la desconfianza e impiden un diálogo entre pares
con el gobierno”.
Indicaron que abrirán un expediente a
través de la Política de Respuesta que “será enviada al Comité Directivo de la
Alianza para el Gobierno Abierto”.
“El Núcleo
de Organizaciones de la Sociedad Civil destacó la evidencia revelada en un
informe técnico elaborado por Citizen Lab con la ayuda de ONG locales de
derechos digitales, SocialTic y R3D, y publicada por el periódico The New York
Times el pasado 11 de febrero de 2017 acerca de la participación de diferentes
oficinas del gobierno mexicano en la vigilancia digital ilegal a por lo menos
tres destacados investigadores y defensores de la salud en México”, apuntaron.
“Dos de estos tres defensores
colaboran en instituciones que trabajan en conjunto con la Sociedad Civil y el
gobierno en la iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), en específico para la construcción
del compromiso de Obesidad del Tercer Plan de Acción / 2016-2018. Ante dicha situación, el núcleo exigió al
Poder Ejecutivo Federal (representado por la Secretaría de la Función Pública)
y a los Comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), contrapartes en el Secretariado Técnico
Tripartita (STT), actuar de manera efectiva ante este delicado asunto, pero no
hubo una respuesta concreta en más de tres meses“, expusieron.
Las organizaciones consideraron que
“esta vigilancia resulta ilegal, como sistema de control y sin que medie una
orden judicial, deja en estado de indefensión a los ciudadanos y vulnera su
privacidad […] además de ser una práctica asociada a estados totalitarios
contraria a la apertura gubernamental que se promueve a través de los principios
de la Alianza para el Gobierno Abierto”.
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