PRI, PVEM y PAN desinflan casos de ilegalidad en Pemex.

Jesusa Cervantes.

Rosario Brindis Álvarez, la titular de la Unidad de Enlace Legislativo de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusada de gestionar y facilitar el proceso de adjudicación directa para que una empresa representada por su cónyuge se quedara con un contrato de 567.5 millones de pesos, no es la única señalada como probable integrante de una red de corrupción.

Desde el 17 de febrero pasado la Secretaría de la Función Pública (SFP) indaga a otros altos funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP) y, conforme avancen las indagatorias, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tendría que explicar por qué, pese a que el millonario contrato venció en diciembre pasado, la plataforma rentada aún está en aguas nacionales.

Ese semanario reveló cómo se orquestó la operación y presentó 15 documentos oficiales que muestran a detalle cómo se configuró un procedimiento a modo que pasó de ser una licitación internacional a una adjudicación directa del millonario contrato (Proceso 2113).

Quien denunció el caso ante la SFP dijo a la reportera que es muy probable que Pemex haya realizado una “extensión” del contrato ilegal. Incluso, sostuvo, es común que se haga eso con el argumento de que lanzar una nueva licitación retrasaría los trabajos de la empresa.

El caso, denunciado ante la SFP el pasado 9 de febrero, llegó al Poder Legislativo el 3 de mayo, cuando la diputada Rocío Nahle, de Morena, pidió la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del director de Pemex, este último para que suspendiera a Brindis Álvarez mientras se realiza la indagatoria.

Dos semanas después, el PRI, el PVEM y el PAN diluyeron la demanda, de la que sólo quedó una simple petición a la SFP para que informe sobre el progreso de la indagatoria.

Entre tanto, Pemex paseó a legisladores por algunas plataformas marinas. Contra toda costumbre, incluso acudieron a esas visitas el repartidor de hidrocarburos y dinero a los estados, Luis Alberto Martínez Bravo, gerente de Desarrollo Social de la petrolera; René Curiel Obscura, jefe de la oficina del director de Pemex y su máximo representante, así como la propia Rosario Brindis Álvarez.

La principal invitada era la denunciante del posible tráfico de influencias, la diputada Rocío Nahle, quien primero aceptó pero finalmente no acudió porque, como comentó a Proceso, “sería incongruente, ya que estoy acusando a Brindis Álvarez de corrupción”.

A pesar de los acuerdos entre el PRI, el PAN y el PVEM, no pudieron evitar que la ASF asumiera la tarea de investigar el caso, según la documentación que obtuvo este semanario.

NUEVAS IRREGULARIDADES.

Antes de que se lanzara la licitación internacional del “paquete K” de Pemex-PEP y que finalmente fue “adjudicación directa”, Alberto Ríos Treviño (esposo de Brindis Álvarez) conocía con detalle las necesidades de Pemex.

Así consta en el oficio del 27 de noviembre de 2014 que envió al subdirector de Mantenimiento y Logística de Exploración y Producción, José Guadalupe de la Garza Saldívar, donde le habla de “la disponibilidad” de dos plataformas por parte del consorcio de empresas que representa, una de las cuales sería beneficiada con la adjudicada directa: Strategic Excellence.

El contrato se celebró el 30 de diciembre de 2015 con Delta Al Muhitat Shipping de México, S. de R.L. de C.V., por 567.5 millones de pesos y un periodo de nueve meses: del 29 de marzo al 22 de diciembre de 2016, según informa PEP en su portal de obligaciones de transparencia.

Las irregularidades de la citada adjudicación iniciaron cuando México, a través de la SCT, permitió el ingreso de la plataforma extranjera en aguas nacionales.

En primer término se entregó el permiso cuatro meses después de que la plataforma de Strategic Excellence ya operaba en aguas nacionales y con un vencimiento antes de que concluyera el contrato, según la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la propia SCT.

La autorización para permanecer en aguas de jurisdicción nacional se otorgó bajo el folio APAJN/081/2016, vigente del “16 de julio al 16 de octubre de 2016”.

Cinco meses después de que concluyó oficialmente el contrato y a siete de que venció el permiso para permanecer en aguas nacionales, la plataforma que llegó de los Emiratos Árabes Unidos y cuya bandera es de la República de Vanuatú, se encuentra todavía en México.

Esto se comprobó mediante el buscador Marine Traffic, que da muestra en tiempo real de la ubicación de las embarcaciones en todo el mundo. Strategic Excellence está en la Sonda de Campeche, a una hora y 29 minutos de tierra firme. Proceso consultó el reporte “vigente” de Puertos y Marina Mercante de la SCT y ahí dicha plataforma no figura, sólo aparece reportada con un permiso de julio a octubre de 2016.

Al consultar a quienes interpusieron la denuncia contra Brindis Álvarez, explicaron que Pemex suele extender el contrato cuando se requiere el servicio a fin de evitar que una nueva licitación provoque retrasos en sus operaciones.

En ese caso Strategic Excellence, representada por el cónyuge de la titular de Enlace Legislativo de Pemex, habría obtenido un pago adicional de 315.17 millones de pesos por el mes de mayo, si se toma en cuenta que el contrato oficial fue por nueve meses y 567.5 millones.

Existen otras irregularidades respecto a la renta de esa plataforma. De acuerdo con la documentación obtenida por Proceso, el contrato para la renta de la plataforma se entregó a Delta Al Muhitat Shipping de México y el permiso para el ingreso a aguas nacionales se dio a nombre de Proyectos y Cimentaciones Industriales, pero se establece que la plataforma fue adquirida por la empresa Ocean Marine.

Incluso se establece el 13 de abril de 2016 como “fecha de negociación” entre el comprador Ocean Marine y el proveedor Delta Al Muhitat Shipping de México. El valor en libros de la plataforma que establece Delta Al Muhitar es de 49 millones 600 mil dólares.

Ocean Marine es una empresa radicada en Campeche. Mayra Jaber Ortiz y María Elena Juárez Gómez la constituyeron el 9 de enero de 2004 bajo el nombre de Biconsa, S.A. de C.V., y la vendieron el 12 de diciembre de 2006 a José Luis y José Antonio Zavala Solís. Éstos le cambiaron la razón social el 27 de abril de 2015 a Ocean Marine, S.A. de C.V., según el portal de la Secretaría de Economía.

Tanto Ocean Marine como Proyectos y Cimentaciones Industriales son asiduas concursantes en las licitaciones de PEP. La segunda tiene por lo menos 32 contratos por el mismo servicio para el cual se contrató a Delta Al Muhitat, según el ya citado portal de obligaciones de transparencia.

OPERACIÓN DE ENCUBRIMIENTO.

El 3 de mayo la diputada Rocío Nahle presentó ante la Comisión Permanente una denuncia por las irregularidades de la renta de la plataforma, señalando la probable responsabilidad de Brindis Álvarez por influir para que las empresas representadas por su cónyuge se quedaran con el contrato de 567.5 millones de pesos.

El mismo día Nahle presentó un punto de acuerdo en el que se demandaba que Brindis Álvarez fuera separada de su cargo en tanto se hacían las indagaciones, que la PGR indagara el caso, que la ASF revisara la legalidad del contrato y la SCT detallara cómo y hasta cuándo se autorizó la permanencia en aguas nacionales de la plataforma Strategic Excellence con bandera de la República de Vanuatú.

Pemex reaccionó. Para la siguiente semana organizó una visita a plataformas petroleras en Campeche. Invitó especialmente a Nahle y a 13 diputados del PRI, el PAN y el PVEM que forman parte de la Comisión de Energía. Nahle confirmó su asistencia, pero no fue ni avisó de la cancelación.

El periódico local Por Esto encabezó la nota sobre dicha visita: “Pemex, saturado de payasos turísticos”. Asistieron funcionarios que acostumbran evadir a los legisladores, quienes podrían solicitarles apoyo para resolver asuntos energéticos.

En la lista oficial de visitantes que tiene este semanario figura también Brindis Álvarez. Aunque sus allegados relataron que evita esos encuentros, en esa ocasión hasta se tomó fotografías con los asistentes.

Otro visitante clave fue Luis Alberto Martínez Bravo, quien asumió el cargo de gerente de Desarrollo Social con la llegada de José Antonio González Anaya a la dirección de Pemex y ahora maneja la bolsa de dinero e hidrocarburos que se “donan” a municipios y estados, y que muchas veces son gestionados por diputados federales.

Para enfatizar la buena disposición de Pemex hacia los legisladores, a la visita del 8 de mayo acudieron al paseo conjunto el jefe de la oficina de la Dirección General, René Curiel Obscura, y el director jurídico de la petrolera, Jorge Kim Villatoro.

El PRI y el PAN se encargaron de operar desde el Poder Legislativo. Empleados de Pemex señalan que Curiel Obscura tomó en sus manos el caso del punto de acuerdo propuesto por la diputada Nahle. Le dijo a Brindis Álvarez: “Yo mando gente al a cámara para manejar esto”.

Trabajadores de la empresa que piden el anonimato por temor a represalias comentaron: “En Pemex pensaban que podía aprobarse tal cual el punto de acuerdo, de ser así se esperaba la renuncia de Brindis Álvarez”.

En el Senado de la República, donde se negociaba el punto de acuerdo, el PRI tenía una pieza fuerte: Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada. Curiel Obscura y Gamboa Patrón fueron muy cercanos en 2006; y según los trabajadores de Pemex consultados, hoy mantienen esa buena comunicación los secretarios particulares de ambos: Víctor Manuel Terán y Juan José Lecanda.

El presidente de la comisión en que recayó la discusión del punto de acuerdo es el panista Ernesto Cordero, quien como funcionario federal tuvo en su equipo de trabajo a Carlos Alberto Treviño Medina, hoy coordinador de Procura y Abastecimiento para Exploración y Producción en Pemex.

Durante la votación pública del punto de acuerdo, el 16 de mayo, una de las opositoras al mismo y defensora de Brindis Álvarez fue la senadora priista Diva Gastélum, quien dijo: “Los legisladores no son Ministerio Público, y como la denuncia no ha sido resuelta, es propicio sólo solicitar el informe a la SFP”.

La presencia de Gastélum sorprendió, pues no forma parte de la comisión, pero se atribuyó a que conocía el tema pues su hijo, Sergio Romero Gastélum, trabajó en licitaciones y adjudicación de contratos de marzo de 2013 a diciembre de 2014.

Al igual que la senadora, el diputado Vidal Llerenas no forma parte de la comisión y acudió a respaldar el punto de acuerdo en los términos en que lo presentó su compañera de partido, Rocío Nahle.

Finalmente, con 13 votos a favor de PRI, PAN y PVEM y tres en contra de Morena y PRD, se aprobó únicamente pedir información a la SFP del estado que guarda la indagatoria y que la haga llegar en los próximos 15 días.

Mientras en el Poder Legislativo y en Pemex se operaba para que la ASF, PGR y SCT no intervinieran, en la SFP la denuncia se abría paso. El 17 de febrero se informó a los denunciantes: “Se ordenó el inicio de las investigaciones de los servidores públicos de PEP” y se exigió al Área de Quejas de Pemex que “determine lo que en derecho proceda” respecto a Brindis Álvarez.

El pasado viernes 12 dicha área conminó por escrito a los denunciantes a revelar cómo se enteraron de las irregularidades y delatar a quienes se percataron de las mismas.

Les pidió informar “circunstancia de modo, tiempo y lugar, de los hechos señalados, es decir, precisando, cómo, cuándo y dónde sucedieron los hechos; remita el material probatorio que pudiera tener en su poder; señale si tiene testigos de los hechos denunciados, por lo que en caso de contar con testigos de los hechos, indique el nombre completo de los mismos, su área de adscripción, precisando el evento del que fueron testigos”.