Exactamente igual que hace 12 años, cuando el entonces jefe
de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, encabezaba las
encuestas de preferencia electoral para la Presidencia de la República, ya
iniciaron las campañas para tratar de descarrilar su proyecto e impedirle
alcanzar su objetivo.
En aquel entonces aprovecharon los abusos de algunos de sus
más cercanos colaboradores (René Bejarano, que había sido su coordinador de
campaña y secretario particular al inicio de su gestión, y Gustavo Ponce,
secretario de Finanzas del gobierno capitalino); ahora le tienden una trampa a
una candidata a alcaldesa de un municipio veracruzano de poco más de 80 mil
habitantes.
En los dos primeros casos la intención era dañar la imagen de
honestidad que López Obrador ha presumido como su principal atributo. La
estratagema consistió en echar mano de imágenes grotescas que exhibieron
entregas de fajos de billetes y la presencia de un alto funcionario público
apostando en un lujoso casino de Las Vegas. Los videos pretendían despertar
sentimientos de rechazo entre la población.
Pero ahora las circunstancias son muy distintas: hace 12 años
había suficientes elementos para presumir la comisión de delitos por parte de
los dos funcionarios, tanto así que en ambos casos se libraron ordenes de
aprehensión en su contra; Ponce incluso recibió sentencia condenatoria y estuvo
preso hasta que obtuvo un amparo liso y llano; Bejarano fue desaforado y
encarcelado, aunque finalmente el juez dictó sentencia absolutoria.
Ahora, en el más
reciente caso, el único delito que podría configurarse a partir de la
entrega-recepción del dinero es si éste tiene un origen ilícito, por lo cual el
primer inculpado sería la persona que lo está entregando y que jamás aparece en
el video. El artículo 406 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (COFIPE) establece que “se impondrán de cien a doscientos días de
multa y prisión de uno a seis años al funcionario partidista o al candidato
que: VII. Obtenga y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato, fondos
provenientes de actividades ilícitas para su campaña electoral”.
Incluso el medio millón
de pesos que supuestamente recibe la candidata a alcaldesa morenista Eva Cadena
equivale a menos de la tercera parte del límite individual de aportaciones de
simpatizantes para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, que es de un millón
680 mil 560 pesos con 42 centavos, de conformidad con el acuerdo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral número 33 del 24 de febrero de este
año.
De esta manera, con la sola entrega-recepción de esos
recursos no se configura ninguna falta administrativa, aunque sí podría
tipificarse de esta manera si el dinero no se depositara en una cuenta de una
institución bancaria, no se incluyera en los informes de ingresos y egresos de
la fuerza política en cuestión o si no se documentara y respaldara con base en
lo establecido en la legislación y la normatividad vigente.
En sí mismo, pues, el video no evidencia la comisión de un
delito, que difícilmente podría configurarse porque el tipo penal señala con
claridad que para ello se tendría que haber obtenido y utilizado el dinero aun
a sabiendas de que proviene de actividades ilícitas, lo cual, hasta donde se
sabe, ya no ocurrió, pues aunque la candidata sí recibió el dinero, no lo
utilizó.
Por supuesto que la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) estaba
obligada a atender las denuncias y proceder a iniciar una averiguación previa,
pero en caso de que encuentre que el dinero sí proviene de actividades
ilícitas, tendrá que turnar el expediente a otra instancia de procuración de
justicia, o bien demostrar que al menos parte de ese dinero sí se utilizó en la
campaña de la hoy excandidata. En consecuencia, será prácticamente imposible
involucrar al aspirante presidencial de Morena en el caso.
Por lo demás, la
maniobra es tan burda que no tiene posibilidad alguna de prosperar, pero lo
cierto es que sí debe prender las alarmas en el equipo de López Obrador, pues
constituye un anticipo de la guerra que se avecina. Como hace 12 años, sus
enemigos, carentes del más mínimo escrúpulo, están dispuestos a utilizar todos
los recursos a su alcance, sin importar sí son lícitos o ilícitos, y para eso
se debe preparar.
Lo que está en juego es ni más ni menos que la Presidencia de
la República, con todo el poder que eso conlleva. Los que se pueden ver
afectados no son únicamente los partidos políticos opositores, sino todos los
grupos económicos y sociales que se benefician del actual statu quo. Como hace
12 años, serán muchos los actores que intenten detener a López Obrador y sería
ingenuo de su parte no asumirlo desde el inicio.
La prevención política tiene que incluir, desde luego, un
estricto apego a derecho de todas y cada una de las acciones que AMLO y su
equipo cercano emprendan; también los obliga a prepararse para responder
oportuna y certeramente a los ataques que les lancen tanto por las vías legales
como desde los medios de comunicación masiva y las redes sociales, pues para
cumplir su objetivo tienen que ganar las batallas legales y mediáticas.
Es una realidad que en el 2006 los enemigos de AMLO hicieron
uso de toda la artillería a su disposición; varias de sus acciones violentaron
incluso la normatividad vigente, por lo que, desde luego, la contienda fue
inequitativa. López Obrador y su equipo de campaña reaccionaron mal y tarde en
ese entonces, y pagaron las consecuencias; de manera que si desean tener éxito
en esta ocasión deben aprender de los errores que cometieron hace 12 y seis
años y superarlos, pues el video reciente es la primera muestra de que sus
enemigos harán uso de todo el arsenal perverso a su disposición.
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