En Panamá,
Brasil y Guatemala, países latinoamericanos, funcionarios y hasta presidentes
son investigados por corrupción. En
México, brotan casos de “moches” solicitados por legisladores de partidos
políticos que hasta la fecha no tuvieron mayor repercusión que el escándalo.
La Cámara de
Diputados tiene la facultad exclusiva de discutir y aprobar el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF), documento con el que se determinan los recursos
públicos que gastará el Gobierno federal, así como los que se repartirán a los
gobiernos estatales y los que se distribuirán mediante fondos y partidas
particulares.
En febrero del año pasado
organizaciones civiles como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
y México Evalúa interpusieron un juicio de amparo en contra de la Cámara de
Diputados con el fin de frenar el esquema que permitía “los moches” entre los
diputados federales, es decir, el uso de dinero público para fines privados.
El Poder Ejecutivo es el único con la
facultad de definir el contenido de ese presupuesto de egresos. Pero en
noviembre de 2015, documentaron los demandantes, los diputados federales
excedieron su facultad constitucional para “modificar” el Presupuesto de
Egresos de la Federación al crear nuevos fondos dentro del Ramo 23, los cuales
no cuentan con objetivos, reglas de operación o mecanismos de evaluación
claros. Los recursos utilizados para la creación de esos nuevos fondos
irregulares –con el fin de transferir el dinero a las entidades– provienen de recortes
aprobados por los mismos diputados federales a programas en materia de salud y
educación.
El juicio de amparo no procedió y el
fenómeno continúa.
El ex presidente panameño Ricardo
Martinelli (2009-2014) fue detenido ayer en Florida, Estados Unidos. Sobre él rondaba una alerta roja de
la Policía Internacional (Interpol) solicitada por la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) de Panamá, quien lo investiga por la supuesta interceptación de
comunicaciones privadas a más de 200 opositores durante su mandato y por
delitos contra la administración pública en “diferentes formas de peculado
[desvío de dinero]”. Hoy ha comparecido
ante la justicia donde se le informó del proceso de extradición y se le negó la
libertad bajo fianza.
En Brasil, en un contexto de turbulencias
económicas, la Policía Federal investiga al presidente Michel Temer por
acusaciones de corrupción, pertenecer a una asociación criminal y obstrucción a la justicia. Temer
asumió la Presidencia en agosto pasado luego de que el Senado destituyó a Dilma
Rousseff tras declararla culpable en un juicio político por maniobras para
maquillar las cuentas públicas.
La Fiscalía de Guatemala, por su
parte, solicitó tramitar el retiro de la inmunidad política al presidente Jimmy
Morales para poder investigarlo en torno al incendio de un hogar para menores, en el que murieron 41 menores de
edad por intoxicación y quemaduras. El incidente ocurrió el 8 de marzo en el
Hogar Virgen de la Asunción, un centro estatal de acogida a niños y
adolescentes que sufrían abandono, abusos físicos y sexuales y discapacidad.
En ese mismo país, vecino sureño de
México, su ex presidente Otto Pérez Molina fue encarcelado por corrupción.
El diario
Pulso San Luis reveló este lunes que diputados del Congreso estatal y miembros
de la Auditoría Superior de San Luis Potosí extorsionan a Presidentes
Municipales a cambio de borrarles posibles irregularidades en las observaciones
a sus cuentas públicas. Hoy uno de los legisladores involucrados, Enrique
Flores Flores, dejó el cargo como líder de la fracción parlamentaria del
Partido Acción Nacional (PAN). Mientras que el titular de la Auditoría Superior
estatal, José de Jesús Martínez Loredo, aseguró que ningún Diputado “tiene
injerencia” sobre la labor del órgano autónomo.
Hasta el momento la Procuraduría
General de Justicia de San Luis Potosí no ha iniciado las averiguaciones.
LOS MOCHES
DE VILLAREAL Y BELTRONES.
Mientras en esas naciones de la
región los altos mandos son investigados, en México solo desaparecen de la luz
pública tras explotarles señalamientos en su contra o continúan su carrera
política en otros cargos…
A finales de
2013 y principios de 2014, los entonces
coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, Luis Alberto
Villarreal, del Partido Acción Nacional (PAN), Manlio Fabio Beltrones, del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Silvano Aureoles Conejo, del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) fueron señalados por su presunta
responsabilidad en el cobro de “comisiones” a alcaldes de Guanajuato y Sonora,
a cambio de la entrega de recursos públicos.
En un audio
difundido en enero de ese año, Ismael
Pérez Ordaz, en ese momento alcalde de Celaya, Guanajuato, aseguró que en
diciembre de 2012 diputados del PAN, liderados por Villareal, le exigieron el
pago de una comisión del 35 por ciento a cambio de la asignación de recursos
por 160 millones de pesos para pavimentaciones en su municipio como parte del
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013.
“Hay una cúpula. Ellos nos las
patrocinaron [las pavimentaciones] con la consigna de que se los diéramos a una
constructora que ellos nos iban a asignar y que la obra estuviera inflada un 35
por ciento para que pudiera ser solventado este asunto”, explicó
el ex edil Pérez Ordaz, de acuerdo a un audio publicado por Reforma. El año pasado, la Auditoría Superior del
Estado de Guanajuato (ASE) recomendó realizar denuncias penales y demandas
civiles contra ex funcionarios de Celaya entre los que se encuentra ese alcalde
por presuntas irregularidades en el uso y destino de recursos públicos.
Gustavo
Madero, presidente del PAN durante ese periodo, no se pronunció pese a
peticiones del Gobernador guanajuatense Miguel Márquez Márquez.
Un año después, en 2014, el panista
Luis Villareal renunció a su cargo. No por las acusaciones de “pasar la charola”,
sino tras la difusión de un video donde se le veía en una fiesta en Puerto
Vallarta, Jalisco, bailando con dos mujeres en el marco de una asamblea
legislativa.
La
Procuraduría General de la República abrió una investigación en su contra. En abril de 2015, Villarreal mostró un
documento en el que la PGR señalaba que “no se encontró ningún elemento
constitutivo de delito alguno en su contra”.
Hoy en su
cuenta de Twitter no hay rastro alguno de su pasado político. Se le ha visto
muy cercano al ex Gobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien
aspira a ser uno de los candidatos a la Presidencia en 2018.
BELTRONES,
SALPICADO.
En marzo de 2014 una investigación
del diario guanajuatense AM reveló, de acuerdo con testimonios de legisladores
y autoridades de Guanajuato, que el priista Manlio Fabio Beltrones, entonces
coordinador parlamentario, también estaba involucrado con el cobro de moches a
cambio de fondos federales para obras públicas realizadas por empresas afines
al político.
Luis Fernández Berras, colaborador de
Beltrones, era el principal promotor, coordinador y cobrador de moches a
alcaldes priistas.
En Celaya las comisiones irregulares las cobraron los empresarios sonorenses
Humberto Vázquez Campo, Marcel Alan Quintal Abril y José Virgilio Cabral Luque,
vinculados con las firmas beneficiadas Urepeche, Berro Concretos, Estructuras y
Servicios Esmeralda y Payconss del Noroeste. Los tres amigos, originarios de Sonora al igual que Beltrones, siempre
se identificaron como enviados de Villarreal y Manlio, de acuerdo con AM.
Entre los alcaldes extorsionados
figuraron Pedro Flores Moreno, de San Ignacio Río Muerto, municipio al sureste
de Sonora y el alcalde de Nogales, Ramón Guzmán Muñoz. La red de empresas
constructoras recibió por tres años contratos de obra pública por 500 millones
de pesos en diez municipios de Sonora. Todos los contratos correspondían a
obras ejecutadas con recursos federales.
Ante la
investigación periodística, Manlio Fabio
Beltrones publicó una carta donde lo negaba y el alcalde panista de Celaya
Ismael Pérez Ordaz –también involucrado en el caso de moches de Luis Villareal–
dijo que solo eran “meras especulaciones” y que no conocía al priista.
“Es
absolutamente falso que un servidor esté ‘involucrado en el cobro de comisiones
por gestión de fondos federales’ de ningún tipo, en ningún municipio de
Guanajuato y de ninguna entidad del país. No compete a los legisladores
determinar el ejercicio de los presupuestos Presupuesto anual que propone el
Ejecutivo. No conozco al alcalde de Celaya, que no es de mi partido, ni a
ningún otro funcionario de ese Ayuntamiento, por lo que ignoro cuáles son las
fuentes y las intenciones de la falta información que se publica”, escribió.
Después, en
noviembre de 2015, surgió otro audio. Como presidenta de la Federación Nacional
de Municipios de México (Fenamm), Bárbara
Botello exigió reformas legales para que los alcaldes pudieran obtener recursos
federales mediante procesos transparentes y con reglas claras que evitaran el
manejo discrecional por parte de los legisladores. Aunque Botello nunca hizo
alusión directa a Villarreal y a Beltrones, en la filtración se le escucha
preocupada porque Beltrones, quien llegaría a la presidencia del partido
tricolor, pudiera estar molesto por sus declaraciones.
Manlio Fabio
Beltrones ha sido Gobernador de Sonora, Diputado, Senador y coordinador
parlamentario en ambas Cámaras. Su cargo como dirigente del PRI sería de 2015 a
2019, pero el 20 de junio del año pasado presentó su renuncia tras la pérdida
del partido tricolor en siete gubernaturas, entre ellas, Quintana Roo,
Veracruz, Durango y Tamaulipas.
El escándalo
mediático quedó atrás. Actualmente Beltrones se dedica a promover los gobiernos
de coalición.
El sábado
pasado, Manlio Fabio Beltrones comía “delicioso” con su esposa y amigos en un
restaurante con toque español en la Ciudad de México.
… Y EL AHORA
GOBERNADOR DE MICHOACÁN SILVANO AUREOLES CONEJO TAMBIÉN.
El mismo día que se destapó el caso
de los moches del priista Manlio Fabio Beltrones, Andrés Manuel López Obrador,
líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que el coordinador
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Silvano Aureoles
Conejo, también recibía una “mochada” por aprobarle a los ayuntamientos y a los
gobiernos estatales partidas presupuestales para obras.
“En esto tiene que haber una
investigación a fondo, pero no sólo de los diputados del PAN, que fue lo
primero que se ventiló. Lo mismo han hecho coordinadores del PRI y, me duele
decirlo, del PRD”, dijo López Obrador a reporteros en Tecomán, Colima, aquel
marzo de 2014.
Sin embargo,
al ser cuestionado sobre qué instancia
podría investigar el caso, López Obrador manifestó no creer en ningún
organismo.
“Los responsables de combatir la
corrupción son ellos mismos. Es como pedirle al ladrón que le castigue a otro
ladrón. Es muy difícil”, comentó. “Cómo va el Procurador
General de la República, Jesús Murillo Karam, a investigar al priista Manlio
Fabio Beltrones, si Manlio Fabio fue jefe de Murillo. Son lo mismo”, remató.
Pese a ello,
en 2015 el perredista Silvano Aureoles arrancó su campaña para gobernar, como lo
hace actualmente, el estado de Michoacán, epicentro de conflictos entre grupos
del crimen organizado.
Francisco Gallo, delegado estatal de
la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), acusó el cobro de
moches de un 10 por ciento por cada contrato asignado por parte del
narcotráfico. Aureoles, como candidato, se comprometió a eliminarlos.
Ya como
Gobernador de Michoacán, en diciembre de 2016, Silvano Aureoles Conejo aseguró
que su administración no ofrecerá “moches” a los 40 diputados locales, para que
aprueben la reestructuración de la deuda pública estatal por 11 mil millones de
pesos. Hoy aspira a convertirse en presidente de México.
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