*Se
reproduce un fragmento de la noticia publicada este lunes en la primera plana
del diario estadounidense New York Times:
Destacados defensores de derechos
humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados
por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que,
en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.
Entre los
blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un
proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de
México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales
cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los
familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente.
Desde 2011,
al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de
dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí.
El software
conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros
aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por
medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos,
contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los
teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se
convierte en un micrófono oculto.
La empresa que fabrica el software,
NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos
con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos
criminales y carteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos
desde hace mucho tiempo.
Sin embargo,
según decenas de mensajes examinados por
The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido
utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del
gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin
precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la
corrupción que afecta a la sociedad mexicana.
“Somos los nuevos enemigos del
Estado”, señaló Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la
Competitividad, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada
Ley 3de3. Su iPhone y el de su esposa fueron blanco en varias ocasiones del
programa espía, según un análisis forense independiente. “La nuestra es una sociedad en la
que la democracia se ha deteriorado”, afirmó Pardinas.
Los ciberataques sofisticados en
contra de ciudadanos son indicativos de las luchas internas que se libran en
México y despiertan cuestionamientos legales y éticos sobre un gobierno que
enfrenta fuertes críticas por sus antecedentes en temas de derechos humanos.
Según la ley mexicana, un juez
federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones
privadas y solo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien
armado para realizar esa solicitud. Es muy poco probable que el gobierno haya
recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos de los activistas y
periodistas,
comentaron varios exfuncionarios de los servicios mexicanos de inteligencia.
“Las agencias mexicanas de seguridad
no le pedirían una orden a la corte porque saben que no la obtendrían”, dijo Eduardo Guerrero, un ex miembro
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, una de las agencias
gubernamentales que utilizan el programa espía Pegasus. “¿Cómo sería posible que un juez autorizara vigilar a alguien que se
dedica a la protección de los derechos humanos?”.
“Por supuesto que no se puede
justificar esa intervención”, agregó Guerrero. “Pero eso es irrelevante. En
México nadie pide permiso para hacerlo”.
Los intentos para realizar hackeos
fueron muy personalizados: llegaron a los objetivos por medio de mensajes
diseñados para inspirar pánico y conseguir un acceso rápido a los teléfonos
celulares. En el caso de Carmen Aristegui, una de las periodistas más famosas
de México, un operador se hizo pasar por la embajada de Estados Unidos en
México y le imploró darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema
con su visa. La esposa de Pardinas, el activista anticorrupción, recibió un
mensaje en el que le ofrecían pruebas de que su marido tenía un amorío.
El gobierno
mexicano reconoce haber recabado información de sospechosos legítimos de un
modo apegado a derecho. “Como en cualquier régimen democrático, a fin de
combatir al crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, el
gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia”, señaló un funcionario.
No obstante, el gobierno “rechaza
categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o
intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas,
activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización
judicial”.
Ya se sospechaba del uso de programas
espías por parte del gobierno mexicano, incluidos los intentos de hackeo a
opositores políticos y activistas cuyo trabajo ha afectado intereses
corporativos en México.
Sin embargo,
no hay pruebas definitivas de que el
gobierno sea responsable. El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo
utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar
exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo.
Pero los ciber-expertos pueden
verificar en qué momento se ha utilizado el software en el teléfono de un
objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el gobierno mexicano o algún grupo
corrupto interno están involucrados.
“Básicamente, es lo mejor que hay”,
dijo sobre el análisis Bill Marczak, el investigador sénior en Citizen Lab que
confirmó que los teléfonos de activistas y periodistas mexicanos tenían rastros
del software.
Además, NSO
Group asegura que es muy poco probable
que los cibercriminales hayan obtenido acceso a Pegasus de algún modo, porque
el programa solo puede ser utilizado por las agencias gubernamentales en las
que se ha instalado la tecnología.
NSO Group
afirma que investiga el historial de los gobiernos en temas de derechos humanos
antes de venderles el software. No obstante, una vez que otorgan la licencia e
instalan el hardware dentro de las agencias de inteligencia y los cuerpos de
seguridad, la empresa dice que no hay
manera de saber cómo se utilizan las herramientas espías o contra quién están
siendo usadas.
La compañía simplemente le cobra a
sus clientes gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar. Para
espiar a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650.000
dólares, además de la cuota de instalación de 500.000 dólares, según las
propuestas de comercialización de NSO Group que revisó The New York Times.
Aunque NSO Group supiera que se está
haciendo un mal uso de su software, la empresa dice que no podría hacer mucho
al respecto: no puede entrar en las agencias de inteligencia, quitar el
software y llevarse el hardware. Más bien, NSO Group confía en que sus clientes cooperarán
con una inspección interna que realizaría la empresa, la cual entregaría los
resultados a la autoridad legal competente… por lo que los gobiernos terminan
siendo los responsables de vigilarse a ellos mismos.
Normalmente,
el único recurso de la empresa es ir
reduciendo poco a poco el acceso del gobierno a las herramientas en el
transcurso de varios meses, o incluso años, al dejar de proporcionar nuevos
parches o actualizaciones del software.
Sin embargo,
en el caso de México, NSO Group no ha
condenado ni ha reconocido que haya abuso de su software, a pesar de que se han
presentado evidencias en repetidas ocasiones que demuestran que sus
herramientas se han utilizado en contra de ciudadanos comunes y sus familias.
El paso de
la esperanza a la intimidación.
Desde hace mucho tiempo, los
periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción en
México han enfrentado peligros enormes. Durante décadas los han seguido,
acosado, amenazado e, incluso, asesinado por realizar su trabajo; riesgos laborales más comunes en
Estados autoritarios que en los que forman parte de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, como es el caso de México.
Enrique Peña
Nieto comenzó su mandato en 2012 con la promesa de dejar atrás la historia
atribulada del país y poner a México en el lugar que se merece dentro del
escenario mundial por medio de reformas a la educación, a las
telecomunicaciones o al sector energético.
No obstante, para 2014 se habían
desvanecido gran parte de esas promesas tempranas por escándalos y crisis,
entre ellos la desaparición de 43 estudiantes normalistas después de un
enfrentamiento con la policía y las acusaciones de que el mandatario y su
esposa adquirieron una casa lujosa de un constructor que después recibió varios
contratos públicos.
Son escándalos que han derrumbado la
imagen perfectamente cuidada que Peña Nieto tuvo como candidato –un político enérgico dispuesto a
trabajar en conjunto con otros partidos para modernizar y mover a México– y lo han pintado como un funcionario
corrupto que desconoce la realidad que viven los mexicanos. Ese cambio es el
resultado, en buena medida, del trabajo de los periodistas mexicanos que
develaron los casos y de los activistas y defensores que no han permitido que
sean olvidados.
“Este era un
gobierno que pasó de establecer la agenda a ser reactivo”, dijo Carlos Loret de
Mola, un popular conductor de televisión que recibió ocho mensajes de texto que
contenían código para infectar su teléfono con el programa Pegasus. “Entonces
vieron a los periodistas y pensaron: ‘Estos están sacando estas cosas y nos
hacen quedar mal, mejor los espiamos’”.
México
todavía está muy lejos de ser como Turquía, la nación que encarcela a más periodistas
en todo el mundo. No es como China, un Estado autoritario en donde se silencian
las críticas y el gobierno considera que la prensa libre es un peligro
político. Pero, de igual manera, México
vive una crisis con respecto a esos temas.
El año pasado, fueron asesinados más
periodistas que durante cualquier otro año de este siglo; el 2017 ya va
encaminado a romper ese récord.
“El hecho de que el gobierno esté
usando vigilancia de alta tecnología en contra de defensores de derechos
humanos y periodistas que exponen la corrupción, en lugar de contra los
responsables de estos abusos, dice mucho de para quién trabaja el gobierno”, dijo Luis Fernando García, director
de R3D, un grupo de derechos digitales en México que ha ayudado a identificar
varios casos de abuso del programa Pegasus. “Definitivamente no es a favor del
pueblo”.
Un caso
cercano al presidente.
Quizá ningún otro periodista en
México ha dañado más la reputación del presidente Peña Nieto que Carmen
Aristegui. Y pocos han pagado tan caro por haberlo hecho.
Ella y su
equipo sacaron a la luz en 2014 el escándalo de la “Casa blanca”, una historia
de intrigas de bienes raíces que involucraba un arreglo especial para la
primera dama por parte de un contratista del gobierno que tiene una relación de
vieja data con el mandatario.
La historia alcanzó una audiencia
mundial y obligó a la esposa del presidente a entregar la casa, lo cual
representó una especie de dilema ético para el gobierno mexicano; en otro país
quizá habría resultado en el nombramiento de un fiscal independiente o en una
pesquisa legislativa. Al final el presidente fue exculpado por la Secretaría de la Función
Pública, mientras que Aristegui perdió
su trabajo. Su despido marcó el inicio de una campaña prolongada de acoso y
difamación en su contra: demandas, allanamientos de sus oficinas, amenazas a su
seguridad personal y el monitoreo de todos sus movimientos.
“Se trata de un acto de venganza por
el reportaje”, dijo
Aristegui en una entrevista reciente. “No
se puede ver de otra manera”.
Así que le pareció sospechoso cuando
en 2015 empezó a recibir mensajes de texto de números desconocidos, en los
cuales le urgían a que diera clic a un enlace. Uno contenía un llamado de ayuda
para encontrar a un menor desaparecido; otro tenía una alerta por supuestos
cargos desconocidos a su tarjeta de crédito, y otro tenía la presunta nota de
la embajada estadounidense sobre su visa.
Cuando estos mensajes no fueron
suficiente para que le diera clic al hipervínculo y descargara el software de
manera inadvertida, los siguientes fueron más estridentes; incluso recibió uno
que decía que la iban a arrestar. Varios de los mensajes llegaron del mismo
número telefónico, dando muestra de los descuidos del operador.
Y siguieron
intentándolo. En marzo, los mensajes de
texto también comenzaron a llegar al teléfono del hijo de 16 años de Aristegui,
Emilio. “La única razón por la que irían tras mi hijo es para intentar
encontrar algo en contra de mí, para causarme daño”, dijo Aristegui.
Después de
su despido, por supuestos desacuerdos dentro de la radiodifusora MVS Noticias,
mantuvo su carrera publicando noticias en su sitio web. Pero la situación le ha
cobrado factura, en especial las demandas. En una querella presentada por el
presidente de MVS, un juez dijo que Aristegui “excedió su libertad de expresión
y de información” por la publicación de un libro de su equipo de reporteros
sobre el caso de la Casa Blanca.
En varias
ocasiones han hackeado su sitio web y en noviembre irrumpieron en sus oficinas.
Los agresores fueron tan descarados que ni siquiera se molestaron en usar
máscaras y no han sido detenidos. Ella ha decidido canalizar las amenazas, el
acoso e incluso el espionaje en su trabajo.
“He optado por creer que mi trabajo
público es lo que me protegerá”, dijo Aristegui. “El gran reto para los
periodistas y los ciudadanos es que el miedo nos sirva y no nos conquiste”.
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