La quema de 4 mil 500 toneladas de
basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes
nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales,
advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión.
Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de
México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una
licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá
electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4 mil 500
de las casi 13 mil toneladas de basura que genera la urbe.
La termovalorización consiste en
descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor
producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración
se pueden emplear en la industria de la construcción.
Raúl Sergio
Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a
2005, explica a Efe que el concepto
termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su
nombre: incineración.
“México firmó el Convenio de
Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías
que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como
las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la
organización Fronteras Comunes.
A través del Convenio de Estocolmo
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los
países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto
y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos.
Según
Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la
termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero
(GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa
por su eficiencia energética.
Estas plantas operan en muchas
ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las
autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice
a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones
Institucionales de Veolia México.
El jefe de
la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no
estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta
tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales
satisfactorios en Europa y Asia.
Sin embargo,
en enero de 2017 un documento de la
Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante
incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la
opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”.
Además de violar el Convenio de
Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de
residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la
Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión
de sustancias peligrosas al ambiente.
El director
de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que, tras el cierre del
relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina
con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un
modelo de gestión basado en basura cero.
“Lo dejaron
pasar y hoy nos dicen: o mandamos la
basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de
la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala.
Basura cero es un modelo de gestión
de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de
basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos.
Ramón Ojeda
Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo
proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de
basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre
tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Ahí se construirá la planta de
Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en
2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París,
que fija las metas para reducir la emisión de GEI.
“Si de todo eso no nos hacen caso
aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a
conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos
ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y
mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.
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