Otro desafío a la democracia.

Salvador Camarena.

Este fin de semana, la exgobernadora de Yucatán Ivonne Ortega, suspirante de la candidatura presidencial tricolor, criticó “viejas prácticas” de su partido. Horas después en Twitter la tundieron con ataques rubricados con la leyenda #LaCorrupciondeIvonne. Ortega respondió a los ataques cuestionando: “¿Fuego amigo?”

Este episodio sirve para retomar un aspecto no suficientemente atendido: las campañas electorales y el uso de las redes sociales para avasallar al contrincante.

Allá por los años ochenta, gracias a monitoreos académicos y ciudadanos se pudo demostrar que el PRI-Gobierno destrozaba cualquier principio de equidad en propaganda y cobertura informativa.

En medio de un entorno de creciente reclamo democratizador, esos estudios obligaron al régimen a limitarse al tiempo que se produjeron leyes (con las consiguientes penalizaciones) para normar, en aras de la equidad, propaganda y coberturas. Es posible que hayamos caído en el extremo de la sobrerregulación, pero ese es otro tema. El caso es que ese marco normativo también generó incentivos perversos.

Hoy tenemos los enemil espectaculares de #pokemoreno (antes conocido en Puebla como #GoberBala) en toda la República, las revistas que no circulan pero que sí se anuncian y a lo grande, etcétera, etcétera, hasta llegar al tema de la propaganda, favorable o negativa, en las redes sociales de Internet.

En las recientemente concluidas elecciones –y sólo por poner un ejemplo– en los días de la llamada veda electoral fue notorio en Twitter el activismo de ustedes se puede imaginar quién en contra de la maestra Delfina Gómez, a quien trajeron duro y dale a toallazos digitales con este o aquel hashtag. Nadie puede probar que esos ataques fueron decisivos en el resultado electoral en el Estado de México, pero en la revisión del desaseo de estas competidas elecciones debería incluirse el tema de las redes sociales y su incidencia en los comicios.

Hace un mes, Alberto Serdán dio una conferencia en el Instituto Nacional Electoral, en donde subrayaba que ya “sea obstaculizando o callando la libertad expresión, los actores políticos pueden usar a estos medios (las redes sociales) para alienar a la opinión pública, des-movilizarla y despolitizarla a través de quirúrgicas campañas de ofensas, insultos, amenazas, manipulación y desinformación que neutralizan toda posibilidad de deliberación pública y alejan a las personas del ejercicio de su ciudadanía”.

Serdán apuntaba también que “mientras que la propaganda electoral desplegada en canales de televisión y radio se apega razonablemente a las disposiciones legales; en Internet la propaganda electoral avanza más allá de los límites permitidos por la legislación electoral en términos de frecuencia y calidad con campañas negativas”.

En esa ocasión Serdán dijo que “el INE está llamado a fomentar el debate público como antídoto a las campañas negativas”. Me temo que no es por ahí. El INE y otras entidades (universidades, observatorios ciudadanos, etc.) deben empezar por reconocer que este reto es descomunal.

Se trata de descubrir, en un océano particularmente opaco como es Internet, las manos que mecen las redes.

Se trata de revelar operaciones secretas u ocultas que mediante el uso de medios digitales (leer Facebook influye en las elecciones http://bit.ly/2ta7rZc) pretenden tumbar del caballo a equis jinete y posicionar a su contrario.

Se trata de entender de qué manera vía SMS o fake news también se está librando esta guerra.

Porque no sólo será importante saber quiénes, con dinero surgido de dónde, a quiénes y cuánto pagan por denostar o encomiar a tal o cual candidato, se trata de comprender que, por esa vía, y de nueva cuenta, se está desollando la democracia.

Es mucho más que fuego amigo, es un grave desafío a la ley.