Suprimir el nefasto PREP.

Francisco Ortiz Pinchetti.

En junio de 1968, hace casi medio siglo, viví en Baja California mi primera experiencia electoral como reportero. Me tocó cubrir las elecciones municipales de Tijuana y Mexicali. Y ahí me topé con alguien que me acompañaría un buen trecho de mi carrera profesional: el fraude electoral. Creo que lo conozco.

La elección en ambos municipios bajacalifornianos fue un cochinero. A pesar de todas las artimañas y chapucerías del sistema priista, sin embargo, la votación favoreció a los candidatos del PAN, Luis Enrique Enciso Clark y Norberto Corella Gil Samaniego, respectivamente. Y entonces se llegó al extremo de introducir durante la madrugada equipos de calígrafos especializados a los recintos donde se guardaban los paquetes electorales para falsificar y suplir las actas correspondientes.

La maniobra fue descubierta y abortada por los ciudadanos que hacían guardia de día y de noche en torno a los locales. Finalmente, el Congreso del Estado optó por anular ambas elecciones y nombrar sendos concejos municipales… con lo que acabó por consumarse el fraude. Así lo consigné en mis crónicas publicadas en la revista Gente. Esa fue mi primera vez.

Desde entonces, especializado sin pretenderlo en coberturas electorales, he sido testigo periodístico del devenir y la transformación de nuestro sistema comicial. A lo largo de tres décadas cubrí para el semanario Proceso cuatro procesos presidenciales y más de treinta elecciones estatales y municipales, algunas tan conflictivas y graves como la de 1986 en Chihuahua. Además, las presidenciales de 1990 en Perú y Nicaragua. Puedo entonces decir que soy un periodista experimentado en el tema.

Por supuesto que sé lo que es una elección en manos de un Consejo Estatal Electoral integrado por funcionarios públicos designados por el gobernador. Conocí en vivo lo que son los “carruseles” de votantes, la falsificación de boletas y de actas, los “tacos” de votos, las “urnas embarazadas”, la suplantación o expulsión de representantes de partidos en las casillas, la operación “ratón loco”, la violación de la secrecía del sufragio, el “rasurado” del padrón y mil marranadas más. Me tocó verlas, documentarlas y denunciarlas incontables veces. Aprendí a olerlas.

Pienso que en Chihuahua 86 se dio el sumun del fraude electoral. Es su más acabado ejemplo. Conforme un plan urdido en el despacho del entonces priista Manuel Bartlett Díaz en la Secretaría de Gobernación, como pude documentar, se recurrió a todas las mañas y maniobras del elenco fraudulento –todas– para burlar la voluntad de los chihuahuenses, que sólo exigían su derecho al sufragio efectivo.

Eso no sería posible hoy. Las sucesivas reformas electorales ocurridas en nuestro país –justo a partir del fraude de 86 en Chihuahua y de la controvertida elección presidencial de 1988, que marcaron un límite–, han transformado radicalmente nuestro sistema comicial.

Hay que reconocerlo. Y valorarlo. Hoy los ciudadanos vigilan la elección y los votos se emiten en orden y se cuentan. Así de simple.

En esta transformación han sido claves varias medidas adoptadas por nuestros legisladores en los últimos 20 años. Una crucial fue la ciudadanización de los órganos electorales. Desde 1994 los comicios están “en manos de ciudadanos, no de funcionarios”, como apunta José Woldenberg. Otra fue la credencial de elector con fotografía –que tiene 16 candados de seguridad– y la lista nominal con fotografía, que erradicaron la posibilidad del voto en “carrusel” por ejemplo. También es importante la urna transparente, que impide el “embarazo” previo de las mismas. Los funcionarios de casilla son ciudadanos, vecinos, insaculados por sorteo. Y se usan boletas infalsificables, foliadas y firmadas por los representantes de partidos y candidatos.

Otro avance fue el conteo rápido, como método probabilístico, estadístico, para obtener mediante una muestra de casillas diseñada por expertos una aproximación generalmente muy precisa de la tendencia de una votación. Es un instrumento con bases científicas, basado en las actas de escrutinio, que funciona siempre y cuando exista una diferencia mínimamente clara entre los contendientes, lo que no ocurrió por ejemplo en las recientes elecciones estatales en Coahuila. Los porcentajes que arroja el conteo rápido, hay que reiterarlo, no son en absoluto resultados oficiales de la elección.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) es otra cosa. Se trata de una herramienta para la suma de votos de manera mecánica, podríamos decir, sin ninguna posibilidad de manipulación. El PREP, concebido originalmente por especialistas de la UNAM para dar certidumbre a las elecciones, va adicionando los datos de la votación contenidos en las actas de escrutinio, ojo, conforme éstos van ingresando al sistema. Tal cual. Y ocurre lógicamente que primero lleguen los resultados de una zona del estado o del país, por ejemplo, y luego los de otras.

Esto explica la aparente inconsistencia de su información, cambiante, en tanto no alcanza un nivel de captación que efectivamente indique una tendencia clara.

De ahí las famosas y “sospechosísimas” volteretas del PREP, utilizadas a menudo para descalificar todo el proceso. Por ignorancia o por dolo, esos cambios se atribuyen a una manipulación premeditada, que no existe. Los resultados del Programa tampoco tienen validez oficial. El único resultado oficial es el que arroja el conteo distrital de los votos en las juntas computadoras, que generalmente se realiza el miércoles siguiente al día de la votación.

Contrariamente a los motivos que le dieron origen, el PREP se ha convertido en un instrumento que abona más a la incertidumbre y la sospecha que a la certeza. En realidad, no sirve para nada. Es una monserga. Me parece que es el momento de plantear su desaparición, de plano. O cuando menos la modificación de su funcionamiento, de modo de que su conteo se haga público sólo a partir de que alcance un porcentaje de la votación suficientemente indicativo. De lo contrario, se seguirá usando para descalificar a nuestras costosas elecciones.