El rabo torcido.

Alejandro Páez Varela.

El verano pasado me contaron que las televisoras hincaron a Egidio Torre Cantú. Y que el Gobernador de Tamaulipas cedía sin más; incluso contento y agradecido. El estado era un verdadero desastre, pero la prensa nunca lo reflejaba. Todos contentos. Todos a mano.

Torre Cantú, me contaron, entregó a los consorcios de medios, por asignación directa, los contratos de los C4 de al menos tres ciudades importantes (uno por televisora). Fueron esas empresas de medios las que instalaron los circuitos de videovigilancia y los cobraron bien, a veces por medio de filiales. Eso me dijeron.

Esto es independiente de los jugosos contratos de publicidad, los llamados “convenios”, que los mandatarios deben firmar o son doblados a madrazos. Y aparte está la lista de lo que cobran los periodistas de manera individual, unos nacionales y otros locales. Y además están los favores que se hacen a los comunicadores: arreglos por aquí, concesiones por acá.

Miles de millones de pesos de los mexicanos destinados, sólo en esa entidad, a los grandes consorcios. Eso me dijeron. Miles de millones con tal de mantener “una buena relación con la prensa”.

Ahora multiplique esos contratos por 33 entidades: ¿quién, entre los gobernadores, les da más? Ese, amigos, es el secreto mejor guardado.

La relación de los gobiernos de los estados con la prensa básicamente yace en un pantano oscuro. Nadie mete las manos. De eso nadie habla. Es un tema tabú.

Miles de millones para comprar el silencio, mientras Tamaulipas se hundía.

El asesinato de Javier Valdez fue una fuerte sacudida para todos. Sí: hasta la prensa tradicional, que se había negado a reconocer que, por ejemplo, con Javier Duarte de Ochoa en Veracruz los reporteros vivían en el terror; sí, incluso aquellos que no publicaron una sola línea del asesinato de Regina Martínez o que criminalizaron a Rubén Espinosa, cayeron en cuenta que la violencia los alcanzaría sin importar cuántas loas le echan al Gobierno federal o cuántas veces ocultaron la violencia que se vive en las entidades.

El asesinato de Javier Valdez –que camina hacia la impunidad– fue un campanazo que permitió que muchos medios que estaban en silencio abrieran la boca por primera vez.

Pero auguro (y casi podría apostar mi sueldo de los próximos 100 años) que esos mismos medios se quedarán en silencio cuando sea necesario brincar de la “condena” por los asesinatos de periodistas a lo urgente en la agenda de corto plazo: transparentar los recursos públicos que recibe cada uno y que, de acuerdo con organizaciones internacionales, influye en la línea editorial.

Allí es donde la puerca va a torcer el rabo.

Los gigantes de medios, vaticino, se quedarán en silencio cuando llegue el momento de hablar de la urgente necesidad de transparentar la relación entre el Estado mexicano y la prensa.

Sí, firmaremos juntos muchos desplegados que acusan así, en abstracto, por la falta de seguridad para el ejercicio de la libertad de expresión.

Pero cuando toque dar el siguiente paso, que es rendir cuentas ante la sociedad, esa misma prensa se quedará muda. O bien, todavía mejor, se opondrá a que los gobiernos digan exactamente cuánto dinero le dan a cada uno, año con año.

Una buena parte de la prensa tradicional vive del erario. Y le apuesta a seguir así, si se puede, hasta la eternidad.

En los momentos más oscuros para el periodismo de Veracruz, hubo prensa local y nacional que jamás tocaron el tema. Luego circuló una lista de los medios a los que Javier Duarte les debía. Y les debía, porque se había robado lo que quedaba en las arcas; pero ya había pagado una buena parte durante su sexenio.

Por eso, a muchos medios les importa un carajo que maten a los de a pie: mientras los gobiernos estatales suelten la lana, qué más da uno o dos muertos o más.

Así las cosas, amigos. Esa es la realidad.

Están los convenios de publicidad, las listas de periodistas que cobran directo a los gobiernos estatales y los favores, muchos, que se reparten todo el año, en todas partes.

Y hay más. Allí no termina. El paquete de las televisoras me dijo otra fuente bien enterada, es muchísimo más amplio.

Los gobiernos estatales deben comprarles servicios de telefonía, servicios de internet, dar facilidades a sus equipos de futbol y a sus empresas de espectáculos. Hay algunas televisoras que además venden medicamentos; que tienen “boleteras”, centros de expedición de boletos y hay que darles permisos. Administran carteleras, tienen revistas y hay que comprarles alguna portada o anuncios o páginas de publi-reportajes. Hay video-reportajes, también. Y circuitos cerrados, y servicios satelitales, y servicios de fibra óptica.

Una industria completa que vive de la extorsión, que trafica con el poder… que paradójicamente le dan los de a pie: esos a los que matan.

Un Gobernador que no quiera meterse en problemas, debe pagar el paquete completo. Eso me dijeron. Y si el Gobernador sueltan la lana, un medio puede hacerse güey con los periodistas muertos. Esto último lo deduzco porque así lo han demostrado. Allí están los archivos recientes, de los últimos pocos años, cuando empezaba la matanza de periodistas y Regina, de Proceso, nunca subió a una portada.

Empezando desde arriba, desde Enrique Peña Nieto, que dijo que iba a transparentar la relación con la prensa. No lo hizo. Otra promesa incumplida.

Mejor comprar la voluntad de los dueños de la prensa y a los de a pie, que se los cargue la tiznada. Si los matan, que la FEADLE se encargue de simular un ejercicio de justicia mientras hunde los casos en la impunidad. Que al cabo qué, dirá (y dirán): ¿quién quiere darle justicia a los roñosos de abajo si se tiene comprada la voluntad de los grandes consorcios y sus dueños? ¿A quién le preocupa que maten reporteros si los de arriba, sus jefes, están bien atendidos?

Celebro que, tras el asesinato de Javier Valdez, muchos se sacudieran; incluso dentro de la prensa tradicional, que se había negado a reconocer que los de a pie viven una pesadilla. Ya era hora.

Celebro que, por todo el país por fin, muchos periodistas están protestando, y se está armando una gran agenda para demandar seguridad.

Pero creo que este ejercicio, nacido del dolor y la indignación, quedará a medias si no le entramos al tema de los billetes. Todo será una falsedad, mientras no discutamos cómo lograr que se transparente el dinero que se le da a los medios. Uno por uno, medio por medio, peso por peso.

Y allí, lamento decirlo, es donde la puerca torcerá el rabo.

Pesarán más los miles de millones que se reparten desde el Gobierno federal y desde los gobiernos de los estados; pesarán más, sospecho-lamento.

Cuando matan a uno de nosotros, la sociedad no sale a respaldarnos. Eso lo reconocía el mismo Javier Valdez, cuya memoria, se supone, queremos respetar. Lo dijo en varias entrevistas.

Sospecho que la sociedad no nos respalda porque nos ve como parte de la misma mierda: igual de corruptos, igual de conchudos, igual de vividores que todos los demás: desde Javier Duarte hasta César Duarte, pasando por los Romero Deschamps, o los partidos políticos, o las constructoras-zángano, que chupan la sangre de un país en guerra, desigual, hasta la madre de pobres, desaparecidos e impunidad.

(Nosotros mismos, periodistas, deberíamos encabezar la lucha para que este país salga del túnel largo de la corrupción. O la muerte de todos los colegas habrá sido en vano. Debemos empujar la transparencia de los recursos públicos destinados a los medios. Es un imperativo. De verdad lo es).