El juez Distrito Eduardo Javier Sáenz
Torres citó para la próxima semana al prófugo exgobernador César Duarte y a
otros siete priistas para que respondan por el presunto desvío de 80 millones
de pesos para campañas electorales entre 2010 y 2016. Algunos ex colaboradores
suyos se acogieron a la figura de testigos protegidos y están soltando
información incriminatoria. Ante este escenario, la cuenta regresiva para una
eventual captura sigue su inevitable marcha.
Durante su
administración, el priista César Duarte
Jáquez no sólo benefició a familiares y amigos –a quienes otorgó puestos clave
para desfalcar al estado– presuntamente también desvió fondos para financiar varias
campañas de correligionarios que buscaron la gubernatura en sus entidades de
origen.
Duarte
Jáquez utilizó cuantiosos fondos del erario para la compra de casas, ranchos y
ganado, según los datos recabados por Proceso en las audiencias de seis de los siete
exfuncionarios duartistas que están siendo procesados.
Los detenidos en una primera etapa
son Javier Garfio Pacheco, originario de Balleza, quien fue secretario de
Comunicaciones y Obras Públicas en la pasada administración; Gerardo Villegas
Madriles, de Parral. Él se desempeñó como director de Administración de la
Secretaría de Hacienda, y Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación,
Cultura y Deporte y exdirector de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e
Infraestructura.
Posteriormente fueron aprehendidos el
diputado federal suplente Enrique Antonio Tarín García, primo de Duarte y
originario de Balleza, quien fue director de Adquisiciones y Servicios de
Hacienda; Karina Areli Jurado Bafidis, exdirectora de Administración de la
Secretaría de Educación y Deporte; Sergio Medina Ibarra, oriundo de Parral y
exdirector del Comité de Adquisiciones de Hacienda, y Jesús Manuel Esparza
Flores, también de Parral y extitular de la Auditoría Superior del Estado.
En sus
comparecencias, los testigos protegidos
expusieron que la coordinación de los directores de adquisición estuvo a cargo
de los directores generales de administración Carlos Hermosillo Arteaga (2011–
2013) y Gerardo Villegas (2013 a 2016).
El desvío de
recursos millonarios se realizó a través de la adjudicación directa para
medicamentos y otros servicios, con la autorización de los duartistas y por
medio de empresas creadas por funcionarios, familiares de Duarte o
prestanombres, en complicidad con empresarios y autoridades municipales.
En su último año de gestión, Duarte
“gratificó” con un millón de pesos a cada diputado que aprobó la
bursatilización que él propuso. Su iniciativa se impuso con 23 votos a favor y ocho en
contra.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.