La DEA provocó la matanza de las familias de Allende, Coahuila, revela investigación de Pulitzer.

La masacre que se vivió en Allende en marzo de 2011 donde sicarios del cártel de Los Zetas irrumpieron en el municipio y secuestraron a todos los que llevaban el apellido de un presunto traidor, incluidos mujeres y niños, y redujeron sus cuerpos a ceniza, fue desatada por la Administración para el Control de Drogas (DEA), reveló una investigación de la Premio Pulitzer Ginger Thompson.

“A diferencia de la mayoría de los lugares en México destrozados por la guerra contra las drogas, lo que pasó en Allende no se originó en México. Comenzó en Estados Unidos, cuando la DEA logró un triunfo inesperado”, escribió la periodista en el artículo “Anatomía de una masacre”.

De acuerdo con el texto, la responsabilidad de la DEA comenzó cuando un agente persuadió a un importante miembro de Los Zetas para que le entregara los números de identificación rastreables de los teléfonos celulares que pertenecían a dos de los capos más buscados del cartel, Miguel Ángel Treviño y su hermano Omar.

La investigación de la galardonada periodista Ginger Thompson se dio a conocer ayer en ProPublica y en National Geographic.

Tras el testimonio del miembro delator del cártel, la agencia estadounidense compartió información con una unidad de la policía mexicana y casi de inmediato los Treviño se enteraron de que habían sido traicionados. “Los hermanos planearon vengarse de los presuntos delatores, de sus familias y de cualquiera que tuviera un vínculo remoto con ellos”, destacó el Thompson.

La periodista mencionó que la atrocidad en Allende fue particularmente sorprendente porque los Treviño no solo habían basado algunas de sus operaciones en las cercanías — con movimientos de decenas de millones de dólares en drogas y armas por la zona cada mes — sino que también habían hecho del pueblo su casa.

En la investigación, la ganadora del Pulitzer destacó que durante años después de la matanza de Allende las autoridades mexicanas solamente hicieron esfuerzos inconsistentes para investigar. “Erigieron un monumento para honrar a las víctimas, sin determinar por completo lo que había sido de ellas ni castigar a los responsables”, precisó.

Al final, agregó, las autoridades estadounidenses ayudaron a México a capturar a los Treviño, pero nunca reconocieron el costo devastador de ello. En Allende, la gente sufrió, sobre todo en silencio, porque estaban demasiado asustados para hablar públicamente.

Hace un año, ProPublica y National Geographic emprendieron la labor de juntar las piezas de lo que pasó en este pueblo del estado de Coahuila: dejar a los que sufrieron la mayor parte del ataque, y a los que tuvieron algún papel en él, que contaran la historia en sus propias palabras, con frecuencia con gran riesgo para sus vidas.

Voces como las que aparecen en el artículo rara vez se han escuchado durante la lucha contra el narcotráfico en México: funcionarios locales que abandonaron sus puestos, familias asediadas por el cartel y por sus propios vecinos, operarios del cartel que cooperaron con la DEA y vieron asesinados a sus amigos y familias, el fiscal estadounidense que supervisó el caso y el agente de la DEA que lideró la investigación y quien, como la mayoría de la gente en esta historia, tiene vínculos familiares en ambos lados de la frontera.

“Cuando le preguntaron durante una entrevista sobre su papel en el caso, el agente, Richard Martínez se desplomó en su silla, con lágrimas en los ojos. ‘¿Cómo me hizo sentir el hecho de que la información se hubiera filtrado? Prefiero no decirlo, para ser honesto con usted. Me gustaría dejarlo así. Prefiero no decirlo’”, dice un fragmento de la investigación “Anatomía de una masacre”.

EL OPERATIVO Y LA FILTRACIÓN.

De acuerdo con la publicación, a principios de 2011, en las afueras de Dallas, Estados Unidos, la DEA había lanzado el operativo Too Legit to Quit [Demasiado Legítimo para Rendirse], después de unas redadas que tuvieron resultados sorprendentes. En una, la policía había encontrado 802 mil dólares en efectivo, empacados al vacío y escondidos en el tanque de gasolina de una camioneta. El conductor dijo que trabajaba para un tipo al que solo conocía como “El Diablo”.

Después de más detenciones, el agente Richard Martínez, de la DEA, y el fiscal federal adjunto Ernest González identificaron a “El Diablo” como José Vásquez, Jr., de 30 años, un nativo de Dallas que había empezado a vender droga cuando estaba en la secundaria y que entonces era el distribuidor de cocaína más importante de Los Zetas en el este de Texas, donde movía camiones llenos de drogas, armas y dinero cada mes.

Mientras se completaban los preparativos para detenerlo, Vásquez se fugó por la frontera hacia Allende, donde buscó protección de los miembros del círculo interno del cartel.

Pero Martínez y González vieron en su huida una oportunidad. Si podían persuadir a Vásquez para que cooperara con ellos, les daría acceso a los altos rangos de un cartel, que era notoriamente impenetrable, y la posibilidad de capturar a sus jefes, especialmente a los Treviño, conocidos como Z-40 y Z-42, que habían dejado un sendero de cadáveres en su escalada a la cima de la lista de los más buscados por la DEA. Miguel Ángel Treviño era conocido como Z-40 y Omar como Z-42.

“Lo que Martínez quería eran los PIN (números de identificación personal) rastreables de los teléfonos Blackberry de los Treviño. Vásquez, después de huir, le había dado al agente una amplia ventaja. Su mujer y su madre todavía vivían en Texas”, describió la periodista Thompson en su artículo.

Para evitar la captura, continúa el texto, Los Zetas hicieron que su lugarteniente más cercano en Coahuila, Mario Alfonso “Poncho” Cuéllar, les diera celulares nuevos cada tres o cuatro semanas. Cuéllar le asignó la tarea de comprar teléfonos nuevos a su mano derecha, Héctor Moreno.

Ante la presión de obtener los PIN de los teléfonos, Vásquez recurrió a Moreno, utilizando información que él manejaba. Fue Gilberto, hermano de Moreno, quien había sido sorprendido al volante del camión con 802 mil dólares en el tanque de gasolina. Con 20 años de prisión por delante, Gilberto había confesado que trabajaba para Los Zetas y que el efectivo pertenecía a los hermanos Treviño.

Vásquez organizó que su abogado en Dallas representara a Gilberto y le prometió que no dejaría que nadie en el cártel supiera de las declaraciones incriminadoras de Gilberto. Moreno le devolvió el favor a Vásquez al aceptar conseguirle los números. Pero, llegado el momento, Moreno lo reconsideró.

De acuerdo con la publicación, alrededor de tres semanas después de que Vásquez le diera los números PIN a la DEA, los jefes del cártel recibieron la noticia de que uno de los suyos los había traicionado y lanzaron una ola de venganza.

“Fuentes oficiales cercanas al caso dijeron que un supervisor de la DEA en Ciudad de México compartió información relacionada con los números con una unidad de la Policía federal mexicana conocida como Unidad de Investigaciones Sensibles, cuyos agentes habían sido entrenados y examinados por la DEA”, detalló el artículo.

Un oficial de la unidad, dijeron las fuentes a Thompson, fue el responsable de la filtración. Cuando ocurrieron los hechos, los jefes de la unidad no respondieron a múltiples solicitudes de entrevistas.

Sin embargo, a principios de este año, uno de los supervisores de la unidad, Iván Reyes Arzate, se entregó a las autoridades federales estadounidenses para enfrentar cargos por compartir información sobre las investigaciones de la DEA con narcotraficantes. No queda claro si Reyes fue la fuente de la filtración en el caso de Allende.

No fue difícil para Los Zetas reducir la lista de delatores bajo sospecha, porque muy poca gente tenía acceso a sus números PIN. Entre ellos estaban Mario Alfonso “Poncho” Cuéllar, el lugarteniente más importante de los Treviño en Coahuila, y Héctor Moreno, mano derecha de Cuéllar.

Sin decírselo a Cuéllar, se establece en el texto, “Moreno le había dado los números PIN a Vásquez. Le estaba devolviendo un favor. El hermano de Moreno, Gilberto, era el conductor del camión que había sido detenido con 802 mil dólares en el tanque de gasolina. Frente a la posibilidad de pasar 20 años en prisión, Gilberto había confesado que trabajaba para Los Zetas y que el dinero pertenecía a los Treviño. Vásquez había arreglado que su abogado representara a Gilberto y prometió que impediría que nadie más del cartel supiera sobre sus declaraciones incriminatorias”.

Vásquez, Moreno, Cuéllar y Garza, cuyo rancho familiar fue la escena de muchos de los asesinatos de Los Zetas, huyeron a Estados Unidos cuando empezó la masacre y accedieron a cooperar con las fuerzas de la ley estadounidenses a cambio de clemencia, según refiere la investigación.

Los reportes de lo que estaba pasando en Allende hicieron que las autoridades de Estados Unidos se dieran cuenta de la ira que había desencadenado aquella filtración.

Los estimados de los números de muertos y desaparecidos varían enormemente entre la cifra oficial, que habla de 28, y la de las asociaciones de las víctimas, alrededor de 300. ProPublica y National Geographic, sin embargo, identificaron alrededor de 60 personas cuyas muertes o desapariciones han sido conectadas por familiares, amigos, grupos de apoyo a víctimas, archivos judiciales o informes periodísticos al asedio realizado por Los Zetas aquel año de 2011.