Raymundo Riva Palacio.
Emilio Lozoya, el director de Pemex durante la primera parte
del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se ha convertido en las últimas
semanas en una figura estelar en el escenario de la corrupción mexicana. La
investigación global sobre los sobornos en 11 naciones realizados por el
gigante brasileño Odebrecht colocó a su administración en el centro de la
corrupción y el foco de las pesquisas que lleva a cabo la PGR, donde ha llamado
a declarar a más de una veintena de funcionarios y exfuncionarios, varios de
ellos muy vinculados a él. Lozoya sostiene su total inocencia en ese y otros
casos de corrupción en la empresa que dirigió.
El tema de Lozoya y su
paso por Pemex es un hoyo negro. La información que ha emergido sobre actos de
corrupción y su abrupta salida de la dirección de Pemex, en febrero del año
pasado, sigue siendo parcial. Se ha responsabilizado de su salida al entonces
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien en al menos dos ocasiones le
pidió al presidente Enrique Peña Nieto que lo cesara por la desorganización
administrativa en Pemex y presuntos actos de corrupción. Siempre fue atajado.
Incluso en la última conversación que sostuvieron ambos sobre él en diciembre
de 2015, Peña Nieto le dijo que no le volviera a tocar el tema.
La salida de Lozoya se dio poco después de que el presidente
realizó una visita oficial a Arabia Saudita, promovida por Lozoya en contra de
la recomendación de la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia
Ruiz Massieu, por el conflicto que tenía esa nación con el gobierno de Barack
Obama. Peña Nieto desoyó a la canciller, como soslayó las peticiones de
Videgaray. El entonces director de Pemex
tenía una relación excepcional con el presidente, a quien veía en acuerdo
cuando deseaba, sin necesidad de tener que pasar por los canales formales e
informales en Los Pinos, como prácticamente todo el gabinete tenía que utilizar
para hablar con él.
El cese de Lozoya no fue explicado, aunque por el discurso
del presidente al dar posesión a José Antonio González Anaya, obedeció a la
necesidad de darle mayor eficiencia y rentabilidad, que era uno de los
argumentos de Videgaray contra el exdirector. Pero Lozoya no iba a ser enviado
a la nada. Finalmente, no fue posible promoverlo como embajador en el Reino
Unido por los datos sobre presuntos actos de corrupción en Pemex, ni tampoco le
permitieron al líder del PRI, Enrique Ochoa, incorporarlo al Comité Ejecutivo
Nacional. El exdirector de Pemex apesta,
pero no lo suficiente como para que rinda cuentas ante el Ministerio Público
por los actos de corrupción que se investigan durante su administración en la
empresa.
Lozoya no está
tranquilo, pero no se oculta. No habla mucho fuera de defenderse de
imputaciones directas a él. Insiste en su inocencia, pero no abunda en las
explicaciones que pudieran aclarar el cochinero que se dio durante su gestión. ¿Estará cubriendo Lozoya a otros funcionarios? ¿Estará pagando costos
que no le pertenecen? Este tipo de preguntas se han venido haciendo de manera
cada vez más constante por el blindaje jurídico que tiene el exdirector de
Pemex, y que no se ve en la opinión pública. Un caso ilustrativo es la
compra de dos aviones de lujo en 2014 a través de una operación de compra-venta
triangulada con un intermediario con sede en Panamá.
Pemex pagó 71.3 millones de dólares por dos aeronaves para
transporte de personal, cuya información, hasta la fecha, se mantiene bajo
reserva en México. Se trata de un Cessna Citation Sovereign 680, modelo 2009,
por el que pagó 15.5 millones de dólares, y un Gulfstream Aerospace G-550,
fabricado en 2010, por un precio de 55.8 millones de dólares. Lo notable es que se adquirieron por casi
el doble de su valor comercial. La existencia de esos aviones había sido
denunciada por el PAN el año pasado, que pedía detalles sobre su mantenimiento,
pero no se conocía del precio de la compra.
Los detalles surgieron de manera indirecta durante un juicio
en la Corte Sur de Florida, en Miami, donde la empresa Matrix Aviation Inc.
demandó a Pemex y a la compañía SYM Technologies Ltd, que sirvió de
intermediaria de la operación, de formar parte de una conspiración civil para
afectar económicamente a la propietaria de las aeronaves y por incumplir con el
pago total de una comisión que habían acordado en 9.7 millones de dólares, de
los que quedaron por cubrir 1.7 millones, de acuerdo con una investigación
publicada en Eje Central.
En esa demanda civil,
de más de 250 páginas que obtuvo Eje Central, aparece como figura central de la
operación el brigadier general Eduardo León Trauwitz, gerente de Servicios de
Seguridad Física de Pemex, a quien se dirigió la propuesta. León Trauwitz fue encargado de la
seguridad del presidente electo y exgobernador del Estado de México, Peña
Nieto, y es uno de los leales al inquilino de Los Pinos más favorecidos con
cargos estratégicos.
La versión oficial
sobre el uso de los aviones de lujo es que serían utilizados para vigilar la
ordeña de ductos, que durante el periodo de León Trauwitz se incrementó en 30
por ciento. ¿Qué está pasando escondido ante los ojos públicos? El brigadier
general está siendo investigado desde principios de este año, como consecuencia
de distintas auditorías practicadas a su área y tras la revisión de los
contratos por la compra de equipo en materia de seguridad física de Pemex.
Lozoya sigue protegido. Todo esto durará hasta que, como
sucederá irremediablemente, el hilo se rompa por lo más delgado. Lo único
incierto es dónde está ese hilo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.