“Hay cosas que no les van a gustar”,
expresó ante periodistas el gobernador Héctor Astudillo Flores al hablar de la
investigación que se sigue por los asesinatos de los periodistas Francisco
Pacheco Beltrán y Cecilio Pineda Brito, ocurridos en lo que va de su
administración.
No obstante, dijo que no podía dar
información pública sobre ambos casos porque violentaría el proceso de
integración de la carpeta ministerial.
Lo anterior
fue señalado por Astudillo durante la presentación del mecanismo de protección
a periodistas y defensores de derechos humanos que se aplicará en el estado,
bajo el mismo modelo federal, pero se negó
a tocar el tema para transparentar los recursos públicos destinados a
publicidad oficial en medios de comunicación.
Evadió el asunto pese a que los
reporteros presentes en la reunión, en Casa Guerrero, denunciaron que esa
partida presupuestal se maneja de manera discrecional y representa un mecanismo
de “cooptación y censura sutil” contra periodistas en la entidad.
Los periodistas coincidieron en que
la grave impunidad que se vive en el estado es la causa de las agresiones y
crímenes, no sólo contra periodistas, sino contra la sociedad.
De igual
manera, subrayaron que en Guerrero no
existe el libre tránsito en ciudades, poblados y carreteras, porque grupos
armados han desplazado a las autoridades y asumieron el control de la seguridad
en regiones enteras donde tienen instalados retenes y disponen sobre la
actividad económica y social de la población.
Por ello, exigieron al gobernador que implemente una
política real de prevención del delito e investigación de los crímenes, para
que la sociedad confíe en las instituciones y se garantice su derecho a la
justicia y reparación del daño.
Sobre el
mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, el
secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, convocó a los reporteros a organizarse para designar representantes en
las áreas de dirección del organismo.
En
respuesta, los reporteros expresaron que
el modelo federal ha sido un fracaso, porque no revierte los efectos de la
violencia y se ha limitado a reaccionar ante agresiones y crímenes contra
comunicadores y activistas.
Incluso
mencionaron que, en el caso de Guerrero,
las corporaciones policiacas y autoridades han sido señaladas constantemente
por sus presuntos nexos con la delincuencia, por lo que no generan confianza y
certidumbre en la sociedad.
También reprobaron que el organismo gubernamental
reciba un subsidio millonario, denominado Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP), y
con ello quitan responsabilidad a los empresarios de los medios de comunicación
que –dijeron– deberían otorgar seguridad social y salarios dignos a los
empleados.
Pese a los
señalamientos, Astudillo aseguró que la
versión estatal del mecanismo federal de protección a periodistas y defensores
de derechos humanos será efectiva en la medida que los reporteros se
involucren.
En el mismo
encuentro, el mandatario estatal
presentó a Rigoberta Román Orea como la nueva fiscal especial para investigar
delitos contra periodistas en la entidad, y asumió el compromiso de atender
agresiones contra comunicadores aplicando protocolos y mecanismos federales de
atención a víctimas.
Román Orea
se desempeñaba como directora de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos
de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno que dirige Salazar Adame.
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