Con dos intentos de suicidio, el cabo
del Ejército José de la Cruz Pérez López lanzó un desesperado llamado a su
paisano y presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador.
“Estoy al borde de la muerte y
abandonado por las fuerzas armadas a las que serví con lealtad y patriotismo.
Como militar, ciudadano y paisano le pido presidente que eche usted un ojo al
Ejército y principalmente a Justicia Militar. La tropa también quiere lealtad,
justicia, está muy lastimada…”
“Mi historia en la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena)”, relata Pérez López, de 33 años, es de abusos,
discriminación y “de abandono a la muerte”.
Originario
de Calicanto, comunidad rural del municipio de Jalapa, Tabasco, el 19 de agosto
de 2004 José de la Cruz se dio de alta como soldado en el 17 Batallón de
Infantería de Villahermosa, que en 2012 fue cambiado a Zamora, Michoacán.
A finales de 2013 solicitó su ingreso
a la escuela militar de Puebla para el grado de sargento y aprobó los exámenes,
incluidos los de servicio médico, que lo certificaban como sano y apto para
realizar el curso de seis meses.
En enero de 2014 iniciaron los
estudios, pero dos meses después empezó a sentirse mal, con diarrea y vómitos.
Lo atendieron en el hospital regional de Puebla, pero no mejoró y lo
trasladaron al Hospital Central Militar de la Ciudad de México.
Ahí le diagnostican insuficiencia
renal crónica, lo dializaron, y días después Justicia Militar tramitó su baja
del Ejército. Le quitó el servicio médico a él y a su familia, además de
salarios, y como pago de retiro sólo le dio 130 mil pesos.
El cabo se inconformó y rechazó la
baja, porque quitarle el servicio médico, cuenta, “era condenarme a muerte”,
dado que la hemodiálisis se la realizan tres veces por semana, y en un hospital
privado el costo es de más de cinco mil pesos mensuales.
En ese
tiempo, apunta, tenía 10 años de
servicio. Lo regresaron al 17 Batallón de Zamora, Michoacán, donde su estado de
salud agravó y lo internaron de nuevo en el Hospital Central Militar de la
Ciudad de México. Ahí permaneció seis meses y suplicó los trasladaran a Tabasco
“para morir” en su tierra.
Nadie le hizo caso, por el contrario,
fue objeto de malos tratos de los altos mandos “por hacerla de tos” al no
aceptar el retiro, hasta que un general, de quien había sido escolta, lo
visitó. Llorando, José de la Cruz le suplicó que lo regresaran a Tabasco. El
militar accedió y promovió su traslado al 57 Batallón de Infantería de
Cárdenas.
Posteriormente lo cambiaron al 37
Batallón de Villahermosa, donde siguieron los malos tratos, y el 16 de mayo de
2017 le ratificaron la baja de las fuerzas armadas, así como la liquidación de
130 mil pesos, de los cuales Banjército ya se había cobrado 60 mil por dos
préstamos que hizo para atender su propia enfermedad.
Rechazó otra vez la liquidación y un
abogado promovió y obtuvo un amparo a su favor, con lo que logró ser
reinstalado y obtener de nuevo el servicio médico de la Sedena, así como su
salario de alrededor de 11 mil 500 pesos mensuales.
El Ejército se inconformó y en
diciembre de 2017 la juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa
en la Ciudad de México, Blanca Lobo Domínguez, determinó que el juicio de
amparo del cabo Pérez López era insuficiente para continuar en las fuerzas
armadas.
“Y en automático” el secretario de la
Sedena, general Salvador Cienfuegos, firmó su baja del Ejército. Días después
se giraron oficios a todas las unidades sanitarias y de pagos para retirarle el
servicio médico y salarios.
Desde
entonces, la vida de Pérez López “ha
sido un infierno”. No tiene servicio médico ni dinero y se niega a cobrar la
liquidación que se le ofrece.
Su madre, que también recibía
atención médica de la Sedena, padece una grave enfermedad cardiovascular, y su
padre, de oficio albañil, es diabético. No tiene hijos, pero su esposa desde
hace meses se siente enferma, con dolor en un seno.
Pérez López ha puesto dos quejas ante
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), denunciando que su caso es
una flagrante violación “al derecho a la vida”. A la fecha no ha obtenido
respuesta.
También envió una carta al presidente
Enrique Peña Nieto, que canalizaron a la Sedena, y esta dependencia respondió
que el asunto “era un caso juzgado”.
El general Cienfuegos reprocha, el
militar, se la pasa hablando de lealtad, patriotismo, de la familia y respeto
de los derechos humanos, “pero mi caso es la prueba de cómo la tropa es
abandonada hasta la muerte porque los altos jefes de la Justicia Militar
deciden que ya no servimos al Ejército”.
En la CNDH, lamenta, “parece que se preocupan más en
que un perro pase hambre o lluvia, a un ciudadano que está enfermo y muriendo”.
Sin que le funcionen sus dos riñones,
José de la Cruz recibe tratamiento de hemodiálisis tres veces por semana en el
hospital Juan Graham Casasús del gobierno del estado, donde, sin embargo, tiene
que comprar insumos que representan más de dos mil pesos mensuales.
Cada sesión de hemodiálisis, un
“lavado de sangre”, dura alrededor de cuatro horas.
Pérez López asegura que, por antigüedad de 14 años,
enfermedad clasificada de primera categoría y riesgo de infarto, tiene derecho
a retiro por jubilación, lo que le permitiría contar con el servicio médico y
pensión.
Y en su
cuenta de Facebook cita: “También la
tropa quiere lealtad”. Igual ha subido videos narrando su tragedia, por la que
recibe comentarios de muchos soldados que están en igual situación de abandono
por enfermedad o heridas en operativos contra la delincuencia.
“Dos veces he tratado de suicidarme,
pero de último me arrepiento e imploro: Dios mío, dame un minuto más de vida.
Sólo Dios y el presidente López Obrador pueden ayudarme”, resume entre sollozos.
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