La propuesta del equipo de Andrés
Manuel López Obrador de crear comisiones de la verdad por región significa
“fragmentar a las víctimas”, no serviría para entender la problemática como
país y no llegaría a fincar responsabilidad a nivel institucional, por eso ese
esquema no se ha aplicado en experiencias internacionales, afirma Guillermo Trejo, experto en
temas de justicia transicional y profesor de la Universidad de Notre Dame.
La estrategia, dijo el experto,
debería incluir sólo una comisión de la verdad lo suficientemente robusta para cumplir
con los objetivos de un proceso de esta naturaleza: entender los patrones de
problemáticas y conductas a nivel nacional, y alcanzar la verdad como insumo
para alcanzar la justicia y reparación.
“Ante problemas extraordinarios se
requieren mecanismos extraordinarios”, por lo que la pacificación del país debe
incluir una comisión de la verdad, pero a la par de investigaciones judiciales
para disminuir la violencia en el país, dijo el experto durante el Seminario para periodistas en
búsqueda de verdad y justicia, organizado por la organización Quinto Elemento
Lab.
Olga Sánchez
Cordero, propuesta para dirigir la
Secretaría de Gobernación, informó que una de las estrategias rumbo a la
pacificación del país es la creación de comisiones de la verdad sólo en los
estados donde se han registrado mayores índices de violencia, por crimen
organizado y violaciones a derechos humanos, como Tamaulipas, Guerrero,
Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz, y el Estado de México.
Además, habló de hacer comisiones de la verdad por
tema, como la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de
Ayotzinapa, en Guerrero, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
Sin embargo,
esto último tampoco es recomendable,
afirma Jacobo Dayán, especialista en Derechos Humanos y analista internacional.
En este caso, por ejemplo, es más recomendable hacer una “comisión de
investigación”, porque en una comisión de la verdad se busca explicar las
causas del hecho, las consecuencias y entender el fenómeno, pero no hallar a
los responsables.
En una comisión de investigación se
podría establecer la estrategia para acceder a archivos oficiales, hacer
declarar a funcionarios implicados, y conocer el expediente de las
instituciones de impartición de justicia para conseguir así resolver el caso,
lo que no ocurre en una comisión de la verdad.
Comisión de
la verdad, ¿para qué?
El
investigador Guillermo Trejo explicó que
la literatura respecto a la justicia transicional sostiene que las comisiones
de la verdad deben ser “robustas” y sólo en esa medida sabremos “la magnitud
del horror”.
Deben responder al menos cinco
cuestiones: quién, qué, a quién, por qué y cómo. Es decir, explicar quiénes son
los victimarios, cuál es el tipo de violencia y violaciones a derechos humanos;
a quiénes, es decir, las víctimas, por qué ocurre y cómo lo hicieron.
Con esto, además de conocer las historias
de las víctimas, la comisión estaría en posibilidad de reunir todos los datos
en diferentes fuentes de información, y con método estadístico para dar cifras
contundentes.
Por eso es
que Trejo recomienda que sólo haya una
comisión nacional y no por estado. “Si uno ve las mejores prácticas a nivel
internacional como Perú, Guatemala, Chile, las comisiones regionales no existen
porque fragmentan a las víctimas, porque cuando lo regionalizas no permites que
se conforme un colectivo nacional”.
Lo peor de ceñirlo sólo a lo local
sería “debilitar” los efectos. Es decir, el no explicar una problemática a
nivel nacional e incluso internacional no permitiría entender los patrones
nacionales en los que se cometen graves violaciones a derechos humanos, y que
podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Es decir, sería difícil llegar a
“una responsabilidad institucional”.
También se necesitaría de múltiples acompañamientos
como la ONU, pero un organismo como este no podría estar acompañando a cada
comisión regional. Si bien una comisión nacional debe nutrirse de lo local, con
oficinas regionales, sólo debe hacerse en función de una estrategia de amplio
alcance y no fraccionando.
Las comisiones de la verdad, agregó,
deben operar al menos por tres años, y estar integradas por especialistas
nacionales e internacionales, que generarán reportes que se hacen públicos y se
informan al Ejecutivo.
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