A petición de la contralora general
del gobierno del estado, Águeda Catalina Solano Pérez, un grupo de periodistas
fue desalojado de la sala de juntas del Congreso estatal durante la cobertura
de una reunión de la funcionaria con legisladores locales.
En el
encuentro con Solano Pérez participaron el diputado del Revolucionario
Institucional (PRI), Federico Rangel Lozano, presidente de la Comisión
Permanente; la también priista Juana Andrés Rivera, así como las diputadas
Verónica Torres Rolón, del Partido del Trabajo (PT); Leticia Zepeda Mesina, de
Movimiento Ciudadano (MC), y Martha Leticia Sosa Govea, de Acción Nacional
(PAN).
En el momento en el que la diputada
panista emitió un cuestionamiento sobre las observaciones de la Auditoria
Superior de la Federación (ASF) por el presunto manejo irregular de alrededor
de 36 millones de pesos, la funcionaria solicitó que antes de responder
salieran de la sala los reporteros, quienes fueron instados por personal del
Congreso a abandonar el lugar.
El presidente
de la Comisión General de Protección Integral al Ejercicio Periodístico
(Copip), Juan Carlos Flores Carrillo,
uno de los reporteros afectados directamente, calificó lo ocurrido como “un
hecho muy lamentable contra la libertad de expresión”.
Expuso que la funcionaria “no sólo
trasgredió la división de poderes al ordenarle a los diputados el desalojo de
la sala, sino que también se violó el artículo 6 constitucional y los artículos
2, 13 y 14 de la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico de
Colima y, para colmo, el derecho de nuestros lectores a la información de estos
temas”.
En
entrevista, Flores Carrillo dijo que no
abona a la transparencia el hecho de que se cataloguen como privadas reuniones
donde se abordan temas que por su naturaleza deben ser públicos.
Consideró que no existía
justificación para la salida de los reporteros, puesto que no se iban a tocar
temas de seguridad, información que pusiera en riesgo la seguridad del Estado o
datos personales.
Además, el
titular de la Copip lamentó que los
diputados avalaran la solicitud de la contralora, e hizo notar la ausencia de
un protocolo que establezca cuáles reuniones de los diputados deberán ser
públicas y cuáles privadas, por lo que se deja al libre arbitrio, aunque
precisó su postura de que la mayoría sean públicas.
En la
próxima reunión de la Copip, señaló, se
valorará la posibilidad de interponer una queja ante la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Colima (CDHEC) por violación del derecho a la
información, así como a las libertades de prensa y de expresión.
Por lo
pronto, en la red social Facebook Francisco
Arreola Medina, consejero de la CDHEC, se comprometió a solicitar a ese
organismo que investigue los hechos y se tramite la queja correspondiente.
En la última
intervención que alcanzaron a testificar los reporteros que cubrían la reunión
en el Congreso, la diputada Martha
Leticia Sosa Govea pidió a la funcionaria una explicación sobre las
irregularidades detectadas por la ASF en el manejo de 36 millones de pesos por
parte del gobierno estatal, en el que se desembolsaron pagos a funcionarios que
no tienen perfil académico, así como compra de equipo de cómputo que no
apareció.
Asimismo, recursos económicos no
reintegrados; casi 10 millones de pesos por la remodelación de la unidad
deportiva Morelos, donde no hubo acta de entrega-recepción, e irregularidades por
6 millones de pesos por falta de documentación a 45 trabajadores que cobraron y
no laboraron.
Antes de
responder, Águeda Catalina Solano condicionó el desalojo de los representantes
de los medios de comunicación.
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