El 26 de octubre de 2014, al cumplirse un mes de la detención
y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, elementos de la Secretaría de Marina
capturaron en Cuernavaca a un hombre llamado Emmanuel Alejandro Blas Patiño, al
que siete horas después presentaron como fallecido por, supuestamente, caer de
una azotea al intentar evadir el arresto.
Cuatro años después, la
muerte de esta persona, a quien las autoridades presentaron (ya fallecido) como
integrante de un grupo criminal vinculado con la desaparición de los
normalistas, no sólo permanece sin resolver, sino que, de hecho, ni siquiera
existe una investigación al respecto, tal como informó el Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
El asesinato de
Emmanuel Alejandro Blas Patiño, presuntamente a manos de elementos de la
Marina, fue dado a conocer en marzo pasado por la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en su “Informe sobre
violaciones a derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, en el
cual se concluye que este detenido “habría fallecido a raíz de las torturas infligidas
por elementos de la Secretaría de Marina, que habrían participado en su
detención”.
Según el informe de la
ONU-DH, este detenido falleció “como resultado de la asfixia con bolsa plástica
y múltiples golpes”.
Tras realizar su propia
investigación, este organismo de la ONU determinó que Emmanuel Alejandro Blas
Patiño fue capturado por elementos de la Marina junto con otras dos personas,
alrededor de las 22:00 horas del 26 de octubre de 2014; sin embargo, la
consignación de los detenidos se dio hasta el 27 de octubre a las 11:30 horas,
es decir, más de 13 horas después del arresto.
En la consignación, destacó
la ONU-DH, la Secretaría de Marina sólo presentó a dos detenidos y “no menciona
ni la detención de una tercera persona, ni su fallecimiento”.
La muerte de Emmanuel Alejandro Blas Patiño, de hecho, fue conocida sólo porque el entonces
titular de la Fiscalía General de Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado, la
mencionó durante una conferencia de prensa, en la que aseguró que “este sujeto
que hoy fallece pertenece al Grupo Guerreros Unidos y podría estar relacionado
con el caso Iguala (la desaparición de los 43 normalistas)”.
Tal como narró en ese
momento el titular de la Fiscalía morelense, la muerte se dio a raíz de que
Emmanuel Alejandro Blas Patiño cayó de una azotea de diez metros de altura, al
huir de los elementos de la Marina que intentaban arrestarlo, tras recibir una
denuncia anónima.
Según el fiscal, Blas
Patiño portaba un rifle automático R-15 al intentar escapar, que quedó junto a
su cadáver luego de desplomarse de la azotea.
Tal como confirmó la ONU-DH, el parte informativo de la Marina en el que se reporta esta captura no
sólo omitió señalar que uno de los detenidos falleció durante el operativo para
su arresto, sino que aseguró que la detención fue pacífica.
Pese a ello, subrayó la ONU-DH en su informe, “los exámenes médicos realizados por la
Procuraduría General de la República a Eury Flores López y Francisco Javier
Lozano (los dos detenidos), media hora después de la puesta a disposición,
mostraban múltiples lesiones”.
En el caso del primer
detenido, la PGR detectó 30 lesiones, y otras 17 en el segundo.
Uno de estos detenidos, Eury
Flores, declaró ante la PGR que, luego de ser arrestados por la Marina, él fue
torturado por los uniformados a una distancia de entre 5 y 10 metros del punto
en donde estaba Emmanuel Alejandro Blas Patiño.
“Lo estaban torturando
con la bolsa –señaló su declaración preparatoria–, hasta que escuché ‘ya valió
madre, ya valió madre, éste no aguantó, se me ahogó’, y se escuchó que llegaron
los demás (marinos) y le dijeron que qué había hecho, y él les dijo que se
había ahogado, que no había aguantado”.
Según el reporte médico, Emmanuel
Alejandro Blas Patiño murió por “hemorragia cerebral aguda, laceración encefálica,
sección medular y fractura vertebral consecutiva a traumatismo severo”.
El pasado 1 de junio de 2018, el Primer Tribunal Colegiado
del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenó a la
Procuraduría General de la República la creación de una comisión investigadora
de la verdad en torno a los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre
de 2014, en los que fueron detenidos y desaparecidos 43 normalistas, y otras
seis personas asesinadas, dirigida por las familias de las víctimas en el
diseño de sus líneas de investigación, que son de aplicación obligatoria para
el Ministerio Público.
Tras concluir que la
PGR no se ha conducido en sus investigaciones de forma adecuada, el Primer
Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ordenó a esta Comisión
investigadora de la verdad esclarecer diversas irregularidades.
Entre ellas, el
Tribunal Colegiado destacó la instrucción de investigar “la posible tortura
sufrida por los diversos declarantes”, así como que “debe investigarse si el fallecimiento
de Emmanuel Alejandro Blas Patiño se dio como consecuencia de actos de
tortura”.
“Sin duda, la sentencia
que ordena establecer esta comisión de la verdad es el hecho más relevante que
ha ocurrido en 2018, en torno al caso Ayotzinapa –señala en entrevista Santiago
Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que da
acompañamiento legal a las familias de los normalistas desaparecidos–, sin
embargo, a partir de que fue emitida, el gobierno federal desplegó una
estrategia coordinada para echar abajo esa sentencia, y se han tramitado un
centenar de escritos legales, de distinta índole, para impugnar la creación de
dicha comisión investigadora”.
La orden del Tribunal de crear esta comisión de la verdad ha sido impugnada por la Procuraduría
General de la República, las secretarías de Salud, Hacienda, Gobernación,
Defensa Nacional, Marina, así como por el Congreso de la Unión, la Presidencia
de la República, la Consejería Jurídica del gobierno federal, la Policía
Federal e, incluso, por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
“Y adicionalmente,
varios detenidos también han comenzado a tramitar impugnaciones, con apoyo de
las autoridades –señaló el abogado–. Por ejemplo, el capitán del Ejército de
nombre José Martínez Crespo, señalado por su conducta irregular durante la
noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala (cuando fueron detenidos y
desaparecidos los normalistas), él hace poco apareció con un recurso legal en
contra de la comisión de la verdad, e iba apoyado legalmente por la Secretaría
de la Defensa Nacional, alegando que a él en lo personal le agravia que se cree
esta comisión de investigación”.
El mismo procedimiento, subrayó el abogado, “están siguiendo algunos marinos acusados
de tortura, y algunos policías federales, con apoyo legal de sus respectivas
instituciones, entonces, eso es algo que nunca se había visto: si sumamos todas
las impugnaciones, suman más de 200 diferentes instrumentos legales
interpuestos en contra de que se cree esta comisión investigadora”.
A partir de una de
estas impugnaciones, promovida por la PGR, un segundo tribunal decidió
suspenderla y, siguiendo el procedimiento establecido, el Primer Tribunal
Colegiado del Décimo Noveno Circuito se vio obligado a evaluar de nuevo el
sentido de dicha sentencia, tras lo cual, ésta fue refrendada en su sentido
inicial, es decir, ordenando la creación de una comisión de la verdad para el
caso Ayotzinapa.
Así, ahora que hay un
Tribunal en favor de la creación de esta comisión investigadora, y un tribunal
en contra, toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar qué
criterio es el correcto.
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