Una resolución de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) favorable para habitantes de la comunidad de
Bacanuchi, Sonora, puso en riesgo la continuidad de la construcción de un
gigantesco depósito de desechos peligrosos derivados de la extracción de
minerales, propiedad de Grupo México.
Luego de al menos dos semanas la SCJN
había dejado de lado la discusión del amparo en revisión 365/2018 interpuesto
por habitantes de Bacanuchi, que exigen ser consultados sobre temas
medioambientales, este miércoles por cuatro votos a favor y uno en contra, la
segunda sala dio la razón a los quejosos, organizados en los Comités de Cuenca
del Río Sonora (CCRS), y representados por el Proyecto sobre Organización,
Desarrollo, Educación e Investigación (Poder).
Los CCRS agrupan a personas afectadas por el derrame
de solución de cobre acidulada proveniente de la mina Buenavista de Cobre,
ocurrido en 2014. Los afectados radican en siete municipios Arizpe, Banámichi,
Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.
Bacanuchi, comunidad que pertenece al municipio de
Arizpe, determinó solicitar la protección del Poder Judicial Federal, luego de
que en 2016 los habitantes advirtieron que la minera Buenavista del Cobre,
propiedad de Grupo México, “estaba realizando una ‘ampliación’ de una presa de
jales, el lugar donde van a parar los desechos sólidos y líquidos resultantes
del proceso de extracción de minerales”, informaron en un comunicado Poder
y los CCRS.
Dicha “ampliación” está siendo
construida sobre 65 hectáreas, con una capacidad que “reuniría 80 mil veces más
desechos tóxicos que los derramados en 2014”, destacaron.
Aunque no se conoce en su totalidad
el contenido de la resolución, el codirector ejecutivo de Poder, Benjamín
Cokelet, apuntó que el fallo de la SCJN es un “revés” para Grupo México, y lo
que se espera es que “la empresa detenga por completo la ampliación de la presa
de jales hasta que no se cumpla a cabalidad el proceso de participación y toma
de decisiones sobre el proyecto por parte de la comunidad de Bacanuchi”.
El abogado
que defendió el caso, Luis Miguel Cano, reconoció
que la resolución es “un precedente importante para otros casos similares en
los que las comunidades y personas organizadas luchan contra la falta de
información y por su derecho humanos a la participación ante los
megaproyectos”.
El abogado hizo votos porque “la participación no sea
una simulación, sino que sea un proceso efectivo y completo de información,
diálogo y respeto a las decisiones de las comunidades”.
En tanto,
Maribel Bustamante y María Elena Bustamante, habitantes de Bacanuchi y damnificadas por el derrame de 2014, y
representantes de los CCRS, celebraron el fallo de la SCJN, mismo que
atestiguaron durante la sesión de este miércoles.
“Queremos justicia para las familias,
las comunidades y las personas que hemos sido tratadas como animales”,
consideró Maribel, para quien el resolutivo genera esperanza de que no se
volverá a repetir un derrame como el de hace cuatro años.
En tanto,
María Elena agradeció a los ministros de
la SCJN en nombre de las comunidades que están al margen del Río Sonora, “por
darnos voz”.
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