La relatora
especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria
Tauli-Corpuz, expuso su preocupación por
las agresiones y la criminalización a los pueblos indígenas por defender su
tierra y territorio ante megaproyectos de industrias extractivas, agro-empresas,
infraestructura, presas hidroeléctricas y tala de árboles en México.
Los pueblos indígenas cuestionan un
modelo de desarrollo puramente comercial, señaló Tauli-Corpuz, que no tiene en cuenta sus derechos y causa un daño irreparable al medio
ambiente y a los recursos naturales de los que dependen para su supervivencia.
Bajo ese modelo, pasan a ser intrusos
u ocupantes ilegales de sus propias tierras y se les imputan cargos penales por
“usurpación” u ocupación ilegal. “Los dirigentes y las comunidades indígenas
que se oponen a los proyectos son asesinados, desplazados por la fuerza,
amenazados e intimidados y sometidos a un insidioso acoso en forma de
acusaciones penales que suelen ser imprecisas, sumamente exageradas o
ficticias”, planteó
la relatora.
El objetivo de esas agresiones
violentas o jurídicas
subrayó, es silenciar cualquier
oposición a los intereses empresariales e impedir que las comunidades ejerzan
sus derechos.
Aunque hay algunas estimaciones
mundiales del número de defensores que han sido asesinados, no existe
información disponible sobre el alcance del acoso judicial y la imputación de
cargos a los pueblos indígenas. “Pero es claro que se persigue a los dirigentes
como estrategia para reprimir y silenciar a toda la comunidad”.
De acuerdo a
diversos informes, denunció Tauli-Corpuz,
los jueces y fiscales han contribuido a la aplicación irregular del derecho
penal al aceptar falsos testimonios, dictar mandamientos judiciales sin pruebas
suficientes, permitir que prosperen acciones judiciales infundadas e
interpretar indebidamente la ley para incriminar a los defensores indígenas.
Antes de la imputación de cargos,
suelen organizarse campañas de difamación y desprestigio en ciertos medios de
comunicación contra los pueblos, sus dirigentes y sus comunidades, acusándolos
de actuar contra el desarrollo y contra el interés nacional. El discurso de
odio basado en el racismo y la discriminación alimenta ese tipo de acusaciones.
En el
informe específico sobre su visita a México, del 8 al 17 de noviembre de 2017, la relatora señaló que el régimen agrario
de ejidos, tierras comunitarias y propiedad privada, lo mismo que las
autoridades e instituciones agrarias, no responden a las necesidades de los
pueblos indígenas y no se ajustan a las actuales obligaciones internacionales
de México. “No reconocen el derecho de los pueblos a las tierras, territorios y
recursos naturales que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o
adquirido”.
En varios
casos, señaló, agentes del Estado y
terceros han manipulado el régimen agrario para deslegitimar y socavar a las
autoridades indígenas opuestas a proyectos de desarrollo.
Por ejemplo,
en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua,
la imposición del sistema agrario no reflejó los sistemas de tenencia
territorial de los pueblos indígenas. Numerosas comunidades rarámuri y ódami
han emprendido procesos legales ante autoridades agrarias, que se prolongan por
años y hasta décadas, para obtener el reconocimiento de sus tierras.
Se han denunciado también casos en
que agentes estatales han convocado asambleas agrarias o han creado padrones de
comuneros para facilitar la apropiación de tierras para los proyectos.
En el caso
del proyecto hidroeléctrico La Parota, de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), en terrenos de la comunidad indígena de bienes comunales de
Cacahuatepec, en Guerrero, la relatora
señaló que los tribunales anularon los resultados de asambleas agrarias que
aprobaron el proyecto. Pero los gobiernos estatal y federal mantienen su
intención de realizarlo, pese a que causaría desplazamientos e impactos a
tierras y recursos naturales tradicionales de las comunidades indígenas
afectadas.
El Centro de
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, junto con las organizaciones
internacionales Brigadas Internacionales de Paz (PBI); la Coordinación Alemana
por los Derechos Humanos en México; la Organización Mundial Contra la Tortura y
la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos
Para Todos (RED TDT), aprovechó la
reunión del Consejo de la ONU para organizar el foro “Defender el territorio en
México” al que asistió la relatora al día siguiente de presentar su informe.
Ahí,
Tauli-Corpuz escuchó el estado actual
del conflicto por la presa La Parota, que muestra una nueva andanada de
violencia hacia la comunidad y hacia la organización que se creó en contra del
proyecto, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota
(CECOP).
El 7 de enero de 2017 durante una
fiesta en la comunidad de la Concepción, municipio de Acapulco hubo un
enfrentamiento entre opositores y simpatizantes al proyecto de CFE. Murieron
ocho personas, seis a favor de la presa y dos policías comunitarios.
Cuando la policía llegó al lugar a
hacer las diligencias —relata en entrevista con Animal Político Rogelio Teliz,
abogado de Tlachinollan— intentaron desarmar a la policía comunitaria y mataron
a tres de sus integrantes en una ejecución extrajudicial. Además, se llevaron
detenidos a 25 integrantes de CECOP y los acusaron de homicidio por los hechos
en La Concepción.
El 22 de
agosto de 2018, después de que el juez
aceptó que hubo violaciones al debido proceso, se logró la liberación de nueve
de los detenidos. Pero la mayoría de los líderes más importantes del movimiento
siguen en la cárcel.
A los tres días de esas liberaciones,
dice Teliz, la policía llegó a la zona de Cacahuatepec. “Entró a los bienes
comunales, instaló retenes, cateó casas y detuvo a dos integrantes más de la
organización que tenían pendientes órdenes de aprensión. La Fiscalía de
Guerrero ha liberado más de 50 de estas órdenes contra comuneros del CECOP y
“las ejecuta cuando lo ven más conveniente porque son de 2014 y 2016”.
Teliz acusa una mayor persecución contra la
organización. “Parece que quieren dar el golpe final al movimiento y
desaparecer CECOP para ir adelante con la presa. Ahorita siguen los retenes.
Hay recorridos de la policía en los caminos, detienen a cualquier comunero que
se encuentren y lo empiezan a interrogar”.
Después de conocer la actualización
del caso la relatora concluyó —cuenta Diana Prado, coordinadora del Área
Internacional de Tlachinollan— que lo de CEPCO representa claramente el patrón
de criminalización y de persecución que hay contra los defensores del
territorio.
Algunas de
las recomendaciones de la relatora a México:
Las
políticas, leyes y planes de desarrollo en materia energética, agraria,
agroindustrial, turística y otras áreas deben
tener en cuenta las propuestas, prioridades y preocupaciones de los pueblos
indígenas en relación con el desarrollo en sus territorios o alrededor de los
mismos antes de que resulten en concesiones, licencias, permisos y otras
autorizaciones que pudieran afectar sus derechos y generar conflictos.
Deben adoptarse medidas para que los
pueblos indígenas cuenten con estudios del impacto sobre los derechos humanos
que pudieran ocasionar los proyectos propuestos en sus territorios, realizados
por entidades independientes de acuerdo a los estándares internacionales y
tomando en cuenta el conocimiento de las comunidades sobre su hábitat en la elaboración
de los estudios.
Asimismo, deben fortalecerse las instituciones
gubernamentales encargadas de fiscalizar las actuaciones de las empresas y de
investigar y sancionar los daños ambientales y de salud que puedan sufrir los
pueblos indígenas.
Debe garantizarse que no se utiliza
el sistema penal de justicia para criminalizar a los pueblos indígenas en la
defensa legítima de sus derechos ni a las organizaciones que les asisten.
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