Sólo durante 2017, la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) encontró una serie de irregularidades en el
sistema de salud de Chiapas por un monto de 187 millones 348 mil 662 pesos,
dinero que se transfirió a “otras” cuentas; fue utilizado para fines ajenos
(pagar salarios a personal que ese presupuesto no cubría) o simplemente no hay
comprobantes o recibos que sustenten que ese dinero cumplió su objetivo.
Ese es el
resultado de tres auditorías realizadas por la ASF en la revisión de la Cuenta
Pública de 2017 a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud, a los recursos Federales Transferidos a través del acuerdo de
Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa y a
PROSPERA, y al Programa de Inclusión Social en su componente Salud.
Esos más de 187 millones de pesos que
no se aplicaron en salud en 2017 se explican por cantidades de dinero
transferidas a cuentas bancarias no registradas, pagos de los que no hay
recibos, dinero del que no se sabe dónde está o en qué se aplicó, pagos a gente
que no tenía el perfil requerido para cierta plaza, pagos a personal
sindicalizado que no estaba cubierto por esa partida, subejercicio sin
comprobar y pagos a personas de las que no hay prueba de que hayan trabajado.
Tan solo del monto sin comprobar, la
ASF detectó 81 millones 917 mil 466 pesos y 76 millones 223 mil 651 pesos de
dinero que fue utilizado para otro fin.
Chiapas es la entidad con el mayor
número de pobres en México. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval), 4 millones 114 mil chiapanecos
viven en esa condición y 802 mil 600 registraron en 2016 tener carencia en
acceso a los servicios de salud. Es el Chiapas del Gobernador y Senador del
Partido Verde, Manuel Velasco Coello.
73 MILLONES
DE SALUD… AL SINDICATO.
En la
auditoría a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud,
la ASF detectó que el Instituto de Salud
del Gobierno del Estado de Chiapas, encabezado por Leticia Guadalupe Montoya
Liévano, abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de recursos del
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) a través de la cual
se realizaron transferencias a otras cuentas y fondos por 22 millones 974 mil
200 pesos, de los que se solicitó acreditar con evidencia documental el destino
de ese dinero y en qué se utilizó.
Al Gobierno
del Estado de Chiapas le fueron
asignados 4 mil 202 millones 197 mil pesos por concepto del FASSA de 2017.
Otra de las observaciones recae sobre
un rendimiento de 333 mil pesos de los que no hay recibos; 6 millones 888 mil
821 pesos de los que no se acreditó su destino, aplicación o pago acorde a los
objetivos del fondo y 2 millones 367 mil 822 pesos que se pagaron a 10
servidores públicos que no acreditaron el perfil académico solicitado pero que
cobraron en el ejercicio fiscal 2017,
sin los requisitos académicos solicitados.
La cantidad más grande que reclamó la
ASF fue la que se pagó a personal sindicalizado que no estaba considerado en
las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. El probable
daño a la Hacienda Pública Federal se fijó en 73 millones 661 mil 710 pesos.
También hubo problemas en la contratación de los
servicios de limpieza y de vigilancia, que fueron pagados con recursos del FASSA
2017, pero que no se licitaron, ni adjudicaron de conformidad con lo
establecido en las bases de licitación y, en los casos, de excepción a la
licitación no se dispuso de la justificación y del soporte suficiente.
MÁS DINERO
SIN COMPROBAR.
La ASF detectó otros movimientos
similares. En la revisión del presupuesto de Prospera en su componente de
Salud, se encontró que el Instituto de Salud del Estado de Chiapas realizó
transferencias con recursos de Prospera por 5 millones 900 mil pesos a cuentas
bancarias de otros fondos o programas, los cuales no fueron reintegrados al 31
de marzo de 2018 –fecha del corte de la auditoría–. A esa cantidad se suman 143 mil 392 pesos de
los que no se tiene conocimiento de su destino.
Algo similar ocurrió con 32 millones
642.4 miles de pesos que resultaron como subejercicio del presupuesto anual de
Prospera en 2017. La ASF pidió la justificación de ese dinero y de por qué no
se ejerció.
También del dinero de Prospera, se detectaron pagos
a personal del que no existen pruebas de que hayan laborado en las plazas en
las que fueron contratados. El daño al erario estimado en esos salarios es de
194 mil 089 pesos.
Finalmente, en la auditoría a los
recursos federales transferidos a través del acuerdo de Coordinación celebrado
entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, por un monto de 2 mil 447
millones 239 mil pesos, el Gobierno del Estado de Chiapas quedó pendiente de
aclarar y justificar 42 millones 242 mil 869 pesos. Esa cantidad se debe
comprobar antes del 31 de diciembre de 2018 y posteriormente, reintegrarla a la
Tesorería de la Federación (Tesofe).
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