Por
Redacción / Sin Embargo.
El juez de la Audiencia Nacional de
España que investiga los presuntos sobornos de empleados de OHL, Manuel
García-Castellón, amplió las investigaciones a seis políticos españoles y
realiza un rastreo en Luxemburgo, Suiza y México en busca de 3.4 millones de
dólares procedentes de la constructora a través de una filial mexicana, según
informó el diario español Vozpópuli.
Desde hace años que OHL ha sido
acusada en México de sobornar a ex servidores públicos que participaron en
varios gobiernos del Estado de México y en la administración de Enrique Peña
Nieto. Se desconoce si esa línea de investigación está abierta en México, aunque
Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, quien ha sido mencionado por
corrupción, está cercado por las autoridades.
En un
documento oficial al que tuvo acceso el diario español Vozpópuli, el magistrado solicitó a la Agencia
Tributaria un informe sobre dos sociedades que habrían recibido fondos
“presuntamente para financiar el pago de comisiones”.
“En el documento del 28 de mayo el
magistrado Manuel García-Castellón requirió un informe de las cuentas bancarias
de la que sea titular la entidad Financiera Sia Capital SL, así como la
certificación registral completa. La intención, según consta en el documento,
es identificar una transferencia de 718.648 euros recibida por esa sociedad y
realizada por la luxemburguesa Lendir Investments SA”, consigna el diario
español en una nota firmada por los periodistas Tono Calleja y Liliana Ochoa.
La nota ha
sido retomada por distintos diarios líderes en España, como El País o El
Diario.
La transferencia de dinero habría
tenido lugar en noviembre de 2010, durante el mismo periodo en el que la
sociedad con sede en Luxemburgo “recibió 3.4 millones de dólares procedentes de
OHL SA a través de una filial mexicana, presuntamente para financiar el pago de
comisiones”.
El medio señala que el juez requirió a la Agencia
Tributaria que remita la certificación registral completa de la firma Sistemas
Madrileños SL.
La caída de
OHL comenzó en 2015, año en que se vio envuelta en escándalos de corrupción por
el pago de sobornos a políticos a cambio de concesiones en España, donde el
imperio de Juan Miguel Villar Mir, dueño de la constructora, no puede
entenderse sin su relación cercana con el rey Juan Carlos.
La historia de éxito de OHL (hoy
Aleatica) en México no se puede entender sin las obras adjudicadas en el Estado
de México durante los gobiernos de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto. Su
primera participación en el país fue en 2002 con el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México, pero su operación más redituable se dio al año siguiente
con el Circuito Exterior Mexiquense.
Respecto a
los seis políticos españoles investigados, los primeros en declarar como
imputados el próximo 12 y 13 de junio serán Abelardo Genaro Moya (ex cargo de
la Junta de Andalucía), José Luis Almazán Palomino (PP de Melilla) y Albino
Pardo Rodríguez (ex director del Puerto de Cádiz), todos acusados de un delito
de cohecho.
No es la
única desgracia que pesa sobre OHL. La
banca española y la empresa negocian con el Grupo Villar Mir cerca de 450
millones de euros. Las conversaciones entre OHL y el pool conformado por Banco
Santander, Caixabank, Bankia, Banc Sabadell, Société Générale y Credit Agricole
corren en este momento, el peor de la compañía en años. Santander es la que más
presiona; el banco presidido por Ana Botín quiere proyecciones reales de una empresa
que quiere crecer en medio de los escándalos.
Luis Pedro
Suárez Trenor (ex dirigente de Coalición Canaria y ex presidente del Puerto de
Santa Cruz de Tenerife); Luis Manuel Bruno Romero (ex subdirector general de
construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento con el PP) y Antonio
Ángel Castro Cordobez (antiguo consejero de Infraestructuras de Canarias y
ahora diputado regional de CC) están siendo investigados, pero no han sido
citados a comparecer ante el juez.
En el caso
de Moya, Palomino y Rodríguez, además de dejar constancia de sus citaciones,
García-Castellón ha pedido a la Agencia Tributaria que investigue sus bienes y
derechos, “incluidos aquellos bienes que figuren a nombre de sociedades en las
que estas participen”.
Como informa
Vozpópuli, el juez considera que los
imputados son “personas que en su momento desempeñaron funciones públicas en
organismo o entidades vinculadas a la adjudicación o ejecución de obras
públicas a cargo del grupo OHL”.
INVESTIGACIONES
POR SOBORNOS.
Las
diligencias de García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción
número 6, se enmarcan en una investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre
la cúpula de OHL por haber mantenido “una práctica generalizada” de sobornos a
funcionarios públicos, entre los que habría políticos, para conseguir
adjudicaciones de obra pública en toda España.
Es una pieza
separada del caso Lezo surgida a raíz del hallazgo de grabaciones en poder de
un antiguo empleado de OHL.
La investigación surgió en 2018,
cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
registraron el domicilio de Paulino Hernández Ros y encontraron 21 archivos de
audio grabados por el propio ex directivo de OHL y en los que aparece él
conversando con otros responsables de la empresa participada mayoritariamente
por el Grupo de Juan Miguel Villar Mir, empresario imputado en casos de
corrupción irregular del PP y expresidente de la entidad. Las conversaciones
fueron grabadas entre 2006 y 2009.
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