Por Arturo
Angel.
La Auditoría
Superior de la Federación (ASF) detuvo la presentación de denuncias penales
por malos manejos y desvío de recursos públicos. En lo que va de 2019 no ha
promovido un solo caso ante la Fiscalía General de la República (FGR) y, en el
actual sexenio, registra apenas una denuncia presentada en diciembre pasado por
un caso en un municipio de Guerrero.
Se trata
de una situación atípica si se toma en cuenta que tan solo el año pasado, la
ASF sumaba de enero a mayo 23 denuncias presentadas ante el Ministerio Público
Federal, o que en 2013 (primer año del sexenio pasado) la cifra era de 79 casos
iniciados en el mismo periodo.
La
presentación de denuncias de hechos por malos manejos de recursos ante el MP
Federal, es una de las principales facultades que tiene la ASF para sancionar a
los funcionarios responsables del mal manejo de recursos públicos, y prevenir
que estas conductas continúen ocurriendo.
¿La razón
detrás del cese de las denuncias? De acuerdo con la propia Auditoría
Superior de la Federación esta situación obedece a un replanteamiento de su
estrategia jurídica ordenada por el actual titular de la institución David
Colmenares, y que tendría por objeto presentar denuncias menos frecuentes, pero
más completas y sólidas.
Este cambio
radical en la frecuencia de los casos promovidos por la ASF ante el Ministerio
Público puede verificarse públicamente en la estadística que periódicamente
transparenta la institución en el apartado denominado “Impacto de la Labor de
la ASF”.
El corte con
fecha al 10 de mayo revela que en todo 2019 no se ha presentado ninguna
denuncia penal en contra de alguna dependencia federal o algún gobierno
municipal o estatal, como producto de alguna auditoría practicada. Y la propia
ASF confirmó a Animal Político que hasta el cierre de mayo no había casos
presentados.
La última
denuncia presentada data del 20 de diciembre de 2018 y está relacionada con
anomalías registradas en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, detectadas
en la revisión de la cuenta pública de 2014. Esa es, de hecho, la única
denuncia penal promovida por la ASF desde el arranque del actual sexenio.
Como los
mismos datos muestran el cambio es significativo. De enero a mayo de 2013
por ejemplo, primer año del sexenio pasado, ya sumaban 79 las denuncias penales
presentadas por la ASF. En el mismo periodo de 2014 la cifra era de 36
denuncias promovidas ante el Ministerio Público, mientras que en 2015 la cifra
era de 15 casos promovidos.
Entre enero
y mayo de 2016, la ASF promovió 26 denuncias penales ante el MP de la
entonces Procuraduría General de la República (PGR), mientras que en 2017 el
registro fue de 51 casos denunciados. En 2018 en tanto, se presentaron en ese
mismo periodo 23 denuncias penales, y en 2019 la cifra es de cero casos.
Menos denuncias,
pero más sólidas: ASF
La Auditoría
Superior de la Federación (ASF) confirmó a Animal Político que no se han
presentado denuncias penales prácticamente desde el arranque del sexenio, pero
sostuvo que ello obedece a un cambio en la estrategia jurídica adoptado por la
institución e instruido por su titular, David Colmenares, quien asumió el cargo
en abril del año pasado.
Los
objetivos de dicho cambio de estrategia son dos. El primero es que se agoten de
forma más completa los “procesos de solventación” que tienen las autoridades
auditadas para justificar una anomalía. Es decir, darles un tiempo razonable
para que entreguen la información que sea suficiente y adecuada para aclarar el
al manejo de un posible fondo, sin necesidad de llegar a una denuncia.
“Y en el
caso de que la denuncia se presente estemos seguros que no había elementos para
que la misma fuera solventada” dijo un funcionario de la ASF.
Se
explicó que la propia Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, en su artículo 89 fracción XXIII señala que la presentación de
denuncias penales debe realizarse “preferentemente” una vez que concluya el
proceso administrativo, es decir, la oportunidad de solventar las anomalías
registradas.
El
segundo objetivo que se pretende es construir casos más robustos jurídicamente,
que le faciliten al Ministerio Público la tarea de investigación y las
posibilidades de una sentencia exitosa. La ASF rechazó que ello signifique que
los casos anteriores fueran débiles, pero subrayaron que en el marco del nuevo
sistema penal acusatorio se tiene que cumplir con un estándar de pruebas más
alto para obtener un resultado favorable.
Para cumplir
con lo anterior, la ASF consideró de relevancia la creación de una nueva
área dentro de la institución, que específicamente se dedicará a revisar el
seguimiento de cada una de las auditorías que se practiquen hasta su
cumplimiento o presentación de una denuncia.
En este
contexto, la Auditoría sostuvo que a finales de junio sí se prevé presentar
un paquete de denuncias penales ante el Ministerio Público, aunque reiteraron
que la cifra de casos será inferior a la de otros años.
“También
hay que tomar en cuenta que casos como el de Javier Duarte o en de la Estafa
Maestra eran esquemas de fraude recurrentes donde ya sabíamos que no se
solventarían por lo que se presentaban las denuncias más numerosas y rápidas” indicaron en la ASF.
De acuerdo
con la estadística oficial publicada, la ASF ha presentado un total de 972
denuncias penales ante el Ministerio Público Federal, y por las cuales se han
iniciado un número similar de averiguaciones previas y carpetas de
investigación.
De acuerdo
con autoridades de la propia ASF el 80% de estos casos sigue en fase de
investigación. Es decir, se trata de casos que se mantienen abiertos sin que al
momento se hayan reunido las pruebas suficientes para mandarlos ante un juez o
para considerar que no hay delito que perseguir.
Públicamente
tampoco se conoce de algún caso que haya concluido exitosamente con sentencia
condenatoria en contra de funcionarios responsables. Datos de la entonces PGR
con corte a 2018 señalaban que no había personas detenidas por ninguna de las
investigaciones iniciadas a partir de las denuncias de la ASF, aunque en la
auditoría sostuvieron que si existen algunos casos a nivel municipal (sin
precisar detalles) que sí han tenido una resolución,
De acuerdo
con autoridades- tanto de la ASF como de la Fiscalía General (antes PGR)- la
razón principal por la cual la cifra de casos exitosos es muy baja obedece a
las elevadas cargas de trabajo que los agentes del Ministerio Publico tienen
que enfrentar. Se trata de una situación que se prevé cambie progresivamente
con la Fiscalía Anticorrupción que atraerá todas estas investigaciones.
Los casos
que recientemente han mostrado un mayor avance son los relacionados con los
posibles desvíos de recursos en múltiples fondos federales durante el gobierno
de Javier Duarte, así como en las denuncias con convenios irregulares entre
universidades públicas y dependencias, mecanismo conocido comúnmente como “La
Estafa Maestra”.
Lo anterior
gracias a que un equipo especial de auditores de la ASF y de la Fiscalía se
conjuntaron desde finales del año pasado para analizar en específico varias de
las carpetas de investigación iniciadas. En el caso específico de Veracruz, la
semana pasada se promovieron nuevos procesos contra varios exfuncionarios.
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