Javier Risco.
¿Escucha
Andrés Manuel López Obrador a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
Piense un poco su respuesta antes de contestar. Ponga en su justa dimensión lo
que significa para la gobernabilidad y la democracia de este país la CNDH.
Piense en su tarea de las últimas décadas, en los casos en los cuales ha
emitido recomendaciones y lo fundamental de su voz como contrapeso de los
abusos y los excesos tanto de autoridades como de particulares. Recuerde el
refugio, corrijo, último refugio, que ha significado para muchos que,
decepcionados del sistema de justicia, han acudido a ellos. Dicho esto, y para
aportar más elemento a su respuesta, en este diario, el día de ayer, la
socióloga y expresidenta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional
Anticorrupción, Jacqueline Peschard, apuntaba en su columna “La forma es fondo”
que “a primera vista, pudiera parecer intrascendente que el presidente López
Obrador se negara a recibir personalmente y en un evento público el informe
anual de la CNDH, pero no lo es, pues aunque se trata de un acto protocolario,
tiene una fuerte carga simbólica con indudables implicaciones (…) Es la primera
vez en los 29 años de vida de la CNDH que el Presidente de la República se
rehúsa a compartir el espacio público con su titular, y el hecho no puede
interpretarse sino como desdén, o en el mejor de los casos, desinterés por el
trabajo del organismo de Estado que está encargado de investigar violaciones a
los derechos humanos”. Sin embargo, quiero pensar que se trató de una
incompatibilidad de agenda, sé que no es justificación, pero busquemos
pretextos y compremos cualquiera, vayamos en contra de lo dicho por la Dra.
Peschard y pensemos que el fondo supera a las formas.
De ser así,
el presidente Andrés Manuel López Obrador deberá acatar la recomendación hecha
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a la cancelación del
programa de Estancias Infantiles. La investigación hecha por la CNDH señala que
la eliminación del programa de estancias, sustituido por el Programa de Apoyo
al Bienestar, trajo diversas irregularidades, cometidas por la Secretaría de
Bienestar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión
Nacional Regulatoria (Conamer), que, acumuladas, podrían calificar la decisión
del gobierno en turno como “una medida regresiva con la que se violan diversos
Derechos Humanos” de niñas y niños, madres, padres, trabajadoras y responsables
de estos centros. En voz de su primer visitador, Ismael Eslava, con esta
decisión del gobierno de López Obrador “autoridades omitieron valorar el
interés superior de la niñez beneficiaria de las Estancias Infantiles, mismas
que demostraron impactos positivos para su desarrollo, por lo que representó
una garantía institucional para la realización de sus derechos”, además de que
la cancelación de programa pone en riesgo el que madres y padres afectados, se
vean obligados a renunciar a sus empleos debido a la falta de acceso a
servicios de cuidado y atención infantil.
Entre las
irregularidades detectadas por la CNDH destacan: la reducción del 50.16% al
presupuesto asignado al Programa de Estancias Infantiles respecto del ejercicio
fiscal 2018, incumple las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Desarrollo Social que prohíben expresamente
la disminución de recursos a este tipo de apoyos; se reportaron irregularidades
en los censos realizados por la Secretaría de Bienestar para la inscripción al
nuevo Programa, que dejó fuera a al menos 6 mil 620 niños que eran
beneficiarios de las estancias infantiles, ya que los centros a los que acudían
no fueron censados; Se utilizaron recursos que habían sido etiquetados para las
estancias infantiles en la ejecución del Programa de Apoyo al Bienestar, el
cual es sustantivamente distinto y no está incluido en el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2019.
Las
recomendaciones tocan a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría del
Bienestar y a la Conamer, la principal es el “establecimiento de un mecanismo
que restituya los derechos violados a niñas y niño, padres y madres,
responsables y trabajadoras de estancias infantiles y establecer un instrumento
que permita la verificación del uso de los apoyos económicos para servicios de
atención y cuidado infantil”. Veremos si forma es fondo, si Andrés Manuel López
Obrador atiende la recomendación de la CNDH, esta comisión sin color partidista
y con el único fin de proteger los derechos humanos, ¿los escuchará?
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