Javier Risco.
Hace algunos
meses en el programa radiofónico “Así las cosas”, de W Radio, el director de
Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, hablaba de la percepción de la
corrupción en este país, decía que debemos olvidarnos de los actos primitivos,
de esos que son evidentes: “Las personas en su vida cotidiana ya entendieron
que la corrupción no es un tema de robarse dinero. No es una película como la
Ley de Herodes, donde se robaron dinero del cajón; el problema es de sistema,
es mucho más profundo, de redes de complicidad y de triangulación de dinero que
trascienden fronteras y que manejan cantidades de dinero que ni siquiera se
puede imprimir”. Bohórquez tenía razón, la corrupción se ha sofisticado a un
nivel que desconocíamos, ahora es más difícil rastrearlo y los departamentos de
hacienda de cada país realizan tardadas investigaciones siguiendo la
ruta del dinero. Sin embargo, en México, la corrupción es variopinta, no
olvida sus orígenes burdos.
Este fin de
semana en el diario Reforma, el periodista Raúl Olmos, de la organización
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, publicó dos reportajes sobre
presuntos abusos del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya.
El primero daba cuenta de una mansión que presuntamente recibió Marielle Helene
Eckes, esposa de Emilio Lozoya, de parte de un abogado y directivo de Altos
Hornos de México (AHMSA). “La adquisición de la residencia a favor de la esposa
de Lozoya se realizó en julio de 2013, luego de que Pemex incluyó en su cartera
de inversiones una planta chatarra de AHMSA que tenía 14 años sin operar y que
fue comprada en 250 millones de dólares, con un sobrecosto del 57 por ciento.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad obtuvo copia de los documentos
que demuestran que a la par de que Pemex negociaba la compra de la planta, un
ejecutivo de AHMSA intervino para adquirir el inmueble en la zona de Contramar,
uno de los desarrollos más exclusivos de Ixtapa. Está ubicada en el condominio
“Quinta Mar”, formado por sólo tres residencias de lujo, la mayor de las cuales
es la que fue adquirida a favor de la esposa de Lozoya”. Después de la
publicación de reportaje, Olmos publicó otro en el que exhibe cómo el
exdirector de Pemex, después de que su esposa adquiriera esta propiedad,
realizó viajes de placer en un avión propiedad de la paraestatal: “Según
bitácoras de viaje de 2015 analizadas por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), Lozoya realizó vuelos a distintos puntos del país y Estados
Unidos. La ASF destacó al menos tres viajes de la base de la Unidad Especial de
Transporte Aéreo del Alto Mando del Ejército, ubicada en el AICM, al aeropuerto
de Ixtapa-Zihuatanejo, y otros tres vuelos de regreso en ese avión oficial. Los
traslados del funcionario se realizaron en el avión Citation Sovereign”.
En medio de
amenazas de aranceles, de negociaciones “exitosas”, de migrantes en medio de
festejos en Tijuana, de uniformes neutros en las escuelas de la Ciudad de
México, no podemos perder el foco de los grandes casos de corrupción que
siguen acumulados en la Fiscalía General de la República, de pronto se difuminó
en la agenda nacional el nombre de Emilio Lozoya, hoy Olmos lo trae de vuelta y
es deber del gobierno federal, al menos, empezar una investigación que se sume
al expediente Lozoya.
Por su parte
la empresa Altos Hornos de México publicó una carta respuesta ayer, señalando
que “el licenciado Juan Carlos Quintana Serur no es funcionario, directivo o
ejecutivo de Altos Hornos de México. El señor Quintana Serur es un abogado
externo, contratado por la empresa como asesor legal, para actuar como
secretario del Consejo de Administración sin formar parte del mismo, y es
totalmente ajeno a la operación de la compañía. Asimismo, sin base o prueba
alguna –como evidencia el propio contenido de la nota–, se señala que AHMSA
habría financiado la adquisición de una vivienda en favor de la esposa del
señor Emilio Lozoya Austin, lo que desmentimos en forma rotunda. Ningún hecho
existe que pueda ligar a la empresa con dicha transacción”.
Insisto, es
labor de la Fiscalía General, a cargo de Alejandro Gertz Manero, darle
seguimiento a esta información dada a conocer por Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad. El caso Lozoya podría incluir desde la triangulación
más compleja de sobornos hasta el burdo uso de un vehículo oficial para irse a
una casa de descanso manchada de corrupción.
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