Por Gabriela
Hernández.
La
organización Artículo 19 denunció que en las últimas semanas el portal de
noticias e-consulta y su director, Rodolfo Ruíz Rodríguez, fueron víctimas de
bloqueos informativos, descalificaciones y amenazas de acciones legales por
parte del gobierno estatal.
A menos de
dos meses de haber asumido el poder, Luis Miguel Barbosa Huerta es señalado
como sospechoso de borrar información periodística que lo comprometía.
De acuerdo
con la denuncia, el pasado miércoles 4 e-consulta sufrió un acceso y control
no autorizado en su cuenta en Twitter y en su servicio de alojamiento web,
mediante el cual se eliminó un video donde se observaba al gobernador morenista
ordenando presuntamente el despido de trabajadores sindicalizados adscritos a
la Coordinación de Comunicación Social y Agenda Digital.
“El 5 de
septiembre, quien o quienes accedieron de manera ilícita al portal del medio,
también borraron una nota que describía el contenido del video”, expone la
organización, que defiende el respeto al derecho de libertad de expresión y de
acceso a la información de todas las personas.
“Cabe
señalar que este acceso ilícito y control no autorizado fue realizado por
alguien con interés de restringir el flujo de información relacionada con la
declaración de Barbosa. Asimismo, esta agresión se realizó a través de una
herramienta de cifrado que permite hacer anónima la localización e imposibilita
conocer quién y dónde se llevó a cabo”, precisa Artículo 19.
También
acusa que este medio de comunicación poblano y algunos de sus reporteros han
sido víctimas de bloqueos informativos y descalificaciones por parte del
gobernador de Puebla, quien arrancó su administración el 1 de agosto.
“El
pasado 6 de agosto, en una conferencia de prensa, a pregunta expresa de
Patricia Méndez, reportera del medio e-consulta, respecto a un acuerdo de
Cabildo del municipio de Puebla para anular la concesión del agua, el gobernador
le contestó: ‘No me quieras amarrar navajas, porque todos los días me las
quiere amarrar e-consulta, pero yo no me dejo’”, relata.
De igual
manera, señala que hubo otras situaciones similares las campañas por la
gubernatura.
Y cita lo
ocurrido el 22 de mayo de este año, durante una gira en el municipio de
Huixcolotla, cuando el entonces candidato de Morena calificó de “panista” al reportero de e-consulta Héctor L.
cuando éste le preguntó sobre una amonestación pública que en aquel entonces le
impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por presuntos
actos anticipados de campaña.
A partir
del 27 de marzo de 2019, Miguel Barbosa dejó de enviar los artículos que él
mismo escribía desde que era senador de la República y a lo cual fue invitado
por el mismo medio, e igual lo han hecho otros miembros de su gabinete actual
por presuntas presiones de la coordinadora de Comunicación Social, Verónica
Vélez Macuil.
Por otra
parte, como ocurrió en el sexenio de Rafael Moreno Valle, el director
general de e-consulta, Rodolfo Ruíz Rodríguez, denunció que ha recibido cartas
aclaratorias a partir de publicaciones que realiza, con pretensiones y formato
de réplica, pero cuyo contenido se traduce en descalificaciones e intimidación.
En una de
las cartas firmada por Vélez Macuil y en poder de Artículo 19 se acusa que
las publicaciones de Ruiz Rodríguez están “impregnadas de insidia” y tienen un
claro interés de “desestabilizar”, al descalificar toda acción que el gobierno
inicia.
“…acciones
que realizó de manera insistente desde el tiempo de la campaña en este 2019,
con el objetivo, tal vez, de querer justificar su columna como un espacio con
credibilidad e independencia. Sus columnas son maliciosas e incluso llenas de
intriga, producto de las filtraciones mal intencionadas, que a todas luces se
aprecian en las líneas de sus publicaciones”, dice la carta firmada por Vélez Macuil.
“Se
aprovecha de la libertad con la que usted cuenta ahora y que en años anteriores
no se atrevió a señalar abiertamente. El gobierno que encabeza Miguel Barbosa
Huerta respetará la libertad de expresión y aceptará la crítica constructiva,
pero no pasará por alto afirmaciones que carezcan de fundamento como es su
caso”, agrega.
Para dar
otro ejemplo se reproduce otra carta que fue enviada por uno de los hombres
cercanos a Barbosa Huerta, el exdiputado local Eric Cotoñeto Carmona.
“…debo de
decirle”, advierte el escrito, “que le pido una sola prueba de todo lo que ha
dicho en mi contra, porque estoy listo para empezar a publicar de usted lo que
todos conocen sobre el dinero que recibe para difamar a las personas; sobre su
inclinación en favor del partido Acción Nacional y del Grupo de derecha llamado
El Yunque”.
“…Sobre
las reuniones que usted celebra para instigar a otros en contra de Morena”,
agrega, “así como sobre el papel que ha jugado usted en la manipulación de la
información de la vida pública y política de Puebla. También debo decirle que
pronto presentaré una demanda civil en su contra, porque a gente de su calaña
ya hay que ponerlos en su lugar”.
Además, se
hace referencia a las supuestas conversaciones de WhatsApp que fueron
publicadas el pasado lunes 23 en el periódico Diario Cambio entre el periodista
Rodolfo Ruiz y el director de Puebla Comunicaciones, Pedro Gómez Castillo;
supuestamente para fraguar “un complot” en contra de Vélez Macuil para que
fuera destituida del área de Comunicación Social.
Artículo 19
detalla que, a decir de Ruiz Rodríguez, esto constituye una campaña de
desprestigio en contra de e-consulta y de su persona, pues niega haber tenido
esa conversación, y que más bien la publicación de la conversación de WhatsApp
se trató de un armado de imágenes falsas y trucadas.
La
organización refiere que las expresiones citadas en las cartas son riesgosas en
el contexto de violencia generalizada que existe en México contra las y los
periodistas.
“En este
sentido, los funcionarios del Estado tienen el deber de garantizar la libertad
de expresión, por lo que sus declaraciones públicas dirigidas contra ciertos
periodistas o medios de comunicación pueden generar condiciones adversas para
el ejercicio periodístico”, expone.
Artículo 19 indica
que esto no significa que las funcionarias y funcionarios públicos dejen de
ejercer su derecho de réplica, pero cuando en sus respuestas oficiales se
incurre en descalificación y estigmatización, añade, no se abona a una relación
democrática con los medios de comunicación y, por el contrario, se nutre la
hostilidad contra la labor periodística, que ya en México se encuentra bajo
asedio.
“ARTICLE
19 exhorta al gobernador Miguel Barbosa, a la coordinadora de Comunicación
Social, así como a cualquier servidor público del gobierno de Puebla, atender
estos criterios y estándares internacionales, debiendo conducir su actuar en
ese sentido, respecto al medio e-consulta, así como a cualquier periodista o
medio que sea crítico respecto al actuar gubernamental”, reclama la organización.
Y pide al
mandatario no desvirtuar el ejercicio de réplica cuyo objetivo debe ser el
robustecimiento de la libertad de expresión y la pluralidad, “no así una
herramienta para desacreditar o descalificar expresiones críticas o no
favorables”.
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