Desde hace
varias semanas, dentro del gobierno federal se mencionaba con insistencia la
posibilidad de que un número no identificado de normalistas de Ayotzinapa que
fueron privados de su libertad hace cinco años en Iguala, no hubieran sido
asesinados, como afirmó el exprocurador General Jesús Murillo Karam. Hipótesis de
ello han corrido desde que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, por
declaraciones que nunca se confirmaron y que se centraban en que la
organización criminal Guerreros Unidos, en cuyas manos cayeron aquella noche de
verano, habían hecho leva con varios de ellos y los tenían trabajando en los
campos de amapola. Sin embargo, la duda sobre si estaban muertos, provenía de
un documento que nunca fue integrado por el gobierno anterior en el expediente
del caso Ayotzinapa, del análisis técnico de los teléfonos celulares de los
normalistas, realizado por el FBI a petición de la PGR, y del que no se tenía
conocimiento hasta ahora.
Una
investigación de más de dos meses realizada por los reporteros de Eje Central,
María Idalia Gómez y Jonathan Nácar, revela que un total de 27 celulares
atribuidos a normalistas, continuaron operando seis semanas después de que
fueron atacados en Iguala. Autoridades, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y expertos internacionales, han dicho que varios teléfonos continuaron
activos después del crimen. Sin embargo, lo que encontró el FBI es que el
patrón de comportamiento de los teléfonos fue el mismo que tenían previo al
crimen. Es decir, la red de vínculos de los teléfonos fue la misma antes y
después del 26 de septiembre, como si nunca hubieran desaparecido.
Los informes
del FBI obtenidos por Eje Central muestran que las llamadas realizadas antes
del 26 de septiembre a municipios de Guerrero, Chiapas, Morelos, Puebla y la
Ciudad de México, continuaron realizándose a los mismos teléfonos –cuyos
propietarios no están identificados– hasta dos meses después de la
desaparición. No hay una explicación que resuelva las incógnitas, pero el FBI
señaló en su informe que los números revisados tenían un comportamiento
“consistente con el mismo usuario”.
La pregunta
¿siguen vivos? cobró una fuerza que no se tenía antes, y renueva la esperanza
de los padres por volver a ver a sus hijos con vida. El subsecretario de
Gobernación Alejandro Encinas responsable de la Comisión de la Verdad sobre el
caso Ayotzinapa, la reforzó el jueves al anunciar que las nuevas búsquedas
serían de vida, como han pedido todos estos cinco años los padres de los
normalistas.
Será la
primera vez que los busquen con vida desde el 30 de septiembre de 2014, cuando
tras una llamada del general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, al
presidente Enrique Peña Nieto, para informarle que un soldado de Inteligencia
Militar, Julio César Patolzin, infiltrado en la Normal de Ayotzinapa y que iba
con los estudiantes cuando fueron atacados, no aparecía; las investigaciones se
enfocaron a determinar cómo los habían matado y dónde podrían encontrarse sus
cuerpos.
El tema de
la telefonía celular fue expuesto por primera vez por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, que detectó que 17 aparatos de los normalistas habían seguido
activos después de la desaparición. El gobierno de Peña Nieto, sin embargo, no
profundizó las investigaciones y, hasta el 6 de julio de 2017, admitió ante la
CIDH que tres chips y nueve teléfonos pertenecientes a los normalistas habían
sido utilizados con posterioridad a los hechos de Iguala, y que a la Policía
Federal le correspondía indagar esas pruebas.
La Policía
Federal no hizo nada, y de ahí derivan nuevas líneas de investigación en contra
de los excomisionados de la Policía Federal, Enrique Galindo y Manelich
Castilla, así como en contra del excomisionado nacional de Seguridad, Renato
Sales, bajo el presunto delito, cuando menos, de omisión. Además de ellos,
cabría la posibilidad de que se abra otra en contra del exprocurador Jesús
Murillo Karam, responsable directo de no haber integrado el análisis de
telefonía del FBI al expediente del Caso Ayotzinapa. De acuerdo con exfuncionarios
de la PGR que participaron en la investigación, Murillo Karam nunca les informó
de la existencia del documento. En la constancia de expedientes que se entregó
a la CNDH, tampoco figura el reporte.
El FBI
realizó el análisis de la telefonía celular a partir de la información que le
proporcionó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el
Combate a la Delincuencia. No se sabe con precisión la fecha cuando pidió la
PGR el apoyo del FBI, pero sí cuándo entregó sus resultados. De acuerdo con Eje
Central, el primer reporte se entregó con fecha 7 de noviembre de 2014, y el
segundo 14 días después. Las fechas son importantes.
El 7 de
noviembre fue la conferencia de prensa de Murillo Karam, inmortalizada por la
frase “ya me cansé”, donde dijo que aunque se mantendría la investigación
clasificando a los normalistas como desaparecidos, “no tengo ninguna duda de
que ahí hubo un homicidio masivo”. El 27 de enero de 2015 ofreció otra conferencia
de prensa, donde dijo que la “verdad histórica” es que los cuerpos de los 43
normalistas los habían incinerado en el basurero de Cocula, y sus cenizas
arrojadas al río San Juan.
Los
documentos revelados este jueves muestran que Murillo Karam desestimó la
información del FBI y nunca la tomó en cuenta para revalorar sus conclusiones.
Peor aún, que la escondió para no incorporarla a la investigación. Haberlo
hecho habría derrumbado sus conjeturas o cuando menos lo habría obligado a
matizarlas. No hacerlo abre la vía a una acusación por omisión u obstrucción de
la justicia.
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