Cuando el
Viaducto Bicentenario fue construido en 2008, lo hizo a través de una
“licitación amañada” otorgada por el Gobierno del Estado de México, ya que se
edificó sobre la autopista México-Querétaro, de jurisdicción federal, explicó
el abogado Paulo Díez Gargari.
En
entrevista para Aristegui en Vivo, Díez afirmó que por esta irregularidad,
Aleática, la empresa concesionada, no está facultada para cobrar una cuota por
su uso, y debe ser recuperado por el Gobierno Federal para pasar a ser
propiedad de la nación.
El abogado sostuvo
que lo que tiene que verificar la FGR es que esta autopista sea una vía de
jurisdicción federal; que el viaducto bicentenario esté construido sobre esa
vía, y verifique que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no
otorgó una concesión al Gobierno del Estado de México o a Aleática para que
construyeran, operaran y mantuvieran esa autopista.
Por este
motivo puso a disposición del público una copia de la carta que presentó al
titular de la SCT, para que cualquier ciudadano que así lo desee pueda
presentarla ante esta dependencia federal y exigir que el Viaducto Bicentenario
pase a formar parte del patrimonio nacional.
“El delito existe y debe ser judicializado” y
nos empieza a permitir llevar a los tribunales a que rindan cuentas los
corruptos, pero también empezar a recuperar los bienes que son objeto o producto
de actos de corrupción en beneficio de la nación”.
Díez Gargari
también presentó una carta solicitando a la SCT para que denuncie el delito
y aplique la ley para recuperar esa autopista en beneficio de la nación,
garantizando a los mexicanos el libre tránsito sin pago de cuota.
“Simplemente
porque estos señores no tienen facultad para cobrar la cuota”, declaró.
“El abuso
tiene que terminar, los mexicanos estamos hartos de la corrupción, pero, sobre
todo, de la impunidad asociada a estos señores que durante tanto tiempo
mantuvieron y controlaron el poder político y económico”, recalcó.
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