El gobierno que incita a violar la ley.

Darío Celis.

En febrero de este año se presentaron en el sector salud tres casos de reacciones adversas por suministro de metotrexato. Fue en el Hospital del Niño Poblano, donde tres infantes murieron.

Tanto la Secretaría de Salud del estado como el propio nosocomio aceptaron que los decesos no fueron por la calidad del fármaco en sí mismo, sino por la forma en que se suministró.

El respectivo reporte de farmacovigilancia así lo demostró. El metotrexato es un medicamento muy maduro. Lleva 20 años siendo un genérico y ya incluso dejó de ser rentable para la industria.

Pero a pesar de que las autoridades locales reconocieron que la causa de las muertes fue por la forma en que se dosificó el fármaco, el laboratorio PiSA recibió una orden de verificación sanitaria.

Fue la 19MF330901748M0 de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que preside José Alonso Novelo, un pediatra yucateco, cuya principal virtud es ser partidario de Morena y amigo de Andrés Manuel López Obrador.

El regulador hizo la verificación de rigor y de ella se desprendió la conclusión de que el metotrexato del laboratorio tapatío de Carlos Álvarez Bermejillo tenía cero defectos críticos.

Lo que sí se le señaló a la empresa en el reporte de farmacovigilancia de la Cofepris fueron problemas “administrativos” que quedaron asentados en seis observaciones.

La misma dependencia de Novelo reconoció que el fármaco para combatir el cáncer en niños no estaba contaminado. Pero aún así impuso una medida sanitaria. Fue con el folio número 89

¿Cuál fue esa medida? Prohibió que PiSA la siguiera fabricando y distribuyendo a los hospitales del sector salud. Así, desde el mes de mayo la producción del metotrexato quedó suspendida.

La Cofepris y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pensaron equivocadamente que tenían suficiente metotrexato para sustituir a PiSA.

Desde ese mes de mayo emitieron un comunicado diciendo que había otros cuatro productores del medicamento. Y todavía tres meses después, ya con quejas de padres y médicos, lo volvieron a ratificar.

Con el riesgo de desabasto por el cierre de las líneas de producción de PiSA por un tema administrativo y la orden de no distribuir, la Cofepris publicó en su página web lo siguiente:

Palabras más palabras menos, existen cinco productores de metrotexato que tienen el permiso para importarlo hasta el 2020 y que equivale a una producción de 35 millones de unidades.

Efectivamente, además de PiSA lo tienen el mexicano Zurich, el español Accord, el argentino Asofarma, el israelí Teva y el alemán Fresenius. Pero ya nadie, excepto el primero, lo produce.

El metrotexato es un fármaco maduro cuyo costo de fabricación versus el valor del mercado hace que ya no sea redituable. Por eso el gobierno de la 4T tuvo que salir a comprarlo de emergencia a Francia.

La medida de seguridad folio 89 de PiSA se materializó hasta el 11 de junio en un acta de prevención que ratificó la suspensión de producción y distribución del metotrexato por la Cofepris.

La firmó el director ejecutivo de Supervisión y Vigilancia Sanitaria, Ricardo Cárdenas Orozco. Pero otra vez, se sancionan inconsistencias administrativas, no la calidad del producto.

A partir de ahí la Cofepris y la Secretaría de Salud, de Jorge Alcocer, ordenan a PiSA que recoja lo que había mandado a centros de distribución. Eran 17 mil dosis, que equivalían a un mes de abasto.

Cuando la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, asegura en privado que PiSA escondió y chantajeó al gobierno con el metotrexato, o la mal informan o actúa de mala fe.

Tanto los susodichos Novelo y López-Gatell debieron saber:

1) Que la calidad del metotrexato de PiSA nunca estuvo en falta y que las muertes de los niños fueron por la forma en que se les dosificó el producto.

2) Que a pesar de que había cinco productores, PiSA era el único que lo producía y no por una cuestión de monopolio, sino porque los otros cuatro dejaron de fabricarlo e importarlo.

3) Que el producto nunca se ocultó: conocían de las 17 mil dosis y sabían perfectamente dónde estaban porque la misma Cofepris le ordenó a PiSA recogerlas.

4) Conocían desde junio que el nivel de inventario iba a provocar un inminente desabasto en los hospitales del sector público.

Cuando Novelo y López-Gatell se enteran que de los cuatro laboratorios que podían sustituir a PiSA ninguno podía hacer frente al ya inevitable desabasto, salen con un cuento más.

El 27 de agosto se emite un comunicado en el que informan que los principales “productores” del metrotexato no cuentan con el certificado de vigilancia y buenas prácticas de fabricación.

La Cofepris vuelve a mentir: primero en mayo dijo que había cinco fabricantes que garantizaban 35 millones de dosis y tres meses después asegura que ninguno tiene certificados para hacerlo.

Y además remata cargando toda la responsabilidad del desabasto a PiSA, cuando desde mayo le frenó la producción y le ordenó recoger el metotrexato so riesgo de que se echara a perder.

El desabasto del fármaco hizo crisis el 26 de agosto, cuando padres de niños con cáncer cerraron los accesos al aeropuerto de la CDMX. El tema se empezaba a salir del ámbito de la Cofepris.

Novelo empezó a decir más mentiras para justificar sus errores. Ese mismo lunes recibió una llamada de Alejandro Mohar, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE).

El especialista urgió a Novelo a liberalizar las únicas dosis que había en todo el país: las 17 mil que PiSA recogió por orden de la misma Cofepris. Novelo todavía intentó cubrirse diciendo que éstas nunca se habían asegurado y que la empresa las tenía guardadas.

La intervención de Mohar derivó en una reunión al otro día, el martes 27 de agosto, entre Novelo y el director de Relaciones Institucionales de Pisa, José Antonio Zavala.

Zavala llegó muy temprano a las oficinas de Novelo desde Guadalajara con el ánimo de apoyar el problema del desabasto, pero en la recepción le dijeron que no tenía cita y que tenía que gestionarla vía correo electrónico.

El directivo fue recibido por Novelo hasta las 2 de la tarde y en la reunión, donde todo el tiempo lo grabaron, revisaron los alcances del acta de prevención del 11 de junio en la que la Cofepris le ordenó a PiSA suspender producción y distribución de metotrexato.

Novelo quiso defenderse asegurando lo mismo que horas antes le señaló a Mohar: nosotros nunca aseguramos el producto. Y Zavala contestó que la Cofepris puso sellos que impedían la movilización del metotrexato.

El dizque chantaje que acusan Novelo, Buenrostro, López-Gatell y el propio López Obrador se deriva del hecho de que en esa reunión el titular de la Cofepris pidió a Zavala violar los sellos que ellos mismos pusieron para distribuir el fármaco a los hospitales.

Zavala se negó porque era un delito federal y así lo expuso a su interlocutor. Y es que la presión ya era incontenible. Alguien le aseguró a AMLO que el producto ya estaba disponible y en horas quería hacer el anuncio.

A las 6 de la mañana del martes 28 Mohar llamó a Zavala para informarle que el Presidente anunciaría la disponibilidad del metotrexato. Otra vez advierte que no violarían los sellos porque era un delito federal.

A los 20 minutos recibe otra llamada y le aseguran que la orden viene de Presidencia y que liberaran el fármaco aún sin la autorización de la Cofepris. Para los de la 4T, el rechazo a una invitación a violar la ley fue interpretado como un acto de chantaje.

Al final López Obrador saldría a decir que había problemas con el suministro y que instruyó a su gabinete a salir a comprarlos en el exterior.

El desabasto ya pegaba. El 29 de agosto el secretario de Salud, Jorge Alcocer, se disculparía con los padres y dos días después se aventuraba a decir que el metotrexato ya estaba disponible.

Pero no: el medicamento llegó hasta el 21 de septiembre, o sea 20 días después, y en cantidades mínimas. Buenrostro y López Gatell anunciaron 38 mil dosis para lo que resta del año, pero hasta ahora han entrado 5 mil.

El desabasto continúa y el problema ya rebasó a la Comisión de Salud del Senado. El asuntó ya está escalando a la Junta de Coordinación Política que preside Ricardo Monreal.

Hoy, por lo pronto, están citados Alcocer y Novelo.