Por J. Jesús
Esquivel.
Tras
detectar irregularidades por más de 53 millones de pesos en los consulados de
Dallas, Raleigh, San Antonio, Los Ángeles, Tucson y Nueva York durante la
gestión de Luis Videgaray Caso como canciller, la Auditoría Superior de la
Federación emprendió la auditoría 33-GB que hasta la fecha ha emitido 18
recomendaciones que implican en ese desfalco al excanciller y a varios de sus
colaboradores, entre ellos a Claudia Algorri Guzmán y a Diego Gómez Pickering.
La Auditoría
Superior de la Federación (ASF) investiga una presunta estafa en la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por más de 53 millones de pesos que
apunta hacia el excanciller Luis Videgaray Caso, su ex vocera Claudia Algorri
Guzmán y otros diplomáticos.
De acuerdo
con el oficio número OASF /0714/2018, la pesquisa se concentra en determinar
si hubo “daño o perjuicio” por la falta de documentación “justificativa y
comprobatoria” de erogaciones del presupuesto en los consulados mexicanos en
Dallas y San Antonio, Texas; Raleigh, Carolina del Norte; Nueva York; Tucson,
Arizona; y Los Ángeles, California.
La
investigación sobre el monto ejercido en 2017 se justificó en la SRE bajo la conducción
de Videgaray presuntamente para el programa de Fortalecimiento para la Atención
a Mexicanos en Estados Unidos (FAMEU).
“Los
fondos del mandato se enviaron al consulado de México en Milwaukee en una
cuenta bancaria en la institución US-Bank, posteriormente se remiten a la
embajada y/o las representaciones consulares para cubrir gastos que hayan sido
autorizados por las unidades administrativas responsables de su ejercicio, ya
sea la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior (DGPME) o el
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME)”, expone uno de los documentos sobre
el caso obtenido por Proceso.
El anexo
17-0-05100-15-0033 de la ASF fechado el 14 de julio 2018 indica lo siguiente para
el caso del consulado en Nueva York, e involucra directamente a Algorri Guzmán,
directora de la unidad de Comunicación Social en la era Videgaray, y Diego
Gómez Pickering, quien estuvo al frente de ese consulado hasta noviembre de
2018:
“Se
presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por
un monto de 46 millones 817 mil 244 pesos, por no acreditar la entrega de
servicios sustentados mediante los contratos formalizados por la Representación
de México en el exterior en Nueva York con un prestador de servicios para la contratación
de difusión de materiales sobre protección preventiva para personas mexicanas
en los Estados Unidos de América por 915 mil dólares, equivalentes a 16
millones 356 mil 540 pesos y con dos prestadores de servicios por 1 millón 704
mil dólares, no obstante que dichos servicios fueron pagados en su totalidad en
noviembre de 2017.”
Los
servicios de “difusión” en Nueva York, explican fuentes de la cancillería consultadas por el
reportero, “fueron idea total de Algorri Guzmán, y aunque el enlace fue la
DGPME, fue la Unidad de Comunicación Social en colaboración directa con Gómez
Pickering, quienes eligieron y asignaron los contratos a entidades privadas.
“Yo sólo
fui el enlace, todo lo manejó la dirección de Comunicación Social”, explica a
este semanario Jacob Prado, titular de la DGPME cuando se asignaron los
millones de pesos
sujetos a la investigación de la ASF.
“Algorri
Guzmán dio las órdenes; Gómez Pickering firmó los contratos”, dice Prado, quien
asegura que a él no lo investiga la ASF.
Sin embargo,
el martes 17 el diario Reforma publicó en la columna Templo Mayor: “Alguien
en Malinalco va a despertar con sobresaltos cuando se entere que el embajador
Jacob Prado, quien fuera director general de Protección a Mexicanos en el
Exterior, está siendo investigado por un supuesto desfalco superior a los 51
millones de pesos”.
Un Enlace
Singular.
Conforme a
lo establecido hasta el momento por la ASF, por medio de los contratos
orquestados por Algorri Guzmán y Gómez Pickering se adquirieron de manera
inexplicable “demasiados productos” para la difusión, los servicios resultaron
inservibles y varios no se usaron, como la producción de videos.
“Soy el
enlace para la auditoría, no hemos llegado a un proceso judicial ni vamos a
llegar a nada, no tengo nada que ver en eso”, insiste Prado, quien antes estuvo en el consulado de
El Paso, Texas.
Como parte de
las investigaciones ordenadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador por
los presuntos actos de corrupción, malversación de fondos, enriquecimiento
ilícito y abuso de poder, la cancillería y la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público son dos de las entidades sujetas a minuciosas investigaciones
por parte de la ASF. Videgaray fue titular de ambas dependencias durante el
sexenio de Enrique Peña Nieto.
Fuentes
consultadas de la SRE –ahora a cargo de Marcelo Ebrard– sostienen que las
investigaciones de la auditoría apuntan directamente a Videgaray y quienes
fueron sus asesores y colaboradores más cercanos en la cancillería, como
Algorri Guzmán.
En el
resultado número 12 del Pliego de Observaciones del anexo de la ASF, se
expone que la investigación por 261 mil 906.26 pesos es “por la falta de
documentación justificativa y comprobatoria que sustente la aplicación de las
erogaciones de los recursos ministrados a tres representaciones de México en el
exterior etiquetados para el pago de prestadores de servicios independientes”.
Otro inciso destaca
la falta de esclarecimiento del uso de recursos por 5 millones 313 mil 117.72
pesos “por los pagos de servicios profesionales independientes que no se
sustentaron en los reportes detallados relativos a las actividades efectuadas
por 55 prestadores de servicios contratados por las Representaciones de México
en Dallas, Los Ángeles, Nueva York y Tucson, con cargo en la partida
presupuestal 39902 ‘Gastos de las oficinas del Servicio Exterior Mexicano’”.
Por un monto
menor, 25 mil 303.09 pesos, la ASF revisa el caso de “dos prestadores de
servicios profesionales que rescindieron dos contratos con la Representación de
México en Raleigh por concepto de talleres informativos y de diagnósticos
migratorios, sin que se proporcionara evidencia documental de su reintegro a la
Tesorería de la Federación”.
Para la
investigación de la ASF en el consulado en San Antonio, se busca definir el
gasto de 702 mil 112.07 pesos, “por el pago a un prestador de servicios
profesionales que formalizó su contrato… sin haber acreditado que presentó su
‘Reporte Mensual’ y ‘Reporte Final al terminar la vigencia del contrato’,
documentos que debían proporcionarse para sustentar los servicios prestados”.
Desde que se
asignaron esos gastos a los consulados auditados se les indicó que sus
titulares serían los responsables de obtener la documentación comprobatoria
conforme a las normas administrativas vigentes de la SRE.
LAS
IRREGULARIDADES.
En su
investigación 33-GB, la ASF subraya, basada en notas informativas, que esos
consulados debieron enviar la carpeta de comprobación del gasto en forma
digital a la DGPME y al IME, dependiendo de los programas que dirigen cada una
de las unidades administrativas y con copia al consulado en Milwaukee a más
tardar el décimo día hábil del mes subsecuente al ejercicio de los recursos.
“Al
tratarse de recursos provenientes del mandato para la estrategia de
Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en Estados Unidos y no estar
comprendidos dentro del presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
su ejercicio no podrá ser reportado en el Sistema para la Gestión
Programático-Presupuestaria para las representaciones de México en el
exterior”, destaca
el documento Nota Informativa.
Debido a que
la ASF ya tiene a su cargo varias investigaciones, los funcionarios de la
SRE consultados por Proceso hablaron bajo la condición del anonimato para no
interferir o entorpecer las averiguaciones.
Uno de ellos
asegura: “Se han encontrado muchas irregularidades cometidas en el sexenio
pasado, todas se han reportado conforme a los estatutos del gobierno federal y
se está haciendo lo correspondiente para aclararlas.”
–¿Se podrían
fincar cargos a los responsables? –le pregunta el corresponsal.
–Esperamos
que sea así. De lo contrario, no tendría caso que se lleven a cabo con tanto
detalle las auditorías.
–¿Cargos a
qué nivel de exfuncionario?
–Al más
alto nivel, de comprobarse lo que se investiga por probable daño o perjuicio a
la hacienda mexicana.
Por el
momento, la ASF ha emitido 18 recomendaciones respecto al caso de los 53
millones 94 mil 380 pesos sujetos a investigación. La número 15 indica lo
siguiente para prevenir casos similares en la SRE cuando se trate de la
contratación de prestadores de servicios en el extranjero: “Como mínimo, las
firmas de quien elaboró y autorizó, sello y fecha de recepción por parte del
funcionario público responsable de la supervisión y seguimiento de los servicios
contratados; asimismo, que los recibos expedidos por el pago de los servicios
hagan referencia al contrato que corresponde y que los pagos a los proveedores
se efectúen cuando los servicios se encuentren totalmente devengados”.
Los
consulados bajo sospecha estaban encabezados en 2017 por Francisco de la Torre
(Dallas), Remedios Gómez Arnau (Raleigh), Reina Torres (San Antonio), Carlos
García de Alba (Los Ángeles), Ricardo Pineda (Tucson) y Gómez Pickering (Nueva
York).
“Para que
la SRE fortalezca sus mecanismos de control y supervisión que garanticen que
las operaciones realizadas con los recursos aportados al mandato denominado
‘Mandato para la Estrategia de Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en
Estados Unidos’, deberán ser dictaminados por el despacho de auditores
designados por la Secretaría de la Función Pública (SFP)”, agrega la auditoría 33-GB en sus
recomendaciones.
Varios de
los involucrados en el uso de los recursos investigados por la ASF se dicen
inocentes y arguyen que no tenían otra alternativa más que asumir la
responsabilidad de los contratos con su firma.
Las
órdenes provenían de Videgaray o de Algorri Guzmán; esta última operaba en la
SRE con una autoridad que no le correspondía a su cargo debido a su cercanía
con el canciller. Los miembros del Servicio Exterior implicados no tenían más
opción que cumplir órdenes.
De entre los
funcionarios de los consulados mencionados, sólo Gómez Pickering no es
miembro del Servicio Exterior Mexicano, el resto sigue trabajando en
representaciones consulares de México en el extranjero.
Durante su
gestión como cónsul en Nueva York, Gómez Pickering trabó amistad con Videgaray,
Algorri Gómez y otros integrantes de su grupo de asesores.
“La SRE ha
venido trabajando con la ASF en la solución de cada una de las observaciones a
la auditoría 33-GB, por lo que quedan muy pocas de ellas en estatus de
revisión”, añade Prado, ahora adscrito a la Subsecretaría para América del
Norte.
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