Por Maurizio
Guerrero.
La jueza
federal Carol Bagley Amon, de la Corte de Brooklyn, sentenció a 20 años de
prisión al exfiscal general de Nayarit, Édgar Veytia.
Acusado
de tres cargos por traficar drogas a Estados Unidos, Veytia también fue
condenado a cinco años de libertad bajo supervisión, así como a entregar un
millón de dólares de activos confiscados.
En la
sentencia, la jueza Amon consideró que Veytia había cometido un “delito
extraordinariamente serio”, y explicó que el fiscal, apodado El Diablo según la
acusación de la fiscalía, también había autorizado el uso de violencia en su
estado, incluyendo asesinatos.
Amon aceptó
parte del argumento de la defensa, de que Veytia había sido colocado como
autoridad en un estado con altos niveles de corrupción y de violencia, por lo
que no tenía opción más que corromperse.
Su tarea
era “imponer la ley en un área de México donde no había leyes”, indicó Amon. Sin embargo, expresó que Veytia
había permanecido en el estado de Nayarit por un interés financiero.
Explicó
que dado que Veytia tiene la ciudadanía estadunidense, y contaba con
propiedades en California, el funcionario pudo haber emigrado a Estados Unidos,
y así escapar de la violencia en México.
Veytia,
por su parte, expresó que lo habían colocado en un “estado de guerra”, pero que
aceptaba que había cometido “errores”, por lo que pedía clemencia a la juez.
La
acusación de la fiscalía se basó en los favores de Veytia al llamado Cartel
H-2, encabezado por Juan Francisco Patrón Sánchez, a cambio de sobornos. Bajo
la protección de Veytia, el Cartel H-2 distribuyó cientos de kilos de drogas a
Estados Unidos.
Su ayuda
también implicó la liberación de prisión de miembros y asociados del Cartel H-2
acusados de tráfico de drogas y posesión de armas, entre otros delitos.
Asimismo, instruyó a agentes de las fuerzas del orden a atacar a
narcotraficantes rivales en Nayarit.
Veytia se
había declarado culpable el pasado 4 de enero, luego de que fuera arrestado en
marzo de 2017 en la ciudad de San Diego tras cruzar la frontera desde México.
Más tarde fue trasladado a Nueva York, donde fue radicado su caso.
En agosto
último, la agrupación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio
cuenta de las correrías de Édgar Veytia en su paso por la Fiscalía General de
Nayarit. A continuación, se reproduce el texto:
Los
nayaritas supieron lo que era vivir en el infierno, mucho antes de que en
Estados Unidos hicieran público que, en el mundo del crimen organizado, al
exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia lo apodaban “El Diablo”.
Poco a
poco salen a la luz las historias de terror, desaparición de personas, secuestro,
extorsión, levantones y asesinatos sufridas por comerciantes, dueños de
terrenos que fueron obligados a pagar derecho de piso o malbaratar sus tierras.
Las que
se describen a continuación son las de un grupo de comerciantes se atrevieron a
enfrentar a Veytia –hoy preso en Estados Unidos, acusado de narcotráfico— y que fueron documentadas por la
organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Era la
primavera del 2013 –entre mayo y junio– cuando un grupo de comerciantes,
pequeños restauranteros, vendedores de flotadores para nadar y ambulantes que
ofrecen comida al turismo a lo largo de los dos kilómetros de playa en
Guayabitos –municipio de Compostela– fueron a Tepic, la capital, porque ya no
soportaban más.
Los pagos
por derecho de piso, los secuestros, las amenazas de muerte y los asesinatos
los estaban ahogando. Y aunque el miedo les calaba hasta los huesos, se
enfrentaron a Édgar Veytia, quien apenas unas semanas atrás –en febrero de ese
mismo año– había sido nombrado Fiscal, si bien hacía tiempo que estaba al mando
de la policía.
Entre los
comerciantes que se animaron a entrar a la oficina de Veytia en la Fiscalía del
estado –ubicada al poniente de la capital nayarita– también iban los dueños de
modestos hoteles a quienes un grupo de hombres con armas largas los sacaron a
empujones de sus casas para que firmaran contratos de venta sobre sus negocios
con una empresa constructora llamada DUVASA. Justamente entre febrero y marzo
de ese mismo 2013, casi al mismo tiempo que en el Congreso de Nayarit cocinaban
la designación de Veytia como Fiscal a propuesta de su amigo, el gobernador
Roberto Sandoval.
Antes de
escuchar a los vecinos de Guayabitos, Veytia colocó una pistola con sus
iniciales grabadas en la cacha sobre su escritorio. Lo hizo en un solo
movimiento. El ruido del arma sobre la madera intimidó a los comerciantes.
Todos sabían
que, bajo sus órdenes, operaba un grupo de encapuchados, armados y a bordo de
camionetas sin placas. Se trataba de policías que habían sembrado el terror en
Nayarit desde que Sandoval asumió el cargo de gobernador, según testimonios
obtenidos por MCCI.
De acuerdo
con la investigación, uno de los asistentes grabó el encuentro dentro de la
oficina de Veytia y a lo largo de 54 minutos, en medio de la discusión, se
escuchaban gritos desesperados de una mujer que suplica con gritos de dolor que
paren.
Pero Veytia
no reparó sobre los lamentos y ni él ni sus guaruras procuraron averiguar qué
pasaba, incluso refiere MCCI, el Fiscal habla como si las exclamaciones de
dolor y el llanto de la mujer fueran parte del ambiente.
La
organización encabezada por Claudio X González obtuvo copia de esa grabación
que, desde hace tiempo, circula entre los vecinos de Guayabitos y comprobó con
cuatro distintas fuentes ajenas a la comunidad de Guayabitos que sí se trata de
la voz del exfiscal detenido en Estados Unidos y al borde de una condena tras
confesar que protegió al narcotráfico.
MCCI se
reservó los nombres de sus fuentes por razones de seguridad y porque la mayor
parte de los policías, comandantes, testaferros y cómplices del exfiscal
todavía viven y operan Nayarit.
Como también
ha publicado Proceso, en el periodo 2011-2017, durante el gobierno del priista
Roberto Sandoval policías encapuchados dirigidos por Veytia extorsionaron a
cientos de personas para despojarlas de casas, ranchos, negocios, bodegas,
terrenos y dinero.
Tras su
captura en Estados Unidos, se publicó que el exfiscal facilitaba que el Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG) almacenara en Nayarit cargamentos de cocaína y
precursores de drogas sintéticas que desembarcaban en Manzanillo, Colima,
puerto ubicado a 473 kilómetros de Tepic. Los capos eligieron para vivir
localidades nayaritas como Tepic, Bucerías, San Blas, Bahía de Banderas y Nuevo
Vallarta.
Terrenos
arrebatados.
José Cruz
Corchado Partida tenía un terreno de 8 mil 476 metros cuadrados donde compraba
y vendía ganado. Su vida se hizo trizas cuando a un lado construyeron el centro
comercial Fórum. El valor de sus tierras se volvió atractivo, pero Veytia
secuestró a su hijo para obligarlo a venderlas un 40% por debajo de su precio.
“Quiero
que me vendas (…) Te voy a pagar a mil 900 pesos el metro cuadrado y, si no
quieres, de todos modos, va a ser mío ¿cómo la ves?” Le dijo Veytia a Corchado
con la pistola descansando sobre el escritorio. Entonces sonó un celular, el
exfiscal puso el altavoz; llamaba Sandoval, el gobernador.
–¿Qué?
¿Ya trataste con nuestro amigo? – le preguntó Sandoval
–En eso
estamos, señor gobernador– dijo Veytia.
–Si no lo
quiere vender, enciérramelo uno o dos días para que afloje– sugirió.
–No pues
así por las buenas, sí te vendo– respondió Corchado.
Sin embargo,
el dinero pactado no llegó completo a manos del ganadero. Para compensar lo que
faltaba, le ofrecieron dos departamentos que él no quiso. “Ahí estaban antes
puros malandros”, relató a MCCI en una entrevista.
Casi la
mitad de sus tierras fueron usadas para construir un fraccionamiento, pero los
predios seguían a nombre de Corchado ante el registro público de la propiedad
como una manera de ocultar la identidad de los nuevos dueños.
Cuando
Sandoval dijo “enciérramelo unos días para que afloje”, Corchado sintió pavor.
Si no entregaba sus tierras, lo llevarían al penal para encerrarlo en “la jaula
de los locos”. En Nayarit la gente había escuchado que se trataba de un castigo
insoportable.
“La jaula
de los locos” le llamaban a la celda especial en el que mantenían a las
personas enfermas mentales bajo condiciones de aislamiento. “No hay quien
aguantara más de una noche ahí”, dijo a MCCI Juan Miguel Coppel Godoy, un
vendedor de autos usados quien fue encarcelado porque supuestamente participó
en un secuestro.
Para
liberarlo, la familia de Coppel debía pagar 300 mil pesos. Unos enviados de
Veytia los llevaron con una prestamista: a cambio de las escrituras de una casa
les darían lo justo para soltarlo. Ellos se negaron, su vivienda valía por lo
menos un millón de pesos.
Esta
decisión tuvo sus consecuencias: Juan Miguel fue enviado a una celda de castigo
donde lo amarraron. Le quitarían las uñas de los pies. “¡Jálale! porque no te
voy a dar nada”, les decía a los enviados de Veytia. Tres años después, él
quedó en libertad porque no había pruebas en su contra.
En mayo
pasado, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro
estadunidense (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó al exgobernador Sandoval
en la lista negra por estar involucrado con el CJNG. Según la acusación,
Sandoval permitió que los capos se apoderaran de activos estatales y recibió
sobornos.
Cuando
Veytia fue capturado en Estados Unidos y terminó el gobierno de Sandoval, las
historias contadas en voz baja dentro de los restaurantes o los rumores como la
existencia de “la jaula de los locos”, y las anécdotas sobre los secuestros
estallaron: más de dos mil personas de los 20 municipios nayaritas denunciaron
haber sido víctimas del Fiscal y de sus policías, luego de que un grupo de
ciudadanos lanzara una convocatoria para que se conociera lo sucedido durante
los últimos seis años.
Las
protestas desencadenaron la creación de la Promotora de la Comisión de la
Verdad. Uno de sus representantes más identificados públicamente ha sido
Rodrigo González Barrios, un exdiputado del PRD.
Las denuncias
afloran.
A partir del
14 de junio del 2017 esas protestas fluyeron. La Comisión de la Verdad informó
que 543 acusaciones podían convertirse en denuncias. La gente tenía miedo de
acudir ante la Fiscalía, aunque se trataba de un nuevo gobierno, otros señalamientos
no tenían testigos y, en algunos casos, los posibles delitos habían prescrito.
Las primeras
25 se presentaron ante la nueva Fiscalía encabezada por Petronilo Díaz Ponce.
Hasta las dos primeras semanas de este agosto no había información pública
sobre el estatus de esos expedientes. Es decir, a más de dos años y medio de
distancia no se sabía de alguna persona detenida, o de órdenes de captura, de
acuerdo con los abogados de las víctimas.
MCCI
solicitó una entrevista con el Fiscal, pero, hasta el momento de publicar su
investigación el funcionario no encontraba un espacio en su agenda de trabajo.
Sin embargo,
el pasado viernes por la tarde, Petronilo Díaz llamó a conferencia de prensa en
la que informó sobre 28 carpetas de investigación: 11 contra el exgobernador
Roberto Sandoval y 17 contra Veytia.
De esos
expedientes, ya cuentan con tres órdenes de aprehensión contra el exfiscal por
extorsión, amenazas y secuestro. Respecto al exmandatario, reveló que le
incautaron 12 inmuebles.
El nuevo
Fiscal también dijo que, en tres casos, las víctimas obtuvieron bienes
inmuebles como reparación del daño y, a otra más, se le entregaron 53
hectáreas.
De acuerdo
con la revisión que hizo MCCI a las denuncias manejadas por la Comisión de
la Verdad, en 21 de los 25 casos llevados ante la Fiscalía, el exgobernador
Sandoval figura como el principal señalado por despojos.
Algo
similar sucede con Veytia: su nombre junto al de los policías sin rostro fueron
acusados en 18 de esos expedientes, aunque a ellos también los
responsabilizaron de torturas.
MCCI tuvo
acceso completo a 14 de los 25 expedientes presentados ante la Fiscalía entre
2017 y 2018. En ellos aparecieron 62 personas. Entre ellas se encuentran
notarios ubicados en Nayarit. Las víctimas de Veytia eran llevadas a sus
oficinas para que validaran el traslado de dominios o venta de propiedades, de
acuerdo con los testimonios.
Los
notarios referidos fueron los siguientes: Arturo Luna, Carlos E. Alfaro, Jorge
Arturo Parra, Pedro Soltero, Emilio M. González, Héctor Manuel Béjar y Jesús
Torris Lora.
Sólo dos
de ellos accedieron a hablar con MCCI: Toris Lora y Arturo Luna López de la
Notaria 6. Este último se limitó a decir: “Eso es falso. Una calumnia. Yo no lo
hubiera permitido. Todo estaba en regla. En mi caso, esa historia es un
invento”.
De los 14
expedientes revisados, 10 son por despojo de inmuebles, nueve por extorsión; en
todos los casos hay torturas y en los casos de los entrevistados por MCCI,
todos nombraron a Veytia.
El ascenso
de Veytia.
Veytia
ascendió de puesto durante el gobierno de Sandoval. En 2011 inició como
secretario de Seguridad Pública y para el 2015 ya se había convertido en el
primer Fiscal de ese estado.
En el ámbito
personal, cursó una maestría en Ciencias Jurídicas y un doctorado en Ciencias
Forenses, en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit. Sin embargo, el
último de sus grados académicos no está registrado en la Secretaría de
Educación Pública (SEP), de acuerdo con una revisión hecha por MCCI antes de
publicar su investigación.
Tampoco hay
antecedentes de que concluyera el bachillerato, y su doble nacionalidad
–mexicano y estadunidense– no lo hacía candidato para el tipo de cargos que
ocupó.
El 2013 fue
uno de los años más difíciles para los nayaritas. Los expedientes penales
abiertos llegaron a siete mil 726. Tepic era un campo de batalla; el CJNG y los
hermanos Beltrán Leyva se disputaban el territorio. Siete años después, Veytia
ha confesado que trabajó para el primero de esos grupos y al exgobernador
Sandoval lo investigan en Estados Unidos por proteger al mismo cartel.
Por aquel
entonces hubo un homicidio que acaparó la atención de los nayaritas: el 15 de
diciembre del 2013 apareció muerta de 32 puñaladas Aurora Ponce del Ángel,
quien trabajaba para el Servicio Médico Forense, un área bajo la responsabilidad
de Veytia.
Según la
versión oficial, a ella la asesinó su propia hija, Venus María Valdés. Las
pruebas en su contra fueron un cuchillo y un dictamen en el que constaba cómo
primero la durmió usando 15 pastillas de Diazepam mezcladas con pollo. Sin
embargo, las pruebas periciales posteriores indicaron que en el cuerpo de la
víctima no hallaron rastros de ese medicamento, y sobre todo, el tipo de
heridas eran incompatibles con el grosor y tamaño de la supuesta arma homicida.
Venus
María Valdés –de 34 años de edad– dijo en una de sus declaraciones
ministeriales (expediente 905/20013) que a su madre la asesinaron porque ella
tenía información sobre “muchas cosas” que Veytia había cometido y, sobre todo,
del enfrentamiento entre marinos y gatilleros ocurrido en la Laguna de Santa
María del Oro.
En ese sitio
fueron detenidos policías de Nayarit bajo el mando de Veytia que estaban a
cargo de la seguridad en una fiesta donde fueron sorprendidos lugartenientes de
los hermanos Beltrán Leyva. Cuando sucedió esto, en octubre del 2013, el
exfiscal colaboraba con ese cártel y, tiempo después trabajó para el CJNG, de
acuerdo con información difundida por la prensa local
En el
audio conseguido por MCCI hay al menos un dato revelador sobre qué papel jugaba
el exfiscal: cuando los comerciantes y hoteleros de Guayabitos intentan
explicar que fueron amenazados y obligados con armas de fuego a firmar
contratos, Veytia golpea la mesa. Les grita que, personalmente, se encargó de
poner orden en la zona para que nadie los molestara. Lo que ellos le reclamaban
pertenecía al pasado.
En el
momento de mayor ofuscación, Veytia dijo que él mismo se encargó de El
Bigotes, quien se guarecía en la comunidad de La Resolana, en los límites con
Sinaloa. “No me vengan esas cosas. Yo personalmente he acabado con eso”,
gritaba Veytia.
El Bigotes,
se llamaba César González González. Un lugarteniente del cártel de los hermanos
Beltrán Leyva. Un exmilitar violento, acusado de perpetrar unos 40 homicidios,
así como secuestros y violaciones.
El 17 de
marzo del 2012 El Bigotes fue asesinado. Su cuerpo lo encontraron en un paraje
cerca de su refugio. Para ese entonces, Veytia era el encargado de la
Procuraduría de Justicia en Nayarit.
El pasado 3
de julio –mientras se desarrollaba la etapa final de esta investigación
periodística– aparecieron los cuerpos sin vida de los policías Roberto Quiñones
y Juan Huerta. El primero de ellos fue director de la Agencia Estatal de
Investigaciones durante la época de Veytia.
En ocho
entrevistas grabadas por MCCI y otras cinco personas consultadas por separado
para este trabajo se identificó a ambos policías como parte del equipo de
Veytia encargado de secuestrar y torturar.
Asimismo, la
jueza reconoció algunas buenas acciones del exfiscal, “como dar comida a los
pobres” y aclaró que “aunque sus delitos alcanzan cadena perpetua, he tomado
una decisión difícil”.
Documentos
de la Corte, revelan que Édgar Veytia comenzó su carrera criminal muchos años
antes de su nombramiento como fiscal en enero del 2013, misma que finalizó el
momento de su arresto en febrero del 2017.
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