Julio Astillero.
El recuerdo
de que cinco años atrás fueron desaparecidos 43 jóvenes en Iguala, Guerrero,
fue procesado política y socialmente por el gobierno federal en términos
relativamente parecidos a los de otras ocasiones: la administración en turno,
la obradorista, sostuvo la expectativa de un mejor trato y mejores aspiraciones
pero, a fin de cuentas, los resultados son similares: muchas promesas, algunas
expectativas y una tajante insuficiencia pues, salvo el buen talante de la
cúpula obradorista para atender a los familiares de los desaparecidos y algunas
novedades administrativas (entre las cuales se encuentra la oferta de una
recompensa a quien ayude a dar con la ubicación de los restos o de los
estudiantes en sí), la efeméride quedó en lo que alguno de los familiares de
los 43 expresó: buenas intenciones.
Sería el
colmo que el gobierno aspiracionalmente transformador (llamado la 4T) se
quedara en terrenos virtualmente propicios para la continuidad de la impunidad
y de los pactos no escritos de protección entre élites. Amistad que no se
refleja en la nómina es pura demagogia, decían los cínicos del priísmo clásico.
Declaraciones y buenos sentimientos que no se reflejan en acciones concretas
son pura demagogia, podría parafrasearse con actualización al presente. ¿Qué
hay de fondo, concreto, medible y comprobable, de avance en el tema de los 43?
¿Solamente declaraciones, actitudes, solidaridad, fotografías, declaraciones,
recompensas?
Para fechas
posteriores se está convocando a diligencias judiciales a diversos funcionarios
de importante nivel del peñismo, comenzando con el fabulador profesional, el
gran mentiroso, Jesús Murillo Karam, auténtico sociópata que a semejanza de
Rosario Robles (histórica adversaria política del obradorismo) se dice
dispuesto a rendir las declaraciones que sea necesario, disponible para lo que
gusten, buen conversador mendaz.
Los
procesos judiciales referidos a Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y otros
personajes similares, si es que se llegan a instaurar, se pueden llevar meses o
años. Podrían ser encarcelados de inmediato, es cierto. Pero la llamada Cuarta
Transformación está (¿intencionalmente?) entrampada en los detalles jurídicos y
en una continuidad procesal propia del tortuguismo. Profundamente respetuosa de
una legalidad que es usada en su contra por los factores de poder del pasado
reciente y que no se compadece de la urgencia social de dar muestras de algo
parecido a la justicia.
El gobierno
obradorista está necesitado de mantener el apoyo de las fuerzas armadas y sus
generales pues, en un impensado giro, ha producido un extraño empoderamiento
del Ejército y la Marina. Es probable que la supervivencia y durabilidad del
imperio moreno dependa del puntal verde olivo. Por tanto, expedientes como el
de Iguala no pueden romper o mermar la alianza de Palacio Nacional con las
secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina. Sí pueden darse gestos
menores o extemporáneos, pero, hasta la hora de teclear la presente columna,
nada sustancial ni trascendente. Cinco años. 43 desaparecidos. Estado y
gobierno rebasados, de uno o de otro signo.
En un tema
conexo, Abraham Nuncio, literato, profesor y analista político, gran conocedor
de la política y la sociedad de Nuevo León, ha publicado en La Jornada un texto
denominado Valientes, referido al ataque guerrillero contra el empresario Garza
Sada en 1973: También se pretende oscurecer ciertas cuestiones que es
imprescindible poner en claro. ¿Los líderes empresariales y sus organizaciones
dijeron algo para que fuera respetado el estado de derecho en esos y otros
casos violatorios de los derechos constitucionales y humanos? No que se sepa.
La responsabilidad histórica recae en ellos como la parte privada del Estado
violador de tales derechos. Celebran a los héroes que lucharon con las armas en
la mano por intentar darnos independencia y libertad. Pero actúan como entonces
lo hizo el Consulado de los Comerciantes de México: echando mano del anatema
para descalificar a quienes no sirven a sus intereses.
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