Julio Astillero.
Sigue
batallando la oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador en la
búsqueda de la veta oscura que pudiera permitirle desplegar una estrategia
exitosa de debilitamiento de la figura del político tabasqueño que sin duda ha
recibido una dosis de desgaste en el episodio culichi de la liberación del hijo
de quien fue el narcotraficante más famoso del país pero, aun así, mantiene la
iniciativa y una reacción retadora ante la pretensión panista de llevarlo a
tribunales por presuntos hechos delictivos que la máxima autoridad nacional
habría cometido durante el pasado jueves negro.
Al estilo
de lo sucedido durante el intento foxista de desafuero (sucedido en diversas
fases durante 2004 y 2005, tratando de frenar la primera candidatura
presidencial del tabasqueño), AMLO ha dado un paso adelante y se ha declarado
dispuesto a acudir ante las autoridades que lo llegaran a citar conforme a las
exigencias judiciales encabezadas por Marko Cortés, presidente del Partido
Acción Nacional.
De antemano
ha revelado el sentido de su defensa: lo acusan aquellos que propiciaron el
cuadro de desastre, en materia de combate al crimen organizado, ante el cual él
ha tenido que tomar medidas diversas pero, según asegura, fundadas en
pensamientos y sentimientos humanistas que privilegian la preservación de la
vida humana por encima del cumplimiento de fases procesales como la aprehensión
de un peligroso personaje solicitado por un juez, en este caso para fines de
extraditarlo a Estados Unidos.
En el
choque entre la técnicamente imperiosa legalidad tantas veces violentada por
los opositores actuales y la valoración pragmática de necesidades políticas (no
caer en la ingobernabilidad) y convicciones generales (no combatir la violencia
con más violencia, ha dicho), López Obrador parece haber sorteado en lo
inmediato un reto (¿o una trampa?) que de haberse resuelto por la vía del rigor
institucional y del apego a la letra de la ley (imponiendo la fuerza del
Ejército al costo que fuera) hoy probablemente tendría al país en una situación
candente, con fuerzas adversas al obradorismo en demanda de la renuncia de un
presidente de la República con las manos manchadas de sangre.
Lo
sucedido en Culiacán debería llevar al presidente López Obrador y a su equipo
de gobierno, en particular al gabinete de seguridad y más en específico a los
secretarios de seguridad y protección ciudadana, de la defensa nacional y de
marina, a revisar sus discursos, protocolos y operaciones. Es de considerarse
que el país estuvo en riesgo de entrar en circunstancias sangrientas que
habrían acelerado la confrontación por el poder político que hasta ahora no han
podido establecer los opositores al obradorismo en términos que les fueran
favorables o cuando menos manejables y susceptibles de potenciación
políticamente explosiva.
En otro
terreno, el del partido en el poder, Morena, se vive una circunstancia que da
cuenta de los extraños momentos que se viven en un país de pronto arrojado a
una serie de cambios o de intentos de cambio que en ciertos momentos parecieran
tener una lógica alterada o no suficientemente clara. El prodigio electoral de
un partido con cinco años de creación (Morena recibió su registro como partido
político nacional en julio de 2014, con efectos constitutivos a partir del
primero de agosto) no parece tener relación con el espectáculo de pasiones y
maniobras menores, de marrullería y violencia, que se ha vivido en las
asambleas distritales que buscan definir desde sus bases las nuevas dirigencias
en sus distintos niveles, incluyendo el nacional.
Por otra
parte, Rosario Robles Berlanga ha conseguido una decisión judicial que a
partir de errores procesales abre la puerta a la posibilidad de que el juicio
en su contra sea llevado en libertad y no en prisión preventiva. Del pequeño
conjunto de personajes del pasado político reciente que han sido alcanzados por
la breve intención justiciera de la llamada 4T es la dos veces secretaria en el
gabinete peñista quien ha resultado más escurridiza en esta primera fase.
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