Por Alejandro
Gutiérrez.
El
presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán, es uno de los
seis exdirectivos y exconsejeros del Banco Popular querellados que fueron
citados a declarar en la Audiencia Nacional, como parte de las investigaciones
sobre las irregularidades que enfrentó la entidad antes de su liquidación.
De
acuerdo con el fallo que emitió este lunes el juez de Instrucción número 4 de
la Audiencia Nacional, José Luis Calama Teixeira, Ruiz Sacristán, en su calidad
de consejero dominical del banco, tendrá que sentarse en el banquillo del
tribunal el 5 de febrero de 2020.
Ruiz
Sacristán ocupó la posición de consejero dominical del Banco Popular, en
sustitución de su primo Antonio del Valle (propietario de Mexichem, y una de
las fortunas más importantes de México) cuando éste dejó el consejo.
La
familia Del Valle y un grupo de accionistas mexicanos adquirieron en 2013 el 6%
del capital del Banco Popular, por 450 millones de euros; la entidad española
tomó el 25% del banco de Del Valle, BX+.
La
intervención y posterior absorción del Popular por parte del Banco Santander ha
provocado que, al igual que otros miles de accionistas, los inversionistas
mexicanos perdieran su inversión.
En
México, algunos de estos accionistas procedieron legalmente ante la antigua
Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Del Valle y de su primo
Ruiz Sacristán.
Los accionistas
originarios del que por años fuera el sexto banco español en importancia
estaban muy ligados al Opus Dei.
En este
momento, el caso iniciado en octubre de 2017 consta de dos piezas separadas,
la primera, por la ampliación de capital de 2016, durante el mandato en la
presidencia del banco de Ángel Ron, y la segunda por una posible manipulación
del mercado tras la publicación de noticias con datos presuntamente falsos para
hacer caer el valor de las acciones, con Emilio Saracho en la presidencia.
Éste
último fue uno de los primeros en declarar, hace una semana. En su cita con el
juez Calama, Saracho acusó indirectamente a su antecesor, Ángel Ron, de ocultar
la situación real de la entidad, que precisaba más provisiones de las
realizadas y, por tanto, tenía pérdidas no declaradas.
Estas
aseveraciones coinciden con los informes de los peritos del Banco de España que
trabajan bajo las órdenes del juez que investiga la ampliación de 2 mil 500
millones en 2016 y la campaña de desprestigio que precipitó la caída de la
entidad financiera en 2017, tras la fuga de 16 mil millones de euros en
depósitos.
Entre los
otros citados a declarar junto con Ruiz Sacristán se encuentran el vocal de la
Comisión de Auditoría, Vitalino Nafría Aznar (expresidente de Metrovacesa);
Javier Moreno Navarro, quien fungía como director financiero del banco a la
hora de la quiebra; Francois Martin, representante legal de Banque Federative
du Crédito Mutuel; el consejero independiente Carlos González Fernández y el
consejero coordinador Luis Hernando Prat Riba.
A su vez,
la fiscalía mexicana que inició la investigación por la denuncia presentada por
accionistas mexicanos en contra de Del Valle y Ruiz Sacristán se les señala
como presuntos responsables de revelación de información confidencial, engaño y
aprovechamiento del error.
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