Por José
Raúl Linares.
Un tribunal
colegiado declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el abogado
Juan Collado Mocelo, mediante el cual pretendía objetar la autorización que un
juez de control dio a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer
sus estados financieros.
Dicha
solicitud presentada por la PGR, indexada en el expediente 312/2019, fue
concedida el pasado 10 de septiembre, por un Juez de Distrito Especializado en
el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad
de México, con sede en el Reclusorio Sur.
Acusado
por manejo de “recursos de procedencia ilícita” y “delincuencia organizada”,
Collado impugnó la resolución y solicitó medidas cautelares al Juzgado Décimo
Primero de Amparo en Materia Penal, con la intención de que la FGR no accediera
a su información financiera.
Finalmente
rechazaron otorgarle las garantías solicitadas: la suspensión.
Tras
presentar un recurso de queja, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Circuito, también decidieron declinar la
protección, ya que consideraron que “no es posible afirmar que el acto
reclamado sea ostensiblemente inconstitucional”.
En la
sesión, éstos señalaron que si bien “la naturaleza del acto permite la
suspensión de la ejecución de la técnica de investigación”, la defensa de
Collado no acreditó que se estén violando sus derechos constitucionales y, se
corría el riesgo de negárselo a la FGR para “coadyuvar” en las pesquisas.
El pasado
10 de julio se conoció que, el empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamante
Figueroa lo denunció por la suplantación de identidad, despojo y lavado de
dinero producto en Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V S.P.F.
De acuerdo
con los fiscales, desde el año 2010, Collado, en compañía de José Antonio Rico
Rico, expresidente de Cajas Libertad; José Antonio Vargas Hernández; Roberto
Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega, constituyeron dicha
empresa “para simular operaciones financieras y blanquear recursos”.
Por este
motivo, la FGR aporta elementos para mantenerlo en prisión según la carpeta de
investigación FED/SIEDF/UNAI-CDMX/0000949/2019; en tanto, el litigante busca
revertir el auto de vinculación a proceso.
El pasado 10
de septiembre, un juez de control con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad
de México, impuso prisión preventiva oficiosa a José Antonio Rico Rico y José
Antonio Vargas Hernández, quien fueran socios de Collado Mocelo en Caja Libertad
Servicios Financieros.
La decisión
estuvo a cargo de Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de control del Centro de
Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, a quien señaló como probables
copartícipes del abogado Collado Mocelo, en los delitos de “delincuencia
organizada” y “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
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