Por Enrique
Méndez.
En los
ejercicios de los gastos de 2015 y 2017 se cometieron irregularidades graves y
recurrentes por parte del gobierno federal y de los estados, entre otras el
ejercicio discrecional del Poder Ejecutivo de 589 mil 545 millones de pesos, se
concluye en los proyectos de rechazo a las cuentas públicas de esos años, que
votará este martes la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
La comisión convocó
para ayer a una sesión en la que se discutirían los dos documentos, pero sólo
asistieron 18 de 53 diputados que la integran y la reunión se pospuso para hoy.
Dicha
comisión propone, además de no aprobar las dos cuentas de esos años del
gobierno de Enrique Peña Nieto, que la Auditoría Superior de la Federación
continúe los procedimientos jurídicos de responsabilidades y sancione las
faltas administrativas que correspondan.
La
comisión incorporó las conclusiones de la ASF, respecto de la recurrencia de
irregularidades, discrecionalidad en la toma de decisiones; archivos públicos
incompletos o inexistentes; información financiera-contable incorrecta o
insuficiente, y vulnerabilidad en las finanzas públicas en la cuenta 2015.
Fallas Reiteradas.
Así, se
identificaron cuatro áreas claves con riesgo y vulnerables a fallas, problemas
o debilidades: gasto en infraestructura y obra pública; contrataciones;
padrones de beneficiarios y sistemas de evaluación del desempeño. También, que
prevaleció la corrupción del manejo de recursos federales por parte de
gobiernos de los estados y de municipios, donde se detectó subejercicio de 33
mil 449.1 millones y observaciones con impacto económico de 31 mil 744.7
millones.
De forma
reiterada, se presentaron fallas en el cumplimiento del marco regulatorio.
Además, no se cumplieron los objetivos de la política de gasto y los programas
nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la
sociedad, indicó.
Respecto de
la cuenta pública 2017, la comisión concluyó que, entre las principales
irregularidades se encontraron pagos improcedentes o en exceso; falta de
evidencia de la recepción de trabajos y desvío de recursos; incumplimiento de
metas y objetivos, y sobrecostos de obra.
También, pago
de remuneraciones indebidas o injustificadas; falta de documentación
justificativa y comprobatoria del gasto; recursos o rendimientos financieros no
ejercidos, devengados o no reintegrados a la Tesorería; transferencia
inadecuada de recursos a cuentas bancarias, y recursos ejercidos en conceptos
que no cumplen con objetivos específicos de cada fondo o programa.
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