Por Eric
Pacheco.
El
panista Diego Fernández de Cevallos liquidó su deuda del predial que ascendía a
984 millones 766 mil 632.93 pesos, AL PAGAR sólo el 1.29 por ciento, ES DECIR,
12 millones 763 mil 239.68 pesos, por lo que le fueron perdonados alrededor de
972 millones.
El adeudo
fue exhibido de manera pública el 26 de septiembre por el alcalde de Colón,
José Alejandro Ochoa Valencia, sin embargo, su gobierno se negó a proporcionar
por escrito el adeudo del excandidato presidencial.
“Por
tratarse de documentos en posesión de esta autoridad municipal, que contienen
datos personales concernientes a personas físicas y/o morales y al no
encontrarse en los casos contemplados en los ordenamientos legales en mención,
es imprescindible el consentimiento expreso de los particulares titulares de la
información”, respondió el secretario de Finanzas del gobierno municipal de
Colón, Julián Martínez Ortiz, en los oficios que firma y rubrica con número de
folio del SF/9014/2019 al SF/9053/2019.
En lugar
de exhibir la documentación solicitada a través de acceso a la información
pública, respecto a los cerca de mil millones de pesos de predial que debía el
llamado “líder moral” del Partido Acción Nacional, el gobierno de Colón envío
un comunicado a algunos medios para confirmar que el adeudo ya fue cubierto.
“…
aplicando asimismo legítimamente las deducciones procedentes a cualquier
contribuyente en el territorio municipal, el impuesto adeudado fue cubierto en
su totalidad el día de ayer quedando al corriente respecto del bimestre que
corre; resultando un monto de ingreso al erario municipal por la cantidad de
$12,763,239.68 doce millones setecientos sesenta y tres mil doscientos treinta
y nueve pesos con sesenta y ocho centavos (sic)”.
La
negociación entre Diego Fernández de Cevallos y el gobierno municipal de Colón
ocurrió a la par de que el presidente del PAN, Agustín Dorantes Lámbarri
informó que estaban revisando iniciar un procedimiento en contra del alcalde de
ese municipio, José Alejandro Ochoa Valencia.
De acuerdo
con Dorantes Lámbarri se estaba revisando por una Comisión iniciar los
procedimientos en contra del alcalde por dos asuntos, aparentemente por ser
señalado de amenazar a un comunicador y también porque públicamente le fue
atribuido insultar a ciudadanos mientras estaba alcoholizado, lo que el alcalde
ha negado.
La
disposición del alcalde de Colón, José Alejandro Ochoa Valencia, de otorgar
entrevistas en medios nacionales y de difundir el asunto en redes sociales,
contrasta con la actitud que en su gobierno han tomado para negar documentos en
donde consten los adeudos atribuidos a Fernández de Cevallos.
El gobierno
de Ochoa Valencia también negó la lista de todas y cada una de las personas
físicas y/o morales que tienen adeudos de predial, solicitada por este
reportero, pese a que cuando dio a conocer el asunto de manera pública, el
alcalde se quejó de los morosos que no pagaban el predial en el municipio que
gobierna.
En su
respuesta idéntica para todas las solicitudes, el secretario de Finanzas de
Colón hace referencia a diversos artículos de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, entre
estos el 16.
En
contraste, ese mismo numeral establece que el sujeto obligado, en este caso
el Gobierno Municipal de Colón, no estará obligado a recabar el consentimiento
del titular para el tratamiento de sus datos personales en casos cuando estos
se requieran para ejercer un derecho, como lo es el derecho a saber o acceder a
la información pública.
“O
cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el
responsable”, como en este caso es la obligación del pago predial del
propietario del Rancho “El Estanco” con el Gobierno del municipio de Colón.
También, el
secretario Julián Martínez Ortiz alude a la fracción III del artículo 8 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro
que dice así “ninguna autoridad está obligada a proporcionar información (…)
cuando exista impedimento para ello, por tratarse de información clasificada
como reservada”.
No obstante,
ni el propio secretario de Finanzas ni el personal de la Unidad de
Transparencia de Colón, cuya titular es Itzel Alejandra Velasco Rincón,
agregaron el acuerdo de reserva de la información que marca la misma Ley ni
mucho menos motivan la clasificación de la información ni señalan el plazo de
reserva.
El
secretario de Finanzas de Colón, Julián Martínez Ortiz, el mismo que ahora
niega la información, ya fue denunciado al menos públicamente, junto con el
alcalde José Alejandro Ochoa Valencia, por la regidora del Ayuntamiento de
Colón por el PRI, Adriana Lara Reyes, por un presunto daño al erario de no
menos de 19 millones de pesos, al cobrarle de menos a la empresa AM
Desarrolladora de Parques Industriales en un proyecto ubicado en terrenos
cercanos al Aeropuerto de Querétaro, que se ubica en dicho municipio.
En octubre
de 2017, el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Querétaro, Benjamín Vargas
Salazar, mencionó que había dos carpetas de investigación que involucraban a 7
servidores públicos de Colón, pero no proporcionó mayor información.
La misma
actitud opaca se manifiesta cuando se trata de información pública relacionada
con el presidente municipal José Alejandro Ochoa Valencia.
Por ejemplo,
otro solicitante de información pública quiso obtener desde febrero pasado
el recibo de la remuneración pagada a Ochoa Valencia, pero su secretario de
Administración, Diego Bernardo Ríos Hoyo, negó esta información al argumentar
que “se encuentra legalmente impedido”.
El asunto
derivó en el recurso de revisión número RR/DAIP/EEHL/80/2019, ante el órgano
garante local, pero 9 meses después, el solicitante no ha logrado obtener el
recibo de pago del presidente municipal de Colón.
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