Julio Astillero.
Una de las
figuras más polémicas del diseño sexenal en curso es la de los superdelegados,
que concentraron las funciones y el poder de los tradicionales comisionados que
cada secretaría federal designaba en los estados del país. La primera
explicación pública del asunto invocaba el ahorro como primera motivación del
cambio: en lugar de tantos delegados por separado, se tendría a un
representante general.
La primera
polémica sobre el tema se dio por el perfil de los nuevos funcionarios
seleccionados, pues gran parte de ellos había tenido participaciones
electorales recientes, incluyendo a ex candidatos a gobernador que ahora serían
la contraparte, en nombre del obradorismo, ante aquellos que en las urnas les
habían derrotado estatal o regionalmente (el caso más notable, el de Carlos
Lomelí, en Jalisco). Otros estaban claramente enfilados a asumir la inmediata
candidatura a gobernador, como sucedió en Baja California con Jaime Bonilla
Valdez. En otros casos, todo apunta a que buena parte de los antedichos
superdelegados estaría en condiciones de aspirar a un cargo de elección popular
en 2021.
Las
especulaciones de corte electoral se fortalecieron con el nombramiento de
Gabriel García Hernández como coordinador de esos superdelegados (la
denominación oficial es Coordinador General de Programas Integrales de
Desarrollo). García venía de ser secretario de organización del comité nacional
de Morena y le acompaña la fama de ser un especialista en acción electoral y en
manejo de recursos financieros para proyectos políticos. El manejo de la gran
masa de los recursos federales en general y los asistenciales en particular, la
elaboración de los padrones de beneficiarios (documento base para la
elaboración de estrategias comiciales durante el prianismo) y el ejército de
empleados dedicados a ejecutar las directrices dictadas constituyen oro
político para cualquier proyecto rumbo a las urnas, que en este caso serán las
de los comicios intermedios de 2021, que incluirán la Cámara de Diputados
federal en su totalidad y algunos congresos estatales, gubernaturas y
presidencias municipales importantes.
Ayer, la
secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, señaló
ante legisladores federales que ha recibido una docena de denuncias contra
nueve superdelegados. En sí misma, una denuncia no significa una sentencia,
sino apenas el inicio de un procedimiento que puede llegar en cualquier momento
a su cancelación o a su continuidad, hasta desembocar en una declaración de
culpabilidad o inocencia. Pero, en términos generales, las denuncias contra
esos servidores públicos han sido acompañadas de señalamientos públicos
constantes.
Por otra
parte, una diputada federal de Morena, la colimense Claudia Yáñez Centeno y
Cabrera (hermana de César, coordinador general de Política y Gobierno en la
administración obradorista, y quien fue esposa de Porfirio Muñoz Ledo) reiteró
ayer en conferencia de prensa lo que dos días atrás había dicho en San Lázaro:
que algunos de esos s uperdelegados han cometido malversación de recursos
públicos y, además, han usado algunos de tales recursos para influir en el proceso
interno de renovación de dirigencias de Morena. La diputada Yáñez habló luego
de presentar las correspondientes denuncias de hechos ante la Fiscalía General
de la República.
Señalamientos
en términos más duros y amplios ha hecho la propia dirigente actual de Morena,
Yeidckol Polevnsky. El propio Presidente de la República ha salido al paso y
recientemente advirtió a los superdelegados de las sanciones penales a que se
pueden hacer acreedores quienes utilicen los recursos públicos para tareas de
proselitismo. Luego, Gabriel García reiteró las advertencias e indicaciones. Lo
cierto es que las elecciones intermedias están precozmente a la vista.
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