Guerra de mentiritas.

Francisco Ortiz Pinchetti.

Cada día resulta más evidente que los sucesivos fracasos del gobierno mexicano en temas torales como la inseguridad y el estancamiento económico lo debilitan frente a un envalentonado sector empresarial dispuesto a colaborar con él… a cambio de que ceda a sus chantajes.

Esto es particularmente claro –y grave– en el supuesto combate al más importante flagelo de la población, amenaza directa a su salud y a su vida, que se manifiesta en los índices crecientes de obesidad y sobrepeso.

Aunque conocemos los datos, no es ocioso repasar las cifras ventiladas durante los debates recientes en el Legislativo para calibrar a cabalidad sus dimensiones:

–En nuestro país, siete de cada 10 adultos padecen sobrepeso u obesidad y tres de cada 10 niños y niñas, entre cinco y 11 años, también. El 35 por ciento de los adolescentes entre 12 y 19 años tienen el mismo padecimiento. Las estimaciones indican que de seguir así esta tendencia, uno de cada dos niños desarrollará diabetes a lo largo de su vida, lo que constituye más que un severo problema de salud pública.

–La diabetes mellitus que en 2006 afectaba al 9.2 por ciento de la población en México, hoy ha alcanzado el 9.4 por ciento de nuestra población, lo que equivale a más de siete millones de personas.

–México es el cuarto país del mundo y el primero de América Latina con más venta de alimentos ultra procesados, pues se estima que cada persona ingiere 214 kilos de esta comida cada año.

–Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad y sus complicaciones le cuestan a nuestro país siete mil 800 millones de dólares anuales, lo que equivale a las pérdidas generadas por el robo de combustible.

Sin desconocer el enorme avance que significa la aprobación en el Congreso esta semana del llamado Etiquetado Frontal, que permitirá al consumidor identificar de manera instantánea los alimentos ultra procesados nocivos para la salud por su alto contenido de grasas, sodio, azúcar o calorías, resulta decepcionante que esa medida no forme parte de un plan integral para mejorar la calidad de la alimentación de los mexicanos.

En sentido totalmente contrario, con diferencia de tres días, se da la negativa de la Cámara de Diputados a aprobar incrementos en el Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas, tabaco, refrescos y los llamados alimentos chatarra, lo que permitiría a la vez inhibir o disminuir en alguna medida su consumo y allegar recursos al Estado para al menos sufragar parcialmente el altísimo costo del tratamiento de las enfermedades causadas por esos productos.

Un pasito para adelante y dos pasos para atrás.

Tiene harta razón Julieta Ponce, directora del Centro de Orientación Alimentaria (COA), cuando afirma que los avances son importantes, pero urge un plan integral para atacar frontalmente el problema. Y no lo hay. El reto del Estado mexicano, dice, será ahora volver a hacer disponible la comida sana, elevar los índices de lactancia y detectar a tiempo la obesidad infantil, como parte de un plan integral de combate a dicho padecimiento.

Una política integral contra la obesidad y las enfermedades que genera debe considerar un programa “agresivo” de detección oportuna de sobrepeso en población preescolar y escolar, midiendo sus niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos y presión arterial, porque estamos llegando muy tarde a la detección de problemas metabólicos. Tampoco lo hay.

La negativa de la Cámara de Diputados de asumir el incremento del IEPS a productos nocivos para la salud, es claro ejemplo de lo anterior. La contundente oposición del sector privado a ese aumento y la eficacia indudable del costoso cabildeo llevado a cabo entre legisladores, rindió frutos. Cualquier gasto en ese renglón es insignificante frente a las inmensas ganancias de la industria.

Es falaz –y sorprendente– el argumento esgrimido por el Diputado radical Gerardo Fernández Noroña, del PT, en el sentido de que esa medida sería contraria al compromiso del Presidente de no crear ni aumentar impuestos. No es el caso, evidentemente. Por lo demás, habría que recordarle al legislador lopezobradorista la autonomía formal del Poder Legislativo frente al Ejecutivo para que sea al menos más discreto.

En suma, me parece que el problema es de nuevo la tentación de aparentar sin resolver. Volvemos a jugar a la guerra de a mentiritas, en la que por un lado se pontifica sobre la necesidad primordial de asegurar la salud de los mexicanos y se crea un pomposo Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar (Insabi)), que sustituirá al Seguro Popular, con un fondo inicial de 800 mil millones de pesos, y por el otro se anteponen razones políticas o económicas, o ambas, para posponer eternamente. En realidad, no hay la decisión de atacar el problema.

Mientras tanto, los índices de incidencia de las enfermedades relacionadas con la alimentación inadecuada, todas, van en aumento. Y los empresarios del ramo se mueren, pero de risa.