Enrique
Galván Ochoa.
Quieren
los señores empresarios de los organismos cúpula, como el Consejo Coordinador
Empresarial, que haya más y mejor seguridad en el país. Tienen razón, pero eso
cuesta y andan regateando el pago de impuestos. Incluso les parece que es
atentatorio que los factureros pueden ir a la prisión por delincuencia
organizada y piden que se aligere el castigo. Ya consiguieron que la base, en
lugar de 2.2 millones de pesos de facturas falsas, sea de 8 millones. Quieren
que el IMSS atienda mejor a sus empleados, pero se oponen a que se frene el
consumo de comida chatarra mediante un esquema fiscal apropiado, aun cuando
genera millares de enfermos de obesidad y otros males. Lamentablemente, ya
encontraron un aliado en Ricardo Monreal. El Senado va a regresar a la Cámara
de Diputados el proyecto de Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal con al menos
nueve correcciones. Monreal quedó muy bien con los grupos cupulares, pero metió
en problemas a la Secretaría de Hacienda.
El moche del
Bronco.
¿Quién le
va a cortar la mano? El Bronco Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León,
propuso en la campaña presidencial la mutilación como castigo a los corruptos.
Presuntamente, desvió 80 millones de pesos del presupuesto a su campaña,
denuncia Samuel García, senador por Nuevo León de Movimiento Ciudadano. Está
arrinconado, y será el primer mandatario estatal en ser destituido e ir a la
cárcel por corrupto, dice. Informa que presentó una denuncia penal por los
delitos de lavado de dinero, peculado, cohecho y uso ilícito de facultades por
diversas irregularidades presuntamente cometidas por El Bronco. ¿Para qué anda
dando ideas?
Éxodo en la
Comisión Bancaria.
Tradicionalmente,
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha estado al servicio de los
personajes del prianismo, tanto de la esfera gubernamental como de la privada.
El sexenio pasado se registraron los casos de Ficrea y Coincidir con la
complacencia del entonces presidente, Jaime González Aguadé. Tiró el arpa para
ir a coordinar la campaña de José Antonio Meade. Recientemente se supo que
formaba parte del consejo de administración de Caja Libertad, la del abogado
Juan Collado, actualmente en prisión. Hay una estampida de funcionarios en la
comisión, supuestamente están renunciando 50. ¿Por qué se van? Algunos porque
no quieren verse involucrados con los casos que se investigan, aunque
relacionados ya están. Otros porque han sido eliminadas las prestaciones y
disminuido los salarios. Algunos más por la nueva disposición que les prohíbe
emplearse en el sector privado durante 10 años después de su salida. Según
Adalberto Palma Gómez, titular de la comisión, está buscando con urgencia los
remplazos para las principales posiciones, pero no es fácil y le podría llevar
un año el proceso de reclutamiento. En realidad, no necesita hallar a 50 genios
de las finanzas, sino a personas honorables.
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