Julio Astillero.
En un
escenario económico de previsible ruta hacia una recesión técnica, con
descontrolados conflictos en su partido (Morena) y una obcecada búsqueda
opositora de puntos débiles de su gobierno que sean políticamente explotables,
Andrés Manuel López Obrador tiene frente a sí, ya a punto de cumplir un año
formal como Presidente de la República, un reto verdaderamente emponzoñado,
pues la crisis derivada de la liberación y captura de uno de los hijos de El
Chapo Guzmán, potenciada por el asesinato de niños y mujeres de una comunidad
mormona de Chihuahua, ha devenido en el riesgo de que Estados Unidos utilice a
los salvajes cárteles mexicanos como coartada para el amago o el cumplimiento
de avanzadas militares gringas contra los narcotraficantes sureños catalogados
oportunamente como grupos terroristas.
La
clasificación no es ocurrencia o liviandad. A la Casa Blanca y al Pentágono les
cae de perlas la propuesta de familias mormonas (entre ellas, la de los
LeBarón) de que se tipifique como amenaza a la seguridad nacional estadunidense
la operación de los mencionados cárteles. Ello daría el pretexto para intentar
acciones unilaterales (difícilmente, casi imposible que fueran por acuerdo con
el obradorismo) como las que Washington realiza en diversas partes del mundo,
siempre mediante la invocación de los valores de la América libre que se siente
con derecho a intervenir donde le place y donde sus intereses están en riesgo
o, lo contrario, están en vías de obtener grandes ganancias.
La protesta
de los LeBarón, luego de una tragedia sin atenuantes, ha generado también la
reactivación del poeta Javier Sicilia, activista luego del asesinato de su hijo
Juan Francisco, junto a seis personas más, en marzo de 2011 en Cuernavaca, que
luego había entrado en receso. Ahora planea una caravana de la capital de
Morelos a la del país, tal vez en enero, a la que se sumarían varios activistas
como Julián LeBarón, personaje ligado años atrás a las prácticas doctrinales de
una organización representada en México por Emiliano Salinas Occelli, cuyos
principales líderes han sido encarcelados en Estados Unidos.
Tal como era
absolutamente previsible, hubo actos agresivos en el contexto de la marcha
femenina de ayer. En especial, grupos de encapuchadas realizaron pintas y
destrozos que, a la hora de cerrar la presente columna, habían ganado la
atención mediática, por encima del tema en sí de esas manifestaciones, que fue
el de erradicar la violencia contra las mujeres.
Con
oportunidad política, en días y horas previas a la protesta que se preveía
ríspida, diversos políticos ofrendaron a los medios de comunicación discursos,
planes, alertas de género y otras fórmulas de fallida disuasión, que desde la
institucionalidad pretendían mostrar al respetable público que las encendidas
demandas de las mujeres han sido atendidas y que no tendría motivo el desahogo
violento.
Sin embargo,
en franjas radicalizadas, pero también en otras que lo son menos, se ha
asentado la convicción de que el grave problema de agresiones contra las
mujeres requiere acciones públicas de calado relativamente parecido. Ante la
sordera y la parálisis institucional entra en juego una suerte de
reivindicación desesperada de los actos llamativos, violentos: si sólo de esa
manera han de ser escuchadas las mujeres y sus demandas atendidas, entonces el empuje
de protesta sería válido, conforme a esos razonamientos. Capítulo aparte, desde
luego, tendrían los clásicos grupos de provocación o de orientación política
poco clara.
Y, mientras
fueron liberados (previo pago de rescate) el actor mexicano Alejandro Sandí y
el empresario francés Frederic Michel, luego de haber sido secuestrados
(viajaban por separado en sus camionetas) en el Nevado de Toluca, ¡hasta
mañana, con el Instituto Nacional Electoral en plena faena de reacomodos
presupuestales contra su voluntad!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.