Salvador
Camarena.
En materia
de derechos humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba a punto
de cerrar el año con un digno nivel de bateo.
Ha recibido
a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa: se puso, literalmente, la
camiseta de la causa de los 43; ha convocado a familias de desaparecidos, ha
dado foro e impulso a Alejandro Encinas para que informe de esa gran deuda que
México tiene con esas víctimas, y ha hecho nombramientos dignos de encomio como
el de Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
En este
renglón, en efecto, este gobierno había destacado con respecto a cualquiera del
pasado.
Sin embargo,
justo al cierre del primer año de los seis de esta administración ha llegado la
desastrosa operación gubernamental para imponer en la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos a alguien orgánico a Morena.
La palabra
del Presidente está en entredicho. Si su compromiso de irrestricto respeto a
los derechos humanos es real, entonces para qué tanto afán en acomodar en la
CNDH a alguien que al revisar la labor gubernamental tendrá mermada su
credibilidad.
Si es
genuina la decisión del presidente López Obrador de marcar diferencia frente al
pasado en cuanto a derechos humanos, qué mejor que aprovechar la larga
tradición de lucha en este renglón de múltiples personajes para que alguien con
prestigio incuestionable sea el vigilante del gobierno en la materia que Andrés
Manuel dice que nada teme porque él es “diferente”.
Los
tropiezos de Ricardo Monreal a la hora de tratar de forzar la imposición de
Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH exhiben no sólo la falta de
oficio, sino, sobre todo, los pies de barro de lo que se suponía que era una
piedra angular de esta administración.
Venimos,
como bien lo ha dicho el Presidente, de una tragedia humanitaria iniciada hace
dos administraciones. Y el fin del ciclo de violencia, con su cauda de víctimas
cotidianas, no se ve cerca.
Por ello, el
gobierno lopezobradorista debería ser el más interesado en sumar en derechos
humanos todo el prestigio posible para su causa. Aquí sí que no se entiende, en
forma alguna, la manía sectaria del mandatario.
Tener una
ombudsperson de estatura sólo puede abonar al prestigio de la administración.
Porque si en algo no se puede engañar es al atender a las víctimas, lo saben
Quintana, lo sabe Encinas y, porque ha recorrido el país, lo sabe el propio
López Obrador.
Rara forma
del Presidente de meterse el pie al afanarse durante tantos días en que sea la
señora Piedra Ibarra quien ocupe una oficina que antes que nada basa en la
independencia y capacidad de interlocución su nivel de influencia.
Los derechos
humanos van más allá de las víctimas de la guerra contra el crimen organizado,
es cierto, pero tenemos una realidad donde se tiene un fiscal general de la
República de perfil fuerte, donde se ha involucrado al Ejército en la Guardia
Nacional, y se se ha encargado a dos pesos pesados como Encinas y Quintana la
atención de las víctimas –sin recordar que el Presidente ha asumido como propio
el compromiso con los padres de Ayotzinapa–; entonces, el cargo que cierra esa
alineación es el titular de la CNDH, que si fuera autónomo subrayaría lo
genuino de los esfuerzos del lopezobradorismo. En vez de ello, al terquear con
la señora Piedra Ibarra, López Obrador devalúa su promesa de que los derechos
humanos serían su prioridad.
Qué manera
la del Presidente de complicarse la vida, y de socavar una institución
indispensable para México. Un error inaudito. Lástima.
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