Por Dulce Olvera.
En el pueblo náhua Santa Cruz Huitziltepec, del municipio de
Molcaxac al sur de Puebla, cerca del río Balsas, están preocupados porque no
alcanzan a pagar la tarifa industrial por derecho al uso de un pozo, cobrada
por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), órgano que por otro lado ha
permitido a las industrias la descarga de aguas residuales sin permisos ni
cobro de derecho, documenta la Coordinadora de Agua para Todos.
“En Santa Cruz, un pueblo de 1,608 personas, la Conagua
les está exigiendo que paguen el derecho a usar el pozo cuando no deberían por
ser una población rural con menos de 2 mil 500 habitantes”, expuso Elena Burns,
integrante de esta coordinadora conformada por pueblos originarios,
investigadores, organizaciones y sistemas. “Después de sufrir discriminación,
para muchas comunidades el control sobre su propio sistema de agua es de un
valor profundo”.
En una carta enviada a SinEmbargo y firmada por el Alcalde de
Molcaxac, Félix Huerta Medel, se expone que es un asunto de más de seis años
del ámbito federal, entre la Asociación Pro Perforación de Pozo Santa Cruz y la
Conagua. Esta asociación civil y un Comité de Administración obtuvo la
concesión con número de permiso 21000513.
El Comité de Mantenimiento y Operaciones de la comunidad cobra
20 pesos mensuales por el acceso al agua, instala tomas y realiza los cortes a
deudores. Pero también debe cobrar a los habitantes 150 pesos trimestrales,
para pagar las deudas que se tienen con la Conagua por el derecho al pozo.
La Conagua, de acuerdo con la Coordinadora Agua para
Todos, les negó registrar su pozo como uso público-urbano bajo el argumento de
que la Ley Nacional de Aguas solo lo permite a nivel municipal, y Santa Cruz
Huitziltepec es poblado y se le cobra como uso industrial.
“Existen multas de la Conagua por ‘la mala administración del
pozo de agua potable’. Se desconocen cifras ya que, a pesar de que el
Ayuntamiento de Molcaxac solicitó esa información, a través de la Sindicatura
Municipal, la Conagua no nos pudo proporcionar esos datos, bajo el argumento de
que ‘pertenecen a una Asociación Civil’”, dice la misiva del Alcalde.
Eugenio Barrios Ordóñez, Subdirector General de
Administración del Agua de Conagua, comentó a Agua para Todos que aunque lo
están trabajando, “el obstáculo legal” es que la modificación de la Ley de
Aguas Nacionales estableció las asignaciones para uso público-urbano
exclusivamente para los municipios.
En octubre, Barrios destacó en entrevista con SinEmbargo
que por el decreto presidencial publicado el 1 de julio en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) “se protege el agua para consumo humano, en especial para
las comunidades marginadas y grupos originarios”.
Pero Elena Burns, de Agua para Todos, afirmó que no ocurre
con pueblos indígenas como el del sur de Puebla. “No puedo más que explicarlo
por el racismo. Y lo sabe Eugenio”, comentó.
Antes de la Ley de Aguas Nacionales, solo se otorgaron 2 mil
concesiones en todo el país de 1917 hasta 1992, documentó. De 1992 a la fecha,
van más de 500 mil concesiones para diferentes usos.
“El desastre que estamos viviendo con el agua en el país
tiene que ver con las tremendas debilidades que existen en la Ley de Aguas
Nacionales (1992). Su función fue poner las aguas nacionales a la disposición
de particulares a través del sistema de concesiones, y son objeto de compra y
venta. A esto se ha dedicado la Conagua, que no ha tenido ninguna voluntad política
para proteger las aguas de la nación y los bienes nacionales inherentes”, consideró Burns.
DESCARGAS SIN PERMISO.
Del norte al sur del país, de Tijuana a Tapachula, en 5 mil
964 pozos industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso industrial
no se cuentan con permisos de descarga a pesar de que lo obliga la Ley Federal
de Derechos, de acuerdo con los datos de Agua para Todos y el Registro Público
de Derechos de Agua (Repda) de Conagua. Con ello se evitan inspecciones y el
cobro de derechos a diferencia del caso del poblado náhua Santa Cruz
Huitziltepec de menos de 2 mil habitantes.
Las concesiones sin permisos de descarga de aguas
subterráneas para uso industrial están registradas de enero de 1994 a abril de
2019, y las de aguas superficiales de noviembre de 1993 a enero de 2019.
“He hablado con funcionarios de la Conagua y esto es en parte
porque no se exige la información fiscal al dar la concesión, entonces no
tienen manera de rastrear y saber quién es y cómo cobrar los derechos de agua y
vigilar los permisos de descarga”, dijo Elena Burns, de la Coordinadora Agua para Todos.
Entre las empresas locales y globales que descargan sin
permiso aguas residuales en ríos, lagos y acuíferos de las diferentes regiones
del país, figuran la Cervecería Cuauhtémoc, Cervecería Modelo, Tequila Cuervo, Sigma Alimentos, Herdez,
Pilgrim’s Pride, Lala, Santa Clara, Sabritas, Barcel, Unilever, Procter &
Gamble, Kimberly Clark, Nestlé, Embotelladoras de FEMSA-CocaCola, Jugos del
Valle (Coca-Cola), Bonafont (Danone), Electropura, Gamesa, Rotoplas y Cemex.
También lo hacen las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de la refinación,
producción y termoeléctricas, así como Iberdrola y Exxon Mobil, de acuerdo con
Agua para Todos.
“Tenemos una impunidad terrible. Están envenenando los ríos,
los lagos y acuíferos del país. Estamos en una carrera hacia el colapso por el
manejo de las aguas superficiales y las subterráneas”, alertó Elena Burns de
Agua Para Todos. “La propia Conagua admite que el 60 por ciento de las aguas
superficiales están seriamente contaminadas”.
La Ley de Aguas Nacionales solo exige tramitar permiso de
descarga, si las aguas residuales desembocan en aguas nacionales o infiltran al
suelo. Pero el artículo 276 de la Ley Federal de Derechos expone que las
personas físicas o morales que descarguen aguas residuales en ríos, cuencas,
cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua están obligados
a pagar el derecho por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de
la Nación.
“No solo no exigen que tengan permisos de descarga, sino que
menos del 5 por ciento de los concesionados obligados a pagar derechos por usar
aguas nacionales, pagan”, expuso Burns de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la
Federación.
“La única excepción sería que estén descargando en los
sistemas de drenaje de los municipios, que tienen su manera de controlar las
descargas. Pero cuando una industria tira su agua a través de la Conagua, no
hay control en los municipios ni en las grandes ciudades. Las industrias están
descargando sus aguas sin permisos, sin tratamiento”, aseguró Burns.
“Hay fábricas que descargan drenajes en canales de riego y
las mineras no se molestan en obtener permisos de descarga, aunque están
infiltrando sus aguas muy contaminadas de presas de jale”, reiteró.
En Sonora, la minera María, unidad de Frisco propiedad del
empresario más rico del país, Carlos Slim Helú; la minera Buenavista del Cobre,
de Grupo México del segundo millonario, Germán Larrea Velasco, así como las
mineras del cuarto empresario más rico del país, Alberto Baillères, la Penmont
(de Fresnillo) y Peñoles, no cuentan con permisos de descarga luego de “lavar”
los minerales en agua, muestran los datos de Agua para Todos y Conagua.
Burns explicó que también parte de la “impunidad” se debe
a que solo hay 85 inspectores de la Conagua para vigilar las más de 500 mil
concesiones de agua otorgadas de 1992 a mayo de 2019 para los diversos usos,
incluyendo el industrial.
“Actúan como si la responsabilidad en cuanto al manejo de
aguas nacionales solo fuera otorgar la concesión relacionado con el punto de
toma o del pozo”,
dijo Burns.
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