Indígenas mazahuas del Edomex viven acosados por deudas tras engaño con oficios falsos.

Por Manu Ureste.

Nerviosa y con los ojos negros muy abiertos, la señora Catalina Urbina no deja de observar la puerta entreabierta de su casa; una pequeña construcción hecha con un puñado de bloques desnudos de pintura, en cuyo interior solo hay una mesa de madera, unas sillas de plástico, y un hornillo.

Desconfiada, la mujer sale al umbral de la vivienda. Divisa en silencio los campos que se extienden por la localidad mexiquense de San Nicolás Guadalupe, y tras comprobar que nadie se acerca agazapado entre los densos maizales, regresa al salón rectangular de su casa con el rostro de tez cobriza aún desencajado.

“La mera verdad, sí me estoy escondiendo”, susurra visiblemente avergonzada.

Tras cerrar la puerta de un jalón, Catalina rompe a llorar.

“Ya no puedo pagarle más dinero -dice ahogando los sollozos-. A cada rato viene a buscarme para decirme que, si no le pago lo que le debo, que le entregue mi casa. ¿Pero, cómo le voy a dar lo único que me queda y que yo me gané con años de trabajo? ¿Dónde van a vivir mis hijos?”.

Doña Cata, como la llaman los vecinos, jura que no hizo nada malo para vivir con la angustia de andar escondiéndose todos los días como si fuera una delincuente. De lo único que se arrepiente en su vida, asegura ahora con rabia contenida en los ojos negros, es de haber confiado en ese señor que decía ser del gobierno federal y que la estafó para dejarla pagando una deuda que la persigue a diario.

El señor se llama José de Jesús Hernández García, un exasesor técnico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que en 2013 prometió a Catalina, y a otros 48 integrantes de la asociación civil indígena mazahua de la que forma parte, que les facilitaría cuantiosos apoyos gubernamentales para aspirar a mejores oportunidades de vida.

Doña Cata quería dejar de limpiar casas ajenas, por lo que necesitaba los apoyos para comprar cabezas de ganado y abrir su propia granja. Y por eso dice que aceptó pagar en efectivo los 60 mil pesos que el asesor José de Jesús le pidió con la excusa de “agilizar” los trámites burocráticos de los programas sociales de Sedatu.

“Él nos prometió que nos entregaría todos los proyectos. Pero lo que hizo fue robarnos. Agarró nuestro dinero y jamás nos volvió a dar la cara”.

Catalina habla en plural. Dice que el exasesor de Sedatu no solo la estafó a ella, sino también a los otros 47 integrantes de la asociación civil Mazahua para la Transformación Integral (MATI AC), a quienes, en total, les sacó 5 millones 330 mil pesos a través de mentiras y la falsificación de documentos oficiales de Sedatu y de otras instancias, como el Sindicato de Maestros del Estado de México y Fundación Walmart.

Con esos oficios falsos, el exasesor de Sedatu convencía a los integrantes de la comunidad indígena de que los proyectos para abrir papelerías, tiendas de abarrotes, o para construir viviendas de concreto, ya habían sido aprobados. Pero eso nunca sucedió y el dinero de las personas indígenas, que obtuvieron de prestamistas que les cobran intereses desorbitados, se esfumó.

Ahora, asegura Catalina, amanece casi todos los días llorando. Llora de coraje, dice masticando las palabras. De impotencia. 

Y su situación, como la del resto de integrantes de la asociación civil indígena, no es para menos: se quedó sin dinero y sin los apoyos prometidos; con una deuda que creció al doble por los intereses y un terreno embargado; y aferrada a unas autoridades de investigación que, a pesar de contar con decenas de evidencias y de testimonios, no ha conseguido en cuatro años hacerles justicia.

Documentación falsa.

Rosa María Aguilar y su hija Victoria Cruz caminan por las calles de la Ciudad de México, en la colonia Cuauhtémoc, cargadas con miles papeles que han ido recabando desde diciembre de 2015, el año en que, como fundadoras de la asociación civil MATI AC, denunciaron por fraude a José de Jesús Hernández ante la Fiscalía General del Estado de México.

Desde ese entonces, Rosa María y Victoria no solo trabajan exclusivamente para pagar la deuda que les dejó José de Jesús. También han dedicado su vida, literal, a que se les haga justicia y les regresen su patrimonio. Tanto a ellas, a las que un prestamista ya les embargó un predio y una camioneta por impagos, como al resto de integrantes de MATI AC.

Por ello, en estos cuatro años, las dos mujeres de origen mazahua aprendieron leyes y se convirtieron en sus propias investigadoras y defensoras. De hecho, por eso viajaron más de dos horas para llegar a la capital. Para ir, otra vez, a la ruta de siempre: Presidencia de la República-Fiscalía General de la República.

Sin embargo, lamenta doña Rosa, hoy tampoco hubo suerte. De nuevo, les pidieron que fueran a Atlacomulco, a la unidad de robos con violencia y cuantía mayor de la Fiscalía mexiquense donde se abrió la carpeta de investigación del caso.

Pero Rosa exclama que ya está harta. Que han pasado cuatro años desde que denunciaron y que las investigaciones siguen sin dar resultados claros, a pesar de que cuentan con múltiples elementos de prueba y con más de 30 testimonios.

Y, en efecto, la lista de pruebas es amplia.

Por ejemplo, la asociación indígena presentó 32 recibos firmados por José de Jesús Hernández, en los que el exasesor técnico dejaba constancia de que recibía dinero en efectivo de los 48 integrantes de MATI AC a cambio de gestionar los proyectos de Sedatu que, a la postre, no hay pruebas de que entregara.

La autenticidad de la firma fue corroborada por un perito en grafoscopía, mientras que la cantidad presuntamente estafada, de 5 millones 330 mil pesos, fue también corroborada por una perito certificada, quien presentó a las autoridades de investigación mexiquenses un dictamen pericial en materia de contabilidad, al que Animal Político tuvo acceso.

MATI AC también aportó a la Fiscalía estatal las docenas de oficios de Sedatu, Fundación Walmart, y del Sindicato de Maestros del Estado de México, que les entregó José de Jesús Hernández para garantizarles la entrega de los apoyos, y que fueron denunciados como falsos por las tres instancias, tal y como documentado en esta nota que Animal Político publicó este jueves.

También presentó copia del acta SFP/OMYC/0310/2015, de fecha 19 de noviembre de 2015, firmada ante el encargado de la Oficialía Mediadora y Conciliadora del municipio de San Felipe del Progreso, José Luis Andrade Carranza.

Ante el conciliador, José de Jesús firmó que, en efecto, debía 5 millones 330 mil pesos a los integrantes de MATI AC. Y que, o les entregaba los apoyos y proyectos en una semana, o se comprometía a regresar la suma íntegra del dinero. Ninguna de las dos cosas sucedió.

Además, José de Jesús firmó a MATI AC recibos por más de 5 millones de pesos sin que estuvieran amparados por facturas fiscales, evadiendo presuntamente el pago de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria, lo cual también constituye un delito fiscal.

A pesar de todo lo anterior, expone ahora Victoria Cruz, la Fiscalía mexiquense aún no ha llevado ante la justicia a José de Jesús. Al contrario, en cuatro años, el proceso se ha atorado en múltiples ocasiones por trámites burocráticos que, según denuncia MATI AC, dilataron de manera absurda todo el proceso.

Sobre este punto, Victoria lamenta que la Fiscalía pidió cosas incomprensibles, como que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) hiciera un exhaustivo estudio antropológico para corroborar que los 48 integrantes de la asociación civil indígena son, efectivamente, indígenas, una vez realizado, entonces la Fiscalía pidió al INPI la presencia de varios traductores de mazahua para las entrevistas con los integrantes de MATI AC, a pesar de que todos hablan y entienden el castellano.

Victoria también denuncia que durante años la Fiscalía fue renuente a entregarles copia de las carpetas de investigación, mismas que les entregaron hasta mayo de este año, luego de que advirtieron que, de no recibirlas, pondrían una queja ante la Comisión estatal de derechos humanos.

Cuando revisaron el expediente, detectaron anomalías graves, como que no todas las copias están foliadas -con el riesgo de que alguien pueda quitar o añadir documentos sin que quede registro- y que hay un tomo de la investigación en el que las copias no están certificadas.

Además, apunta Rosa María, en estos cuatro años han tenido que aguantar presiones, intimidaciones y todo tipo de comentarios por parte de los agentes del Ministerio Público, como que su caso era “una basura sin sustento”, o que no se metieran a indagar nada porque “son unas chismosas que no saben nada”.

“Se están burlando de nosotros”

Don Hilario García Torres, indígena de 62 años, vive en La Concepción Mayorazgo, en una zona serrana del Estado de México a la que se llega por una empinada carretera que va serpenteando hasta hacer cumbre en un cerro colmado de nubes blancas.

Ahí, frente a una pintoresca iglesia pintada de blanco y azul claro, don Hilario tiene una pequeña tiendita de abarrotes que está vacía de clientes y de productos porque no hay dinero suficiente para llenar los estantes. Por eso necesitaba el apoyo de Sedatu. Y por eso también le entregó a José de Jesús una suma de dinero que prefiere no precisar, que lo dejó al borde de la ruina y de la ruptura familiar.

“Llevo años trabajando, como quien dice, solo para para José de Jesús”, dice con una sonrisa amarga.

A continuación, Hilario se remanga la camisa sobre los antebrazos, apoya la espalda en la pared de ladrillos de su casa, y asegura que no entiende cómo han pasado ya cuatro años y el exasesor técnico de Sedatu sigue libre y sin darles cuenta de su dinero.

“La Fiscalía solo nos trae de aquí para allá y en cuatro años no nos ha resuelto nada. Dicen que le han mandado citatorios para que se presente por su pie ante el juez, pero no ha pasado absolutamente nada. Se están burlando de nosotros, tanto José de Jesús como la justicia”.

A unos kilómetros de la casa de Hilario, entre criaderos de truchas y ríos de agua limpia donde lavan su ropa algunos de los pocos habitantes que aún viven en la localidad de Rosa de Palo Amarillo, el señor Adán Federico Vázquez muestra las casas de madera donde vive con su esposa, hijos y nietas.

Varias de las casitas están a punto de desmoronarse por la lluvia y la fuerte humedad que reblandece la tierra arcillosa. Por eso necesitaba el proyecto de Sedatu, para cambiarlas por unas de bloque de concreto.

Sin embargo, Adán Federico, que viste pantalones y chamarra café, camisa de cuadros, y un sombrero vaquero, asegura que él y su familia no tiene más remedio que seguir habitando esas viviendas e ir malvendiendo los pocos animales que le restan para hacer frente también a la deuda que les dejó el exasesor de Sedatu.

“En el Ministerio Público nos han pedido montones de papeles -dice el señor Adán mesándose el mostacho que luce a lo Pancho Villa-. ¡Les hemos dado montañas de papel! Pero siempre les falta algo. Siempre. Por eso no sabemos para qué sirve ir con ellos. Porque no han hecho nada para ayudarnos”, lamenta.

Tras al menos cinco citatorios sin respuesta, y sin que se haya presentado a ninguna de las audiencias iniciales, José de Jesús Hernández está nuevamente citado a comparecer el próximo 12 de noviembre en los juzgados de Ixtlahuaca, Estado de México. En caso de presentarse, un juez decidirá si los elementos de la Fiscalía mexiquense son suficientes o no para vincularlo a proceso por el presunto fraude de 5 millones 330 mil pesos a los integrantes de MATI AC.

Previo a la publicación de este reportaje, Animal Político buscó a José de Jesús Hernández para conocer su versión de los hechos a través del abogado Salomón Valverde. Sin embargo, éste respondió a la solicitud de entrevista asegurando que desde hace dos años ya no defiende al señor José de Jesús y que desconoce su paradero actual.

Este medio también preguntó a la Fiscalía General del Estado de México por una postura. Pero, al momento de publicar este reportaje, no dio respuesta.