Martí Batres.
A tres
semanas de que concluya el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año
de Ejercicio, se han resuelto puntos fundamentales de la agenda legislativa
como: la Ley de Austeridad Republicana, la prohibición de la condonación
fiscal, la penalización de la facturación falsa, la revocación de mandato, las
leyes secundarias derivadas de la Reforma Educativa, el etiquetado en la
comercialización de alimentos industrializados, la reforma para crear el
Instituto de Salud y Bienestar (INSABI), la Ley de Protección del Maíz Nativo y
el paquete económico que forman la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.
Sin embargo,
aún con la trascendencia de la agenda resuelta hay todavía pendientes
importantes que decidir en estos últimos días.
Para
empezar, está el tema relacionado con el fuero y la inmunidad presidencial.
Esa reforma busca ampliar los delitos por los cuales puede ser juzgado el
Presidente.
También falta
la reforma constitucional y legal para disminuir a la mitad las prerrogativas
económicas de los partidos políticos. Si en todos los órganos políticos se está
reduciendo el gasto, obviamente los partidos también tienen que poner su parte.
En el
terreno de reformas políticas y del Estado debe mencionarse, igualmente, la
creación de un Tercer Período Ordinario de Sesiones o la ampliación de los ya
existentes, a efecto de darle el tiempo y el espacio al trabajo del Poder
Legislativo en una época de numerosos cambios.
Además, sigue
pendiente un conjunto de reformas relativas al bienestar social. Por ejemplo,
en el Artículo 4° de la Constitución debe plasmarse el concepto de Estado de
bienestar social, así como el derecho de acceder a los servicios públicos y
gratuitos de salud.
Faltan
las leyes que amparen como derechos los nuevos programas sociales masivos o
universales instrumentados por el actual gobierno de la República.
Es el
caso de la pensión de adultos mayores, la beca de discapacidad, las becas a
estudiantes preparatorianos y universitarios, así como los programas Jóvenes
Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, entre otros.
En ese mismo
sentido, es necesario que la Cámara de Diputados apruebe la minuta que le
fue enviada por el Senado para incorporar los principios de universalidad y
progresividad a la Ley General de Desarrollo Social.
Asimismo,
está planteada una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para que
el salario mínimo nunca aumente por debajo del índice inflacionario.
También deben
concretarse diversos nombramientos como el de la titular de la Comisión de
Atención a Víctimas, una ministra de la Corte y consejeras y consejeros de la
CNDH.
Hay otros
temas que no tienen plazos tan precisos para su aprobación, pero son sumamente
relevantes. Entre ellos está todo lo relacionado con la regulación del llamado
outsourcing, reforma que complementaría las decisiones que ha tomado el Poder
Legislativo en materia de condonación y facturación falsa.
También, deben
discutirse las reformas político-electorales que permitan eliminar la lista
plurinominal en el Senado y reformular la representación proporcional en la
Cámara de Diputados.
En estas
mismas páginas escribí hace un año sobre los nuevos retos del Poder
Legislativo y sostuve en aquel entonces que la gente decidió el 1° de julio del
año pasado no solo cambiar al gobierno, sino también al Poder Legislativo y que
el mandato de las urnas fue transformar todo. La amplitud en el cambio de
correlación de fuerzas en el congreso federal y los congresos locales nos
indica que el mandato fue cuasi constitucional.
Todo
proceso de cambio es portador de una propuesta jurídica. La Independencia se
reflejó en la Constitución de 1824; la Reforma, en la Constitución de 1857 y,
sobre todo, en las Leyes de Reforma; la Revolución Mexicana, en la Constitución
de 1917.
Si el
Poder Legislativo actual no pierde el ritmo y la profundidad de sus decisiones,
el conjunto de determinaciones que se están tomando podrán llegar a representar
una nueva constitucionalidad, las Leyes de Reforma de nuestros días, las Leyes
Constitucionales de la 4T.
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